La Comisión de Constitución continuó el estudio en particular del proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, con el objetivo de fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.

El debate de la instancia se concentró en las reglas de internación provisoria, quebrantamiento de condena, cumplimiento de las sanciones, participación de las víctimas y traslado de adolescentes que alcanzan la mayoría de edad.

Uno de los principales puntos de discusión fue el tratamiento de los adolescentes que se encuentran privados de libertad y que cometen nuevos delitos durante el cumplimiento de su condena. El senador Andrés Longton (RN) planteó que “hoy día hay una laguna de punibilidad para los simples delitos, cuando se cometen delitos dentro de los regímenes cerrados”.

El parlamentario agregó que, bajo la legislación vigente, “el quebrantamiento, el delito cometido, que sea un simple delito en régimen cerrado, hoy día genera impunidad”.

Desde el Ejecutivo reconocieron la existencia del problema. Durante la discusión se señaló que la reforma implementada en 2023, que estableció un sistema de pena única, puede generar situaciones en que un nuevo delito cometido durante el cumplimiento de una sanción no tenga una consecuencia adicional.

“Puede haber hipótesis de que un delito quede en impunidad”, se planteó desde el gobierno, abriendo la puerta a revisar la materia antes de resolver las indicaciones.

Internación provisoria: choque entre seguridad y especialización juvenil

Otro de los puntos que generó diferencias fue la situación de los adolescentes cuya libertad es decretada por un tribunal, pero cuya resolución es apelada.

La senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó que un adolescente permanezca privado de libertad mientras se resuelve el recurso, planteando que aquello puede afectar las garantías propias de la justicia juvenil.

“La mantención en prisión de un adolescente cuya libertad ya fue ordenada por el juez de garantía (...) constituye una afectación grave a la libertad personal, desproporcionada y contraria a las directrices y principios de justicia juvenil”, sostuvo.

Longton, en cambio, defendió mantener la privación de libertad mientras se tramita la apelación, argumentando que de lo contrario un adolescente imputado por un crimen podría recuperar su libertad antes de que la corte revise la decisión.

“El peligro de que no quede en ninguna de las dos (...) es que un adolescente que fue detenido por un crimen pueda eventualmente recuperar la libertad mientras se resuelve la corte de apelaciones”, señaló.

La comisión terminó rechazando la indicación de Pascual y aprobando la propuesta que mantiene la privación de libertad durante la tramitación del recurso.

Riesgo de reincidencia

La comisión también abordó los antecedentes que deberán considerar los tribunales al momento de resolver una sustitución o remisión de condena.

Entre los elementos incorporados se encuentran el cumplimiento del plan de intervención, los informes técnicos, los quebrantamientos anteriores y el riesgo de reiteración delictiva. Asimismo, se reforzó la participación de las víctimas, estableciendo su notificación y posibilidad de ser escuchadas.

Longton defendió que la opinión de las víctimas tenga un espacio explícito en estas decisiones. “Para nosotros era importante (...) que la víctima sea notificada y que la víctima sea escuchada, haciendo imperativo aquello”, sostuvo.

La senadora Pascual, sin embargo, manifestó reparos respecto del concepto de “riesgo de reiteración delictiva”, advirtiendo que podría existir una superposición con los informes técnicos elaborados por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Qué ocurre cuando el adolescente cumple 18 años

La discusión que enfrentó con mayor claridad las posiciones sobre seguridad y reinserción fue la relativa a los jóvenes que cumplen 18 años mientras se encuentran privados de libertad.

El Ejecutivo propuso facilitar su traslado a secciones juveniles de recintos administrados por Gendarmería cuando así lo recomiende el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La propuesta apunta a evitar que mayores de edad permanezcan junto a adolescentes de menor edad en determinados casos.

Longton respaldó la medida y cuestionó la actual convivencia de adultos y menores en los centros cerrados. “Hoy día está generando que más del 60% por ahí esté mezclado adultos con menores de edad en los centros cerrados”, afirmó.

Pascual manifestó una posición distinta y advirtió que el traslado obligatorio podría afectar procesos de intervención que ya se encuentran avanzados. “Me parece que la obligatoriedad de enviarlos a las cárceles puede incluso ser un problema para continuar el régimen de reinserción”, sostuvo.

El punto quedó pendiente de una nueva redacción.