En el grupo de WhatsApp de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) no se hablaba de otra cosa luego de que La Tercera diera a conocer que el gobierno ingresó a Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y que, entre otras cosas, fija por decreto una nueva causal para destituir a alcaldes. La molestia en la red social era evidente. Y generalizada.

El texto propuesto expone en uno sus artículos que las municipalidades designarán directores de seguridad municipal, pero que en caso de que ello no se realice “la infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo".

El malestar entre los jefes comunales fue generalizado, desde oficialismo hasta oposición y puso un nuevo foco de tensión entre alcaldes y Palacio, logrando unir a las autoridades municipales, que se habían distanciado hace poco por las contribuciones.

Los alcaldes salieron en masa a pedir que se retrocediera con la medida y apuntaron particularmente al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, quien tuvo que salir a dar explicaciones cerca del mediodía de este martes luego de que el tema estallara.

Al mismo tiempo, la cartera envió una minuta a los alcaldes con seis puntos para aclarar el detalle del reglamento. En el escrito -al que este medio tuvo acceso- se señala que “no establece una nueva causal de cesación en el cargo, sino que se remite a las causales de cesación en el cargo actualmente existentes cuando no se da cumplimiento un deber jurídico que la ley ha puesto en la esfera de competencias de la municipalidad”. Luego, argumentan que el artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades alude al “notable abandono de deberes”, y que solamente se crea una forma de “hacer valer una eventual responsabilidad”.

Más de una decena de alcaldes salieron a criticar la medida. Felipe Alessandri (Lo Barnechea) fue uno de los primeros y criticó una ausencia de trabajo previo; Catalina San Martín (Las Condes) retrucó que “las reglas deben ser claras y respetar la Constitución”; mientras que Karina Delfino (Quinta Normal) dijo que “eso es inconstitucionalidad pura”.

Esto recordó a las últimas discusiones que ha tenido el gobierno con jefes comunales en temas como la ya mencionada exención de contribuciones a los adultos mayores o el cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). En esos tres temas el punto en común ha sido una resistencia generalizada de los alcaldes hacia la iniciativa inicial del gobierno, sin importar su color político.

Esto, a pesar de que el Ejecutivo ha dicho que con el reglamento no se crea una nueva causal, a pesar de establecer por escrito que la no designación de un director de seguridad incurriría en una infracción a la ley, lo que acarrearía el cese del cargo, la interpretación más clara que se ha tenido de este escrito.

Por eso, la cartera de Guerrero se vio obligada a enviar un comunicado en el que marcaba su postura: “Esta causal se encuentra establecida en la legislación vigente desde hace décadas y no es creada por el reglamento”.

Pero los alcaldes consideran que esa lectura no es correcta y piensan que el reglamento sí innova, en el sentido de que queda específica la causal de destitución por ese punto en particular.

Por ese motivo es que los jefes comunales aceleraron el tranco durante la mañana de este martes. Es así que el líder de la AChM, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, tuvo una serie de llamados con el gobierno. Varios apuntaron la molestia concretamente contra Guerrero, lo que se traducirá en que el subsecretario se reúna este miércoles con la asociación para tratar de apaciguar los ánimos.

El descontento fue tal que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que le harán las modificaciones necesarias al reglamento para, según aseguró, no haya espacio a una interpretación como la que se dio de manera generalizada.

Por supuesto que vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido. Así que agradecemos a los municipios que nos han hecho ver esta esta redacción, que puede dar espacio de interpretaciones. Pero bajo ningún punto estamos creando sanciones vía reglamentaria, que no existan de manera legal".

Agregó que “la mañana ha sido muy intensa, hemos tomado contacto con la asociación de municipios, con el alcalde, para explicarle esta situación, para que haya tranquilidad en un tema que estamos empujando con todo”.

Antes, la molestia también se había trasladado al Congreso Nacional donde miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de oposición de la Cámara de Diputadas y Diputados oficiaron al ministro Arrau para que retire la toma de razón de Contraloría de la ley de Seguridad Municipal.

Dentro del mundo municipal criticaban que el gobierno se autogeneró un flanco comunicacional, que además se da en un contexto de por sí complejo para el subsecretario Guerrero y su relación con el Congreso.

Otros focos de molestia para alcaldes

El experto que trabajó la Ley de Seguridad en el Parlamento, Ronald von der Weth, dice que “la seguridad pública es una política de Estado. Por eso necesita autoridad, experiencia y el máximo rigor jurídico. Los alcaldes deben responder cuando incumplen gravemente la ley, pero una cosa es exigir responsabilidad y otra muy distinta es que el artículo 8 de un reglamento trabajado por la Subsecretaría de Prevención del Delito anticipe que una determinada infracción puede llegar a configurar la cesación de una autoridad elegida democráticamente. Esa es una calificación especialmente sensible que debe quedar entregada a la ley y, en definitiva, a los tribunales electorales”.

El abogado además identificó otros puntos que podrían eventualmente generar molestia a los alcaldes: “No es la única observación. El artículo 7 anticipa una solución sobre las evaluaciones médicas que el propio gobierno está tramitando mediante una ley corta que todavía no es ley. El artículo 68 también merece revisión: la ley establece que los inspectores podrán contar con sistemas audiovisuales, mientras el reglamento hace obligatorio el uso de cámaras corporales en determinadas funciones y, junto con el sexto transitorio, fija plazos para que los municipios que no cuentan con ellas deban implementarlas, transformando en los hechos una facultad legal en una obligación con costos municipales”.

“El artículo 70, además, permite conservar grabaciones por procedimientos administrativos,incluidos eventualmente sumarios, más allá del régimen de 180 días previsto por la ley, lo que puede generar nuevos costos de almacenamiento, custodia y seguridad de la información”, cierra.