SEÑOR DIRECTOR:

La confirmación de que fueron ubicados los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos es una noticia que se recibe con alivio. Sin embargo, el informe de Contraloría dejó en evidencia un problema real de falta de coordinación entre los organismos del Estado, que derivó en graves deficiencias de trazabilidad. Un nudo que el Estado debe resolver con urgencia, reforzando los controles e identificando responsabilidades.

Pero esta obligación no justifica legislar desde la alarma. El proyecto que endurece los requisitos para la reunificación familiar (Boletín 18.377-06) puede convertir la falta de documentos legalizados o apostillados en una barrera absoluta, sin considerar que, en países con crisis institucionales profundas, dichos documentos pueden ser materialmente imposibles de obtener o verificar. Para las familias haitianas —y, en gran medida, para las venezolanas—, no se trata necesariamente de una omisión voluntaria ni de un atajo fraudulento, sino de una imposibilidad derivada de las limitaciones de las instituciones de sus países de origen.

Imponer condiciones imposibles de cumplir no fortalece la política migratoria. Solo cierra la vía regular para que niños y niñas se reúnan con sus padres y puede empujar a las familias hacia trayectorias más precarias. La respuesta debe ser otra: controles rigurosos, trazabilidad efectiva y mecanismos excepcionales, transparentes y revisables de acreditación cuando la documentación oficial no esté disponible.

Proteger a la infancia no significa elegir entre control y reunificación familiar. Significa construir un sistema capaz de garantizar ambos, guiado por el interés superior del niño.

Antonia Mardones Marshall

Investigadora Principal, Núcleo Milenio MIGRA

Académica, Universidad de Tarapacá