SEÑOR DIRECTOR:

El uso transparente y riguroso de los fondos públicos constituye una de las obligaciones éticas y políticas fundamentales de cualquier administración. Cada peso que compone el presupuesto del Estado proviene del esfuerzo directo de los contribuyentes, quienes entregan sus recursos con la expectativa de que se traduzcan en mejoras efectivas en su calidad de vida. Por ello, la evaluación social de programas no es un trámite técnico prescindible, sino el estándar moral y técnico que justifica la existencia de toda política pública.

Cerrar programas que han recibido una evaluación social negativa constituye, sobre todo, un acto de respeto y responsabilidad hacia los contribuyentes. Mantener iniciativas ineficientes por temor al costo político o para complacer a las bases del propio partido no es más que una forma de populismo. De igual modo, sostener financiamiento para proyectos cuya única virtud es beneficiar a grupos afines o con afinidad partidaria deteriora la confianza institucional y erosiona las bases de la democracia. El Estado no debe actuar como distribuidor de privilegios políticos ni económicos, sino como gestor responsable del bienestar colectivo.

Liberar recursos malgastados en programas fallidos, es decir, con valor presente social negativo, permite reorientar la inversión fiscal hacia dos vías indispensables: escalar aquellas políticas que han demostrado un impacto social probado e implementar nuevas iniciativas que hayan superado los umbrales de evaluación de la rentabilidad social. Este ciclo continuo de evaluación, ajuste y reasignación es el único camino viable para garantizar un gasto público que reduzca las brechas de desigualdad, fomente un desarrollo sostenible y transforme las políticas públicas en un complemento del quehacer privado.

Defender la eficiencia del gasto público requiere valentía política para priorizar la evidencia técnica por encima de la complacencia partidista o el aplauso fácil de algunos contribuyentes. Proteger los recursos de la ciudadanía, corregir el rumbo cuando los indicadores no acompañan y financiar únicamente lo que genera un retorno social comprobado son acciones indispensables para resguardar la salud fiscal y el futuro de nuestra democracia. Una democracia sólida se apoya en una división del trabajo funcional: la narrativa política construye el consenso sobre hacia dónde debemos ir, mientras que la evaluación técnica garantiza que gastemos nuestros recursos colectivos de manera responsable para llegar allí.

Felipe Balmaceda

Economista