El Tribunal Constitucional (TC) sigue avanzando en los requerimientos de los jueces que intentaron impugnar sus cuadernos de remoción en la Corte Suprema por haber viajado al extranjero con licencia médica.

Los magistrados, en su gran mayoría, reprochan que el artículo 41 del auto acordado del acta 108 es inconstitucional. Esto a pesar de que los cuadernos de remoción se abrieron por aplicación directa de la Constitución, específicamente el artículo 80.

Del total de 13 jueces que tienen pendientes sus requerimientos, en los últimos días el TC avanzó en cuatro de ellos.

Se trata de los cuatro magistrados que son representados por la dupla de abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz. Los jueces de este grupo son Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla.

El TC había citado a alegatos para resolver la admisibilidad durante la semana pasada. Hasta el TC llegó Aldo Díaz para exponer los argumentos, en una vista conjunta de los cuatro requerimientos.

En dicha audiencia lo que se analizó era si los recursos presentados “mencionan con precisión la manera en que lo dispuesto en el auto acordado afecta el ejercicio de los derechos fundamentales” de los cuatro jueces.

Si bien este trámite quedó resuelto la semana pasada, recién ayer las resoluciones se hicieron públicas en el expediente judicial de dichas causas.

Pese a que anteriormente el magistrado Jorge Saavedra logró pasar la barrera de la admisibilidad, los magistrados Fuentes, Fritz, Gatica y Bobadilla recibieron una mala noticia. En resolución dividida, la Segunda Sala optó por la inadmisibilidad de sus recursos.

Según los ministros, en los cuatro requerimientos no se expone con claridad cómo se afectan los derechos de los jueces.

“Del control de constitucionalidad que esta magistratura ejerce en virtud del artículo 93 N°2 de la Carta Fundamental se desprende que la disposición impugnada supone una ejecución directa de las normas que la Constitución establece como reglas para estas materias, como se desprende de los artículos 32 N° 13, 80 y 82, los cuales se desarrollan a través de las distintas fuentes del derecho constitucional que forman parte de nuestro sistema jurídico, como ocurre en este caso a propósito del auto acordado dictado en el ámbito de las facultades de la Corte Suprema", se lee al final de la resolución que tuvo el voto a favor de las ministras María Pía Silva y Marcela Peredo y el ministro Raúl Mera.

La decisión tuvo el voto en contra de la ministra Catalina Lagos y el ministro Mario Gómez quienes estuvieron por darle la admisibilidad a los cuatro jueces.

La resolución tiene fecha de 14 de septiembre, por lo que ya fue notificada al pleno del máximo tribunal. Con esto los supremos quedan liberados para proceder a escuchar los alegatos de los cuatro jueces y luego votar su eventual expulsión del Poder Judicial.

Luego de que estos cuatro casos hayan quedado despejados, en total van quedando solo siete jueces que están pendientes de que la Suprema delibere su futuro. Se trata del juez Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, María José Salas, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.

En el caso de las magistradas Lía Chepe y Kathyuzka Drpic la situación es distinta. Ambas también lograron la suspensión de sus cuadernos, pero dicha decisión se notificó después de que el pleno del máximo tribunal acordara rechazar su remoción, decisión que ya fue informada por correo.

El caso de Saavedra es el más avanzado. Esta semana el pleno tuvo la vista de la causa, escuchó los alegatos y tomó el acuerdo. Lo que se decida en este caso será clave para ver el futuro de los otros jueces. Si el TC rechaza el requerimiento, eso provocará un efecto dominó.