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La Primera Sala del organismo liderado por Nancy Yáñez acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa de Enrique Rebolledo Soteldo y Jorge Aliro Valdebenito Isler, encausados por la detención y ejecución de Jorge Silhi Zarzar, Víctor Painemal Arriagada, Sergio Riquelme Inostroza y de Hernán Henríquez Aravena. La situación fue calificada como "preocupante" por parte de los querellantes.

La decisión de la Primera Sala del Tribunal Constitucional responde a un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el mayor (R) de Carabineros Patricio Marín Lazo, uno de los acusados por el caso.

Tres de los cuatro ministros de la sala rechazaron el recurso que buscaba habilitarlo para pedir la nulidad de la condena de 17 años de presidio impuesta a Pradenas por el Tribunal de Temuco, en el marco del segundo juicio realizado en su contra.

Por medio del recurso, la Cámara Alta busca que el organismo liderado por Nancy Yáñez se pronuncie sobre la constitucionalidad de la instancia creada por el gobierno.

El presidente de RD criticó el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado que busca que el TC se pronuncie sobre una posible inconstitucionalidad de la comisión. "Todas las comisiones asesoras son creadas por decreto", destacó.

El jurista que patrocinó el "téngase presente" que hizo la Confederación de la Producción y del Comercio ante el Tribunal Constitucional por la iniciativa, volvió a criticarla duramente, señalando que "hay gente en el oficialismo que ve en esto una oportunidad para disparar en contra del empresariado. En vez de disparar en forma selectiva y atacar ciertas conductas, lo que vemos es una bomba de racimo. Hay una mirada ideológica con normas para combatir el crimen organizado, narcotráfico y pornografía infantil. Ese es el estándar al que están sometiendo los delitos económicos".

"Acá no se está imputando delitos a un directivo o gerente de una empresa por el solo hecho de serlo, sino que cuando ese directivo interviene directamente en la comisión de un delito. Muy contento que tras 5 años de tramitación, finalmente nuestra ley de delito económico vea la luz”, sostuvo Matías Walker.

La iniciativa cerró este martes el trabajo realizado por el pleno del Tribunal. La sentencia se dará a conocer en los próximos días.

“Cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tiene impacto en los mercados, la respuesta es exactamente la misma”, puntualizó el secretario de Estado.

La defensa del legislador solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.

"Estamos de acuerdo en que se busquen sanciones a los delitos económicos, pero tiene que resguardar la proporcionalidad y la igualdad ante la ley”, dijo Susana Jiménez.

"Creo que todo eso probablemente es parte normal de un proceso de revisión de o de discusión sobre constitucionalidad y esperamos que se pueda resolver prontamente sobre todo considerando de que este es un proyecto que fue aprobado por una abrumadora mayoría en el Congreso", dijo el secretario de Estado.

El texto ingresado por los senadores Walker, Huenchumilla, De Urresti, Núñez, Araya y Rincón tiene como objetivo, según señalan, explicar al Tribunal Constitucional la serie de argumentos expresados por la CPC quien cuestionó ante el tribunal la ley contra los delitos económicos. El "téngase presente" de los parlamentarios sostiene que más bien en esta acción de los empresarios existiría un uso instrumental, el cual debería ser reprochado por el tribunal.

“El proyecto de delitos económicos crea una serie de nuevos delitos con sanciones que nos parecen totalmente arbitrarias. Por eso, hicimos esta presentación al Tribunal Constitucional, señalando que se atenta contra la actividad empresarial", dijo por su parte el timonel de la CPC, Ricardo Mewes.