SEÑOR DIRECTOR:

Hasta hace no muchos años resultaba extraño y hasta escandaloso ver a una autoridad política enfrentando formalmente la justicia penal. La investidura del cargo parecía rodeada no solo del fuero legal propio sino también de una presunción de rectitud que dificultaba creer que dicha autoridad actuara en forma irregular.

Sin embargo, el reciente desafuero del diputado Joaquín Lavín León, que se suma al de otros cinco diputados desaforados solo en lo que va de los últimos dos años, confirma una tendencia que se ha vuelto más evidente. A ello se debe adicionar un número no despreciable de alcaldes y exalcaldes que han sido formalizados o incluso condenados por delitos de diversa índole en el mismo tiempo.

Este escenario plantea una pregunta inevitable. ¿Estamos frente a autoridades más corruptas o ante un sistema de persecución penal más activo y menos deferente frente al poder político? También cabe preguntarse si como sociedad hemos elevado nuestro estándar de probidad y ya no toleramos conductas que antes eran minimizadas, como que las autoridades utilizaran recursos públicos, para fines personales.

Probablemente la respuesta no reside en una sola causa sino en la convergencia de varios factores. Por una parte, una ciudadanía más exigente, y más informada, y por otra, instituciones más dispuestas a ejercer sus atribuciones en un sistema judicial más público y transparente que progresivamente ha dejado de distinguir entre el ciudadano común y quien ejerce un cargo público.

Lo anterior, lejos de debilitar nuestras instituciones, puede interpretarse como una señal de madurez democrática. Porque el verdadero valor del Estado de Derecho no radica en proteger a las autoridades del escrutinio judicial sino en garantizar que todos, sin excepción, respondan ante la ley bajo las mismas reglas.

Nelson Salas

Abogado penalista