Hasta la sala de lectura de la sede del Congreso en Santiago llegó esta mañana el jefe de los asesores de la Presidencia de la República, Alejandro Irarrázaval.

El encargado del Segundo Piso de La Moneda se trasladó hasta el Poder Legislativo a raíz de la citación que se le cursó en el marco de la tercera sesión de la comisión especial investigadora relativa a determinados actos del gobierno en materia de seguridad pública y prevención del delito durante la gestión de la exministra de esa cartera, Trinidad Steinert.

Acompañado del jefe de la Dirección de Relaciones Políticas, Emiliano García, Irarrázaval se sentó junto a los diputados del Partido Republicano -Luis Sánchez, Benjamín Moreno y Fernando Ugarte- quienes no dudaron en blindarlo con sus intervenciones, ante la artillería de preguntas que lanzaban los diputados de oposición.

Desde el punto de vista político, la instancia fiscalizadora será una arena que utilizarán los diputados de oposición para hacer desfilar por el Poder Legislativo a diferentes asesores de la Presidencia de la República, con el objeto de aclarar los actos del Ejecutivo en la materia que investigan.

De hecho, fuentes de la oposición aseguran que para la próxima semana tienen contemplado citar al asesor -y quien es parte del círculo más íntimo del Presidente José Antonio Kast- Cristian Valenzuela.

Sin embargo, no solo será la comisión investigadora relacionada con la exministra Steinert que aprovechará la oposición para sacar al pizarrón a los funcionarios de gobierno, sino que la instancia que fue aprobada la semana pasada, vinculada con el caso de Felipe Cerimedo, también será un espacio donde apuntarán a asesores presidenciales, particularmente a Felipe Costábal, encargado de la Secretaría de Comunicaciones de Palacio.

Esta última comisión se enmarca en la controversia que ha surgido a propósito de las declaraciones de la expareja de Cerimedo, Nadia Beller, quien aseguró que el argentino era cercano al Mandatario y que colaboró en su campaña para llegar a La Moneda, supuestamente, con el uso de bots y trolls en redes sociales.

Consultado al respecto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) afirmó: “Chile merece la verdad. Queremos saber quién estuvo detrás de campañas de desinformación, difamación y amedrentamiento. Irarrázaval, Valenzuela, Costabal y Fontaine tienen que responder”.

Y añadió: “Al Presidente le enviaremos un cuestionario. Sabemos que a Kast no le gusta que lo fiscalicen, pero que no esconda a sus asesores. Si no tienen nada que ocultar, que vengan al Congreso y den la cara”.

Doctrina Crispi

En el contexto de la comisión especial investigadora que fue impulsada a raíz de las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones sin fines de lucro, los diputados de oposición al gobierno anterior, insistieron en que el entonces jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), asistiera a la instancia fiscalizadora, luego de que el otrora funcionario se negara a concurrir.

Con ese telón de fondo, es que el excontralor general de la República, Jorge Bermúdez -que fue invitado a la comisión- zanjó la doctrina.

Ante los diputados de la instancia, explicó que “cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, en el sentido que acabo de expresar, es decir dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones, eso independiente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado”.

Y agregó que a Crispi se le pidió que “diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer a esta comisión y por qué no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático”.

Este antecedente, a modo de boomerang, está siendo utilizado por la actual oposición, para presionar a los funcionarios que hoy ostentan esos mismo cargos en el actual gobierno de Kast.

Irarrázaval: “Este tema no estaba dentro del radar de nadie”

La asistencia del jefe del Segundo Piso fue para que explicara el oficio emanado por la exministra Steinert para remover a la prefecta general (r) de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña.

Sin embargo, Irarrázaval aclaró, desde su primera respuesta, que el equipo de asesores de la Presidencia no se inmiscuyó en esa decisión de la ahora exministra.

“Nosotros tomamos conocimiento con posterioridad, cuando fue de público conocimiento, no era algo que necesariamente tuviera que comunicar a Presidencia en su calidad de ministra de Seguridad Pública”, aseguró.

Y añadió: “La asesoría presidencial no recibió ningún comunicación sobre la materia, no intervino ni se comunicó ni con la directiva de Investigaciones ni con la ministra sobre la materia”.

Ante las preguntas de los diputados de oposición presentes -como Jaime Araya (ind. -PPD), y los frenteamplistas Gonzalo Winter y Tatiana Urrutia- Irarrázaval sostuvo que “no era materia que tuviera comunicar, no la comunicó y francamente no pasó a ser un tema hasta que no fue de conocimiento público”.

“Este tema no estaba dentro del radar de nadie”, insistió el jefe del Segundo Piso de La Moneda.

Consultado por su opinión sobre el tema, aclaró: “Lo que yo opine expos, sabiendo que contraloría objetó en forma y probablemente el fondo al oficio al que usted hace referencia, probablemente ahora opinaría que fue inconveniente hacerlo”.

Sin embargo, reconoció en que “si uno lo mira con posterioridad, dice ‘sí, esto tal vez es un tema, dado el efecto que produjo, debió haber sido consultado, debió haber llamado nuestra atención, debió haber sido, eventualmente, parado’”.