Distintas reacciones en el mundo municipal ha provocado el reglamento ingresado a Contraloría por el Ejecutivo para la Ley de Seguridad Municipal, en el último paso que resta para que el proyecto de ley entre en plena vigencia.

El nuevo reglamento establece los elementos de protección mínimos que deberán otorgar los municipios a sus funcionarios de seguridad dependiendo de las labores que desarrollen.

También determina los tres perfiles que podrán ejercer: inspector fiscalizador con desempeño en la vía pública, inspector coadyuvante a las policías e inspector no operativo.

Sin embargo, una de las medidas que ha generado mayor debate es el artículo 8 del reglamento: “Le corresponderá a la municipalidad, previo a proceder a la designación del director de seguridad pública o del nombramiento de los inspectores de seguridad municipal, verificar los requisitos” para su designación.

En caso de que esto no se realice, el reglamento establece lo siguiente: “La infracción a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a una sanción administrativa, de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883, pudiendo configurar, en el caso del respectivo alcalde, la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695″.

Este elemento ha generado preocupación en los jefes comunales.

Preocupación y críticas de los alcaldes por reglamento ingresado a Contraloría

El jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), considera que que se trata de un error por parte del Ejecutivo el artículo integrado en el nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Municipal.

“No corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente. Las causales de cesación de un alcalde deben estar claramente definidas en la ley y no pueden ampliarse ni configurarse por medio de un decreto”, señaló.

“Espero que la Contraloría revise este artículo con especial rigurosidad y que el Gobierno tenga la disposición de corregirlo. Apoyar al Gobierno también significa decirle con franqueza cuando algo está mal”, concluyó el alcalde oficialista.

En una entrevista con 24 Horas, el alcalde de Santiago Mario Desbordes (Ind.) remarcó que “hay una constante sospecha contra el mundo municipal” y que es “un error” por parte del Ejecutivo el nuevo artículo ingresado a Contraloría.

“Por supuesto que habría un flanco con los alcaldes y molestia. ¿Cuáles son las causales de término de funciones de los parlamentarios, de los ministros, de otras autoridades? Casi cero. Constantemente se agregan contra los alcaldes", criticó el jefe comunal.

Aunque también señala que no tienen problemas en que los fiscalicen, debido a los problemas de constitucionalidad que podría presentar el decreto, llamó al Ejecutivo a retirar la propuesta, corregir el error y rápidamente reingresarlo.

“Conociendo el estándar que tiene la Contraloría, que es muy alto estándar hoy día, es bien probable que eso sea rechazado y es complejo cuando la Contraloría te dice, oiga cómo se le ocurre plantearme esto. Que no hay que ser constitucionalista para saber como abogado que esta norma no puede estar en un reglamento”, concluyó.

Mientras tanto, Tomás Vodanovic (FA) mostró su preocupación frente a este artículo a través de una publicación en X: “Por supuesto que se nos debe exigir responsabilidad en esta materia, y sancionar debidamente cuando eso se incumpla. Pero preocupa que un reglamento vincule una falla administrativa con la posible destitución de un alcalde electo democráticamente. Y más aún enterarnos de esto por la prensa, sin ningún tipo de trabajo previo con alcaldes”.

“Esperamos que esto se pueda aclarar desde el ejecutivo. La autonomía municipal también debe respetarse”, cerró el alcalde de Maipú.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), criticó la medida, al considerar que “agregar una causal de destitución a autoridades electas por votación popular, sin que esto sea discutido en el Parlamento, me parece grave y espero que lo solucionen pronto, porque, en vez de trabajar juntos en proteger a la población, terminamos divididos entre quienes defendemos la democracia institucional y quienes no”.

“Lamento que el Gobierno haya retrasado la implementación de este reglamento para intentar torcer la voluntad democrática por secretaría”, añadió.

Para el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Ind.), “parece bastante poco democrático intentar saltarse el Congreso y legislar por simples reglamentos”.

“Aplicar nuevas sanciones a alcaldes y alcaldesas cuando existan errores en los nombramientos, pareciera ser una práctica muy distinta a lo que ocurre con los ministros y ministras del actual gobierno, que se han equivocado innumerables veces en nombramiento de Seremi y que yo entienda nadie le ha pedido su cabeza. Entonces, una mala idea. Una vez más, el gobierno equivocado”, criticó.

Mientras tanto, la Asociación Chilena de Municipalidad (ACHM) abordó la propuesta a través de un comunicado público, en el que solicitaron “que se retrotraiga la presentación de este reglamento y se elimine dicha cláusula, para trabajar junto al municipalismo en una propuesta que efectivamente recoja las prioridades de nuestras 346 comuna”.

Para la vicepresidenta de la ACHM, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), “el Gobierno comete un error muy grave”.

“Pretende, vía reglamento, tomar atribuciones que no corresponden. Es ilegal, y no tiene nada que ver con fortalecer a los municipios en su rol preventivo, que era la idea matriz de la Ley de Seguridad Municipal”, añadió en una publicación en X.

Alcaldes valoran ingreso de reglamento y aclaraciones del Ejecutivo

Otros alcaldes valoraron las aclaraciones durante este martes por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que no considera que el nuevo articulado establezca una nueva causal, ya que recoge lo establecido por tribunales electorales regionales y el Tricel, que han establecido que es notable abandono de deberes cuando un alcalde no verifica el cumplimiento de una obligación.

“Valoramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito haya salido a aclarar el reglamento que ejecuta la ley, sobre todo teniendo presente las condiciones de cesación del cargo de los alcaldes. Sin duda que estamos de acuerdo en que se debe realizar un test tanto a los alcaldes como a sus concejales”, señaló el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN).

“Por parte de la Municipalidad de Puerto Montt, de manera inédita, ya lo hicimos tanto el alcalde como sus diez concejales y salimos negativos, pero se requiere una modificación de los procesos de seguridad y claridad. Aquí no pueden repetirse situaciones como las ya vividas por el propio Gobierno con el subsecretario del Ministerio de Hacienda y también el seremi de Cultura de la Región de Los Lagos”, añadió el jefe comunal.

De la comuna de Mulchén, el alcalde José Miguel Muñoz valoró el ingreso del reglamento a Contraloría, ya que permitirá “dar operatividad a la ley y proteger a nuestros inspectores en la calle. Agradecemos la aclaración de la Subsecretaría, que nos da la tranquilidad de que se mantiene el marco legal vigente respecto a las funciones edilicias. En el combate contra el delito debemos estar todos en la misma línea, y sumar nuestra experiencia en el terreno es clave para asegurar que esta normativa se traduzca en más seguridad para cada uno de los habitantes de nuestra comuna”.

Finalmente, Pablo Urrutia, de la comuna de Quilaco, ve el ingreso del reglamento “como una excelente noticia porque la ley necesita operatividad y normativas claras. Valoramos la precisión de la Subsecretaría de que no se alteran las reglas vigentes, pero este episodio demuestra que debe haber una mayor escucha y un diálogo más fluido del Gobierno con los municipios. Nadie conoce mejor la realidad del territorio que las administraciones locales, y para que esta ley funcione, nuestras observaciones técnicas tienen que ser tomadas en cuenta”.