SEÑOR DIRECTOR:

Frente a la crisis del borde costero, el gobierno propone modificar la Ley Lafkenche e iniciar una consulta indígena con una licitación preparatoria de apenas 70 millones de pesos. Es una ruta ilusoria y dolorosa: un proceso serio a nivel nacional requiere presupuestar al menos mil millones. Hacerlo con esta precariedad garantiza fracasar y terminar en cortes internacionales por vulneración de derechos adquiridos.

El reconocimiento del uso ancestral es un orgullo, pensado originalmente para espacios acotados y armónicos (20 o 30 hectáreas). Hoy, la desidia del Estado permite que la Subpesca actúe como un buzón ciego ante peticiones inabarcables que suman 4,5 millones de hectáreas. Es natural que las comunidades pidan, pero el problema es un Estado que abdicó de su rol.

La buena noticia es que no necesitamos una guerra legislativa. Aplicando el mandato de racionalidad de la Ley 19.880, el Estado ya ha logrado reducir en un 80% las áreas solicitadas en los 31 casos finalizados, y rechazó en su momento la colosal solicitud Yaghan. Hoy tiene plenas facultades para inadmitir o ajustar pretensiones desproporcionadas antes de paralizar las regiones.

No hipotequemos la convivencia nacional con reformas mal financiadas destinadas al fracaso. Administremos con justicia, empatía y sentido común.

Nicolás Alejandro Valdivia Cisternas

Abogado