SEÑOR DIRECTOR:

La urgencia de modernizar (y legitimar) tanto la ley de impuesto territorial como el fondo común municipal se refleja en el debate de la exención de contribuciones para las personas mayores. Los detractores hablan de regresividad sin ofrecer alternativas sostenibles, omitiendo que la recuperación estatal de plusvalías seguirá siendo quimera mientras solo el 40% de los inmuebles (y apenas el 23% de las viviendas) soporten la carga. El impuesto recaudaría un mayor porcentaje del PIB gracias a bases amplias y tasas bajas, pero sería políticamente impopular.

Las contribuciones en Chile gravan selectivamente el principal ahorro de muchas familias, aumentan a perpetuidad y están desacopladas de los ingresos personales, pero hay experiencias internacionales esperanzadoras: en la próspera Estonia solo se paga por el suelo, eximiendo al de la vivienda y reduciendo distorsiones, mientras en Michigan el valor gravable se indexa al precio real de compra.

Sostener este impuesto debe traducirse en actualizar la norma, en mejoras locales trazables y en eficiencia presupuestaria palpable por los vecinos.

Demetrio V. Benito O.

Asesor Comisión de Contribuciones

Asociación de Municipalidades de Chile