El 11 de septiembre pasado se conmemoraron 25 años de la Carta Democrática Interamericana. La coincidencia de la fecha no es menor: el golpe de Estado en Chile, hace 53 años, y el atentado a las Torres Gemelas, en 2001. Mientras esto último ocurría, en Lima los cancilleres del hemisferio votaban, por unanimidad, la Carta. Una ruptura violenta y un nacimiento bajo otra sombra, superpuestos en la misma fecha del calendario.

La Carta nació mirando hacia atrás y hacia adelante a la vez. Hacia atrás, porque mientras la Comisión Interamericana documentaba las graves violaciones a los derechos humanos bajo Pinochet, Videla, Stroessner, la OEA como cuerpo político rara vez tradujo esos hallazgos en una respuesta a la altura; el pecado original que la Carta quiso redimir. Hacia adelante, porque sus redactores tenían fresco el caso Fujimori, que cerró el Congreso e intervino el Poder Judicial desde la legitimidad de haber sido electo. Ahí está, en germen, la idea de la erosión desde adentro.

El instrumento se pensó para el quiebre abrupto, para la ruptura que se puede fijar en un día preciso, no para el deterioro lento y gradual que hoy describen Przeworski, Levitsky y Ziblatt: democracias que mueren con las formas intactas (con elecciones, con Congreso, con tribunales) pero vaciadas por dentro, porque se erosionan los guardarraíles no escritos: la tolerancia mutua hacia el adversario y la contención de quien puede aplastarlo y elige no hacerlo. Anne Applebaum agrega que las autocracias ya no funcionan como bloque ideológico, sino como una red de estructuras financieras cleptocráticas y propagandistas, frente a la cual un instrumento diseñado país por país queda corto.

Nicaragua ilustra el problema estructural: el Consejo Permanente de la OEA convocó a una Reunión de Consulta de Cancilleres, invocando expresamente la Carta Democrática, pero su mecanismo central es la suspensión del Estado infractor de la Organización. Nicaragua ya se retiró de la OEA en 2023: aplicamos la lógica de la expulsión a quien ya se fue. El contraste con Guatemala, donde la OEA despliega una Misión Especial a invitación del propio gobierno, es elocuente: la Carta funciona cuando el Estado coopera, y se queda casi sin herramientas cuando lo rechaza.

La Carta además fue pensada para un actor estatal identificable, no para redes algorítmicas capaces de fabricar, a escala, la apariencia de un consenso ciudadano inexistente. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ya se ha pronunciado sobre inteligencia artificial y libertad de prensa, pero no desde la defensa institucional de la democracia que le correspondería a la Carta, que no tiene un solo artículo pensado para la manipulación algorítmica de procesos electorales.

A 25 años de su aprobación, la Carta enfrenta varios desafíos, pero ninguno tan urgente como construir una arquitectura de protección democrática frente a la erosión desde adentro y la manipulación algorítmica.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores