SEÑOR DIRECTOR:

El Comité de los Derechos del Niño advirtió en 2018 que el Estado de Chile vulneró de manera grave y sistemática los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en residencias de protección. Posteriormente, instó al país a crear una Comisión de Verdad independiente y con financiamiento suficiente.

En ese contexto, resultan preocupantes las diferencias entre el Gobierno y la Comisión Verdad y Niñez, así como la renuncia de cuatro de sus integrantes. Quienes dejaron la instancia sostienen que las decisiones del Ministerio de Justicia impiden cumplir adecuadamente su mandato. El ministro argumenta que el ritmo de trabajo y la baja cantidad de entrevistas es insostenible. Ese argumento tiene sentido desde la gestión, pero la reparación no responde a esa lógica, y escuchar a una víctima exige profesionales y tiempos adecuados.

Por supuesto, el proceso tampoco puede extenderse indefinidamente y los recursos públicos deben utilizarse con eficiencia. Ambas exigencias son compatibles. Lo que no puede ocurrir es que la presión por mostrar avances transforme a las víctimas en indicadores de gestión, ni que la complejidad del proceso termine justificando la ausencia de respuestas oportunas.

Por ello, es indispensable que la Comisión mantenga independencia respecto del gobierno de turno y de las instituciones involucradas; que cuente con financiamiento suficiente; y que avance sobre la base de una planificación clara y mecanismos periódicos de rendición pública de cuentas.

El gobierno tiene una oportunidad histórica: concretar una reparación real y efectiva para las víctimas y establecer con claridad que, en Chile, las vulneraciones de derechos de NNA no pueden quedar en la impunidad.

Ester Valenzuela Rivera

Directora Diplomado en Derechos de Infancia y Adolescencia UDP