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La decisión de haber llevado el asunto al TC terminó bloqueando la solicitud para que la Contraloría revisara la legalidad de los decretos, ya que el contralor Jorge Bermúdez se abstuvo de emitir opinión. El gobierno apunta a que los requerimientos de inconstitucionalidad se rechacen por tratarse solo de un problema de legalidad. Ante ese escenario, La Moneda terminaría triunfando en ambos frentes.

El Ejecutivo presentó dos documentos ante el Tribunal Constitucional donde se expresan los argumentos para conceder siete indultos, lo que fue impugnado por parlamentarios de oposición.

Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de Chile Vamos, por lo que la instancia deberá discutir respecto a si siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre pasado están dictado según las exigencias que impone la ley. Como nunca antes una controversia así llegó al TC, será la primera vez que los ministros se pronuncien si el Mandatario fundó bien los decretos o no. En todo caso, la mayoría de los consultados sostiene que ninguno de los beneficiados podría volver a quedar preso, ya que no son culpables de los eventuales errores de un tercero, en este caso el Gobierno.

Los requerimientos fueron ingresados el 16 de enero por senadores de Chile Vamos y Demócratas.

En concreto, las colectividades de oposición acudieron al organismo para impugnar los decretos supremos que concedieron el beneficio a Jorge Mateluna y a otros seis condenados por delitos del estallido social.

El Tribunal Constitucional (TC) acogió el recurso presentado por el parlamentario para frenar la indagatoria por el delito de cohecho.

El partido que lidera el senador Javier Macaya convocó a tres abogados para redactar los escritos con los cuales se pretende argumentar la inconstitucionalidad de estos beneficios presidenciales. Los constitucionalistas Jorge Barrera, Constanza Hube y Felipe Hübner son quienes están detrás de esta arremetida gremialista en contra de la decisión de Gabriel Boric.

"El cobro de una cuota como requisito para ascender a Primera B limitó la capacidad competitiva y deportiva de los clubes que la pagaron", comentó la FNE tras el fallo.

El caso se originó en una sentencia del Segundo Juzgado del Trabajo en contra de Clínica Las Condes (CLC) por el despido de 36 trabajadores mientras se encontraban en aislamiento social y con teletrabajo por pertenecer a la población de riesgo de contagio de Covid-19, fallo que que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El actual suplente de ministro del Tribunal Constitucional está nominado -junto con Alejandra Precht- para llenar los dos cupos disponibles que quedan pendientes en ese organismo. Luego de la fallida candidatura del exdiputado Gonzalo Fuenzalida, esta vez Renovación Nacional optó por este abogado independiente, exconsejero del INDH designado por Piñera y académico de la PUCV. "Su votación como juez suplente, en varias oportunidades, era con sectores de izquierda”, criticó el diputado Eduardo Durán en una carta a su bancada.

La decisión fue adoptada de forma unánime por el pleno de ministras y ministros.

Ante la falta de respaldos en el Senado, el senador independiente Karim Bianchi desplegó un plan B para concretar su ofensiva en contra del acuerdo internacional. A juicio de los requirentes, están dentro del plazo para presentar un requerimiento. Sin embargo, sobre ese punto existen dudas en el Ejecutivo y en algunos parlamentarios.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por el Tribunal Constitucional (TC) y con el cual buscaba revocar la sentencia que lo condena a pagar una suma millonaria de reparación a la relatora Pilar Arellano, luego de que esta fuera despedida supuestamente por "necesidad de funcionamiento". Sin embargo, tanto el tribunal de primera instancia como el de alzada consideraron que esto se debió a su estado de salud.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional concluyó que acceder a la entrega de los antecedentes solicitados por Wom, no se enmarca dentro de los límites que consigna la Ley de Transparencia. El caso surge luego que Claro presentara un requerimiento de inaplicabilidad constitucional en contra de tres artículos de la Ley de Transparencia debido a que Wom pidiera copia de una serie de documentos a Subtel por una transacción de espectro.

En la presentación, los parlamentarios explicaron que el reclamo se interpone debido a que el mandatario vulneró el deber constitucional de promulgar, dentro de los plazos que la Constitución establece, el proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N° 3.516 de 1980, que establece normas sobre la división de predios rústicos.