SEÑOR DIRECTOR:

Que 22 de los 32 proyectos del fast track de seguridad anunciados en 2024 queden pendientes para 2026 revela una brecha preocupante entre los compromisos del gobierno y su capacidad efectiva de conducción política. En un contexto de crisis de seguridad, esta distancia entre el discurso y los resultados erosiona la credibilidad del Ejecutivo y debilita la respuesta del Estado frente al crimen.

El problema no parece ser la falta de iniciativas, sino el desorden en su tramitación. El uso errático de las urgencias y la ausencia de una jerarquización clara terminan vaciando de contenido una agenda que el propio gobierno declaró prioritaria.

El estancamiento de proyectos clave resulta especialmente preocupante. Las reglas de uso de la fuerza permanecen sin urgencia legislativa y sin avances sustantivos desde mayo, mientras que iniciativas con urgencia vigente —como la reforma a la Agencia Nacional de Inteligencia o la ley de protección de infraestructura crítica— continúan entrampadas. Ello confirma que las urgencias pierden sentido cuando no existe voluntad política para transformarlas en acuerdos y leyes.

La seguridad pública no se aborda con anuncios ni con urgencias mal administradas. Requiere conducción, foco y responsabilidad ejecutiva. Persistir en la improvisación solo profundiza la crisis y pone en entredicho el cumplimiento de una de las funciones esenciales del Estado: resguardar el orden público y la seguridad de las personas.

Catalina Delgado

Fundación Jaime Guzmán