SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada, el Presidente Kast se refirió a los SLEP planteando que “en algunos lugares puede que estén mejor, en otros no”, mientras la ministra Arzola comunicó que se estaría “estudiando la posibilidad de una pausa” porque “al igual que con los municipios, algunos SLEP lo hacen bien y otros no”.

La reforma a la que se refieren las autoridades enfrenta problemas y desafíos documentados, pero estos deben analizarse rigurosamente. La Nueva Educación Pública (NEP) no es un programa piloto sujeto a ensayo y error. Es la reforma más importante en educación desde el retorno a la democracia, tiene 36 de 70 servicios funcionando plenamente, y cuenta con respaldo activo de comunidades y municipios -muchos liderados por partidos de gobierno- que saben que la mejora de sus escuelas es inviable sin el traspaso.

Desgraciadamente, la idea de una pausa pareciera anticiparse ya por la vía administrativa: se está recortando más del 30% del presupuesto de infraestructura comprometido con los SLEP en régimen -un área crítica para mejorar la experiencia educativa de estudiantes y familias- y se han frenado contrataciones y concursos clave para la buena implementación.

Es fundamental que cualquier decisión sobre la NEP se haga en base a la evidencia que ya tenemos. La Evaluación Internacional del PNUD-UNESCO, publicada en enero, concluyó que “la arquitectura institucional ya está instalada” y que lo pendiente es “la transformación de las prácticas”: un hallazgo que apunta a consolidar, no a interrumpir. Los informes del Consejo de Evaluación muestran mejoras consistentes en aprendizajes, asistencia y revinculación post-pandemia. La evaluación externa encargada al Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile llegó a conclusiones similares. A ello se suma una ley próxima a publicarse que ajusta la reforma, y una nueva Estrategia Nacional recientemente aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que presenta una hoja de ruta clara para los próximos años.

Si preocupan casos municipales que “funcionan bien”, la normativa ya contempla un mecanismo para evaluarlos caso a caso y eventualmente postergar su traspaso; no hay razón para instalar incertidumbre sobre el nuevo sistema en su conjunto. El esfuerzo del gobierno -cuya capacidad de gestión de este cambio también será evaluada- debería ponerse más bien en implementar los ajustes ya definidos y ampliar las mejoras a esta reforma, con más recursos, apoyo a los equipos y participación de las comunidades educativas.

Gonzalo Muñoz Stuardo

Académico Facultad de Educación UDP