Tras meses de diligencias, reaperturas y nuevas líneas investigativas, el caso Audio-Factop entra en una nueva etapa judicial.

La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Metropolitana Oriente cerró la investigación y presentó su acusación para llevar a juicio oral a seis de los principales imputados de la causa, con penas solicitadas que llegan hasta los 20 años de presidio.

En la acusación ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público acusa a Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz, Luis Hermosilla Osorio y María Leonarda Villalobos Mütter por una serie de delitos económicos, tributarios y de corrupción.

El ente persecutor pidió la pena más alta para Daniel Sauer, con 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Los delitos atribuidos incluyen estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

Le siguen Villalobos, para quien solicitan 18 años, por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado; y Luis Hermosilla, que arriesga hasta 17 años tras las rejas, donde el ente persecutor acusa delitos tributarios en carácter reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.

En tanto, para Ariel Sauer se piden 14 años de cárcel, en cargos por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

Para Flores, exgerente general de STF Capital, se le imputan delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y administración desleal y arriesga 12 años de prisión; mientras que para Jalaff, exdirector ejecutivo del Grupo Patio, la pretensión punitiva alcanza los 10 años y un día, por estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.

De 14 a 17 años: el cambio en la acusación contra Hermosilla

Uno de los cambios que presenta la acusación definitiva corresponde a la situación procesal de Luis Hermosilla.

En enero de este año, tras el primer cierre de la investigación, el Ministerio Público había solicitado 14 años de cárcel para el influyente penalista. La nueva acusación eleva esa pretensión a 17 años, luego de la incorporación de nuevos antecedentes y aristas durante la extensión de la investigación.

La primera acusación se había concentrado en delitos como lavado de activos, cohecho y delitos tributarios, relacionados con los antecedentes que dieron origen a la investigación.

Posteriormente, la investigación fue reabierta para desarrollar nuevas diligencias. Entre ellas se consideró el análisis de una gran cantidad de comunicaciones y la incorporación de declaraciones y antecedentes vinculados a otras líneas investigativas.

Uno de los elementos incorporados durante este período corresponde a la arista relacionada con Parque Capital, donde la Fiscalía indagó antecedentes sobre eventuales gestiones y pagos asociados a la tramitación de proyectos inmobiliarios, arista por la cual fue formalizado a fines de agosto junto a Jalalf y Daniel Sauer.

A ello se sumó la investigación relacionada con el ex fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, a partir de antecedentes sobre un eventual intercambio de información reservada y hechos que fueron investigados bajo las figuras de cohecho y tráfico de influencias.

En paralelo, organismos querellantes, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), incorporaron nuevas acciones y antecedentes al expediente.

Con la acusación definitiva, el Ministerio Público incorporó el carácter reiterado de determinados delitos y nuevas imputaciones, entre ellas el tráfico de influencias, elementos considerados en el nuevo cálculo de la pena solicitada para Hermosilla.

El origen del caso Audio-Factop

La investigación reúne dos líneas que inicialmente fueron abordadas por separado. Por una parte, la causa vinculada a Factop, factoring relacionado con los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg; y, por otra, los antecedentes surgidos tras la difusión de una conversación en la que participaron Hermosilla, Villalobos y Daniel Sauer.

El polémico audio fue registrado por Villalobos y posteriormente fue difundido por Ciper, en noviembre de 2023. La conversación contenía referencias a eventuales pagos a funcionarios públicos y abrió una investigación penal de mayor alcance.

En ese tenor, la indagatoria sobre Factop se había originado en antecedentes relacionados con operaciones financieras y eventuales delitos económicos. La investigación posteriormente incorporó a nuevos imputados y distintas aristas vinculadas con delitos económicos, tributarios y de corrupción.

En enero de 2025, las distintas líneas investigativas fueron agrupadas por la Fiscalía Oriente en una causa de mayor extensión. La investigación llegó a involucrar a decenas de imputados y derivó en diversas audiencias de formalización y revisión de medidas cautelares.

Las primeras condenas y causas derivadas

Antes de la acusación que busca llevar a juicio oral a los seis imputados, la Fiscalía Oriente ya había obtenido condenas mediante procedimientos abreviados contra otros involucrados en la investigación.

Entre ellos figura Marcelo Medina del Gatto, excontador de los hermanos Sauer, quien fue condenado a cinco años de libertad vigilada, además del pago de multas.

También fueron condenados el exfuncionario de la Tesorería Renato Robles, quien recibió una pena de tres años de libertad vigilada, y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos Patricio Mejías, condenado a cuatro años y al pago de una multa de $9 millones.

Asimismo, Alberto Sauer, padre de Ariel y Daniel Sauer, recibió dos penas de 540 días por delitos bancarios, sanciones que cumple en libertad.

En agosto de 2025, la Fiscalía ya había anticipado el cierre de parte de la investigación y había solicitado procedimientos abreviados para algunos imputados, mientras se mantenían abiertas diligencias respecto de quienes posteriormente quedaron en la ruta hacia un eventual juicio oral.

De igual modo, el pasado 23 de junio, Rodrigo Topelberg –quien filtró el controversial audio que destapó el caso- fue condenado por estafa reiterada y emisión de información falsa a 4 años de presidio menor en su grado máximo por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, bajo la modalidad de libertad (remisión condicional), tras un procedimiento abreviado acordado, siendo eximido de los cargos por cohecho y lavado de activos.

Ahora, el proceso entra ahora en una nueva fase judicial. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral, donde se discutirán, entre otras materias, las pruebas que serán presentadas ante el tribunal oral.