SEÑOR DIRECTOR:

La aprobación de la ley Escuelas Protegidas, despachada por la Cámara el lunes 2 de junio, no resuelve un problema educativo, sino que lo redefine. El aula deja de ser concebida como un espacio de aprendizaje y pasa a ser un perímetro a custodiar. La revisión de mochilas, la prohibición de cubrirse el rostro y la ampliación de las facultades disciplinarias del docente trasladan la lógica del control al corazón mismo de la convivencia escolar. Educar y vigilar son acciones que tienen significados diferentes. Usarlos como equivalentes no fortalece la seguridad escolar real.

Lo lamentable es que no es la primera vez. La Ley 21.128 “Aula Segura”, aprobada en 2018 con argumentos análogos, activó entre 2019 y 2020 un total de 1.135 procesos sancionatorios, según el informe de la Defensoría de la Niñez. La mitad ocurrió en educación básica, incluidos alumnos de siete años. La causal más frecuente no fue la agresión física, que constituyó el 19% de los casos, sino la transgresión reiterada de normas, con el 43%. Aula Segura terminó disciplinando a una población distinta de la que decía proteger; y, dado que su implementación no contó con recursos nuevos, sus consecuencias recayeron sobre las escuelas con menor capacidad institucional para absorberlas. Escuelas Protegidas reproduce ambos rasgos.

Educar no es vigilar. Una política pública que utiliza ambos verbos indistintamente no protege a las comunidades educativas. Redefine, sin decirlo, el rol de la escuela.

Carmen Gloria Zúñiga G.

Académica Facultad de Educación UC, Investigadora CELITED