Dos sesiones, una el miércoles y la otra el jueves, tiene agendadas esta semana el Tribunal Constitucional (TC) para revisar el control de constitucionalidad del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Aunque ello no implica que haya un veredicto al término de ambas jornadas, la citación, al menos, alimenta las esperanzas del Ejecutivo de que por fin esta propuesta gubernamental podría convertirse en ley.

A pesar de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, logró culminar el 12 de agosto pasado toda la tramitación en el Congreso de esta emblemática iniciatival, el tiempo que se ha tomado el TC para revisar el texto ha obligado al gobierno a prolongar su espera.

En su momento, Quiroz era el más ansioso en promulgar la megarreforma lo antes posible, ya que por lo general estos proyectos, que inciden especialmente en temas tributarios, generan incertidumbre económica que los ministros de Hacienda intentan reducir al máximo.

En este caso, la inyección de recursos para el Fondo de Reconstrucción para Valparaíso, Ñuble y el Biobío era una de las materias apremiantes. Sin embargo, había otras materias que tenían aplicación inmediata, ya que la mayoría de los ajustes tributarios recién comenzarán a notarse en 2027.

Por ejemplo, las nuevas disposiciones sobre donaciones y herencias, la repatriación de capitales y el retiro de dineros del antiguo FUT (Fondo de Utilidades Tributables) son algunas de las medidas que están esperando la ley para entrar en vigencia a la brevedad, al igual que los incentivos para la reactivación del sector inmobiliario. Todas ellas buscan ayudar a dinamizar la economía antes de fin de año.

Por ello, el plan original de Quiroz era que la iniciativa viera la luz a fines de julio, pero desde entonces ha tenido que ir ajustando sus expectativas.

Hace un mes planteó que ojalá las nuevas normas fueran promulgadas en agosto. Sin embargo, ya el 28 de agosto, en un seminario organizado por el BCI y PWC, planteó que la nueva meta era que fuera durante “la primera quincena de septiembre”.

Requerimientos

No obstante, uno de los factores que han dilatado la resolución del TC es que hubo un conjunto de requerimientos en contra del texto que despachó el Congreso. A ello se sumó el hecho de que la misma tramitación legislación de extendió más allá de lo previsto con una comisión mixta y luego con la presentación de tres vetos por parte del Presidente José Antonio Kast.

Una vez fuera del Parlamento, primero, el tribunal debió resolver tres presentaciones de la oposición en contra de un conjunto de artículos, entre ellos, el que regulaba la invariabilidad tributaria, el que otorgaba una indemnización a inversionistas por la revocación de permisos ambientales y el que agilizaba la adaptación de emplazamientos de acuicultura. En esa primera definición, el TC acogió parcialmente los reclamos de la oposición. Si bien ante esa ofensiva, el gobierno logró salvar la invariabilidad, el régimen igualmente fue cercenado.

Luego el TC tuvo que pronunciarse por un requerimiento presentado por el Presidente de la Republica en contra de una norma que obligaba a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente los suministros a usuarios amparados bajo una declaración de zona de catástrofe. Ese artículo había sido incorporado por la oposición dentro del texto gracias a votos descolgados del oficialismo. No obstante, por una mayoría aplastante, de nueve votos en contra y solo uno a favor, el TC rechazó la presentación de La Moneda.

Con esos dos capítulos cerrados, ahora solo queda que el tribunal termine de revisar el control preventivo de alrededor de ocho artículos.

Según la Carta Fundamental cuando hay iniciativas que inciden en leyes orgánicas constitucionales, obligatoriamente deben pasar por el análisis del TC. En el caso de la megarreforma, en su mayoría se trata de disposiciones relacionadas con tribunales ambientales, pero también en esa lista figura el artículo que establece un mecanismo de compensación a municipios por la menor recaudación derivada de la exención de contribuciones a mayores de 65 años.

En el pasado, si bien el TC ha resuelto controles preventivos en tiempo récord, en menos de una semana -incluso a veces fusionandolos con los expedientes de requerimientos-, en el último tiempo la actual composición la institución suele tomarse todo el tiempo necesario para hacer revisiones exhaustivas.

Por ejemplo, en la reciente que ley que crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago y fortalece otros juzgados, el tribunal se demoró un mes en resolver (desde el 28 de julio al 26 de agosto), que es el plazo que dispone la legislación para pronunciarse en estas materias.

Tras los últimos fallos del TC que han resultado adversos, aparentemente en el Ejecutivo han aprendido la lección. Por lo tanto, no existe ánimo de dar señales que se interpreten como presiones para que el tribunal apure su veredicto.