SEÑOR DIRECTOR:

A inicios de 2024, conocimos una serie de reuniones entre miembros de la administración anterior y el sector privado organizadas por el señor Pablo Zalaquett; encuentros que no fueron consignados en las agendas oficiales. Este lobby de facto gatilló una severa crisis. A esto se suma lo reportado en este medio que detalla cómo la ministra Ximena Lincolao se reunió con representantes de dos empresas sin registrar las audiencias, lo que se suma a la omisión de su participación en sociedades en su Declaración de Intereses y Patrimonio.

Frente a estos hechos, cabe preguntarse: ¿qué sentido tiene robustecer el marco normativo de transparencia si luego se opta por eludirlo? Y más aún, ¿bajo qué criterios se determina qué empresas se someten al registro y cuáles quedan al margen?

Proteger la institucionalidad es un imperativo que convoca tanto a funcionarios públicos, sector privado, y a la sociedad civil. El diálogo público-privado es legítimo, necesario, y fundamental para una democracia que goza de buena salud, pero debe ejercerse estrictamente dentro de las normas que nos rigen. Nuestro rol como prestadores de servicios en la industria de los asuntos públicos debe ser el cumplimiento de los estándares actuales, y buscar mejorarlos.

Ignacio Imas Arenas

Gerente Asuntos Públicos Imaginaccion