SEÑOR DIRECTOR:

La columna de Gabriel Zaliasnik en La Tercera merece una respuesta basada en hechos verificables y derecho internacional. No se trata de “cancelar” ni de “amedrentar”, sino de refutar afirmaciones infundadas con información sólida.

Negar que lo ocurrido en Gaza pueda constituir genocidio contradice lo que evalúan los principales órganos jurídicos internacionales. El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoció como plausible la existencia de genocidio en Gaza, obligando a Israel a adoptar medidas cautelares.

El Museo del Holocausto de EE.UU. reconoce como genocidio el caso de Bosnia (1995) con cerca de 8.000 muertos. Esto demuestra que no se trata de cifras, sino de la intención de destruir a un grupo.

Zaliasnik omite que esa intención fue expresada públicamente por altos funcionarios israelíes. El entonces ministro Yoav Gallant anunció: “No habrá electricidad, no habrá comida, no habrá combustible, todo está cerrado”. El Presidente Isaac Herzog declaró: “No hay civiles inocentes en Gaza”. Estas afirmaciones integran el corpus probatorio ante la CIJ.

La definición de genocidio, acuñada por Raphael Lemkin, incluye matanzas, daños graves físicos o mentales y condiciones de vida impuestas para destruir a un grupo.

En Gaza, estos elementos se configuran de forma alarmante: asedio total, matanza de más de 17.000 niños, ataques a hospitales, escuelas, trabajadores humanitarios, negación de ayuda y declaraciones que niegan la inocencia civil.

Denunciar los dichos del senador Jaime Quintana no es censura: es una obligación moral y jurídica. Su acusación contra padres palestinos carece de evidencia y ha sido desmentida por Human Rights Watch y B’Tselem.

Criticar al Estado de Israel no es antisemitismo: es un acto legítimo de conciencia ética, política y jurídica.

Maurice Khamis Massú

Presidente Comunidad Palestina de Chile