SEÑOR DIRECTOR:

Según informó Pulso, en el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social se observa que el número de licencias médicas emitidas habría experimentado un alza de 2% en junio de 2026, deteniendo la caída que siguió al golpe de la Contraloría en mayo del año pasado. Luego del escándalo que se generó, se observó una baja cercana al 20% interanual, que se mantuvo constante hasta ahora. En definitiva, es razonable suponer que bajo el actual diseño de este beneficio no se conseguirían caídas adicionales al 20% mediante la vía de la fiscalización.

¿Es esta reducción suficiente? Los datos de la última cuenta pública de Fonasa indican que entre 2024 y 2025 el gasto en licencias médicas (subsidio por incapacidad laboral, SIL) disminuyó sólo 6,8%. Recordemos que el gasto total en licencias médicas se duplicó en menos de una década, llegando a 1,2% del PIB ya en 2022. Para seguir avanzando, como lo han señalado diversas comisiones, expertos y la evidencia internacional, se requieren cambios a la estructura de este beneficio, a la institucionalidad fiscalizadora y también a los incentivos y herramientas con que cuentan los empleadores para colaborar en el control del fraude.

Muchos de los cambios necesarios están propuestos en diversos proyectos de ley que se encuentran en tramitación en el Congreso. Sin embargo, no avanzan en su tramitación. Si bien son proyectos que pueden mejorarse o modificarse, por ejemplo, incorporando una tasa de reemplazo decreciente que armonice de mejor manera con el conjunto de la seguridad social, ello no es razón para tenerlos detenidos, por el contrario, su discusión daría el espacio para perfeccionarlos. Proponemos poner suma urgencia a estos proyectos de ley.

Soledad Hormazábal

Pivotes

Carolina Velasco

IPSUSS