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Si bien la Dirección de Presupuestos (Dipres) los cifra en 844 mil en todo el país, en base a “estimaciones” de beneficiarios del reajuste del sector público, se trata de una pregunta que no tiene una respuesta corroborable oficialmente, dada la falta de información y transparencia de los datos que emanan desde diferentes instituciones como las municipalidades. Para los expertos, la cadena responsable de entregar, consolidar y fiscalizar los antecedentes no se cumple, pese a las exigencias de la ley. Con todo, la Dipres, que publicará a fines de junio por primera vez estadísticas consolidadas más allá del Gobierno Central, reveló que ya informó a la Contraloría de 345 organismos que no han cumplido con la exigencia de dar información al respecto. Consultado el órgano contralor, sin embargo, reconoció que “no se han instruido sumarios por esta causa”.
En un oficio, la bancada gremialista afirma que ambos municipios realizaron actividades que, asegura, se usaron para conseguir firmas a favor de la repostulación del actual jefe regional, en el marco de las próximas elecciones de octubre.
Un análisis de La Tercera a las tasas de delitos de mayor connotación social de 2023, en las comunas con más de 50 mil habitantes, revela las zonas de la RM que se posicionan con las menores tasas. Punta Arenas, por otra parte, es la comuna con mejores índices a nivel nacional, aunque su alcalde asegura que es más insegura que hace unos años. Expertos y ediles coinciden en que las cifras deben ser miradas con cierta cautela.
En el estudio dirigido por Chile Transparente y la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh), se evidencia un severo déficit en las unidades de control en los municipios del país, destacando la falta de personal, la baja cantidad de pesquisas internas y la falta de independencia presupuestaria.
El cuerpo legal, que ahora deberá ser tramitado en el Senado, permitirá otorgar nuevos elementos de protección a los inspectores municipales y sumar una agravante penal en caso de agresiones en su contra.
El juzgado de Letras de San Bernardo emitió una orden de arresto en contra del alcalde de San Bernardo, Christopher White, en el marco de un juicio laboral. La autoridad se suma al grupo de ediles investigados por la Justicia.
El edil de San Bernardo emitió una declaración a través de sus redes sociales en la que aseguró que formalmente no se le ha informado de su detención, además de asegurar que tiene cómo acreditar el pago de la deuda laboral por la que se le busca aplicar la medida como representante legal del municipio.
Académico de la UPLA, el autor de Clientelismo en Chile aborda el modo en que el rol alcaldicio ha modelado la política de los últimos años, así como el peso que la política nacional tiene aún en los municipios. Los casos de corrupción municipal y los reacomodos de cara a las elecciones de octubre próximo fueron también parte de la conversación con La Tercera.
El Mandatario, desde Calama, planteó que "los recursos se tienen que utilizar por el pueblo" y "pensando en mejorar las condiciones de vida" de las personas.
Junto con ello, cuestionó al Congreso Nacional, puesto que, a su parecer, el Parlamento "no está sirviendo para aprobar casi ninguna ley importante en materia de seguridad".
La acción en tribunales civiles emprendida por Achifarp busca que los municipios paguen sus deudas con la organización encabezada por Daniel Jadue (PC). Esto, pese a que algunas autoridades ni siquiera reconocen haber integrado la agrupación que llevó al alcalde de Recoleta a ser próximamente formalizado por delitos de corrupción.
Las ediles de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), y Quilpué, Valeria Melipillán (CS), han enfatizado un discurso crítico con la gestión del Ejecutivo y la burocracia estatal luego del fuego que afectó a sus comunas.