Los familiares de las 108 víctimas fatales que dejó el mega incendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024 siguen desplegados para conseguir indemnizaciones por parte del Estado.

Fue entre febrero y marzo de 2025 que iniciaron dicha batalla. En ese entonces iniciaron un reclamo para conseguir indemnizaciones económicas por el daño moral que enfrentaron a partir del trágico suceso. Según describieron en las acciones civiles interpuestas, vieron morir a sus seres queridos en situaciones donde el auxilio por el que clamaban jamás existió. En sus demandas las víctimas invocan la “falta de servicio” del aparato estatal a la hora de enfrentar la emergencia.

En medio de la tramitación de las acciones interpuestas, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió a los abogados que representan a grupos de familiares que hicieran llegar una propuesta con los montos requeridos. Pero aunque en su momento los afectados sostuvieron que habían tenido una buena acogida de parte de la entidad, la primera propuesta que entregaron fue rechazada en marzo de este año.

Ante ello, los familiares de las víctimas fatales hicieron llevar una segunda sugerencia de indemnizaciones, el pasado 28 de mayo, donde bajaron los montos en alrededor de un 33% respecto de la presentación efectuada meses antes. Sin embargo, la respuesta volvió a ser negativa.

En medio de la presentación que hicieron las familias, hicieron presente que, para su elaboración, consideraron “los precedentes históricos de responsabilidad estatal reconocidos en Chile, los criterios jurisprudenciales vigente en materia de daño moral diferenciado por parentesco, y la necesidad de avanzar hacia una solución proporcional ante una tragedia cuya gravedad humana e institucional no tiene antecedentes recientes en el país”.

Como parámetro de referencia, además, revisaron lo ocurrido en el caso Antuco, instancia en que el CDE alcanzó acuerdos reparatorios con familiares de víctimas fatales en enero de 2008, y también lo referente al caso Luchsinger-Mackay, donde la Corte Suprema reconoció indemnizaciones diferenciadas según la proximidad del vínculo.

Las víctimas recalcaron que no hicieron una traslación mecánica de los montos de dichos casos y que en algunos hay petición de cifras superiores, dadas las circunstancias del incendio que se registró en la zona. Además hicieron hincapié en que “la tragedia presenta además una gravedad institucional de carácter sistémico: distintos órganos públicos con competencia en prevención, coordinación, alerta temprana y respuesta de emergencia habrían fallado de manera simultánea, agravando sustancialmente el resultado”.

De esta forma, propusieron indemnizaciones en función del grado de relación del familiar con la víctima, por lo que se indicaron distintos montos. Entre $ 20 millones y $ 200 millones, para casos especiales.

Por medio de un escrito que el CDE hizo llegar a las partes el viernes 4 de septiembre se les volvió a informar que sus pretensiones eran demasiado elevadas y que, por tanto, se rechazaban.

“Cumplo con informar a ustedes que el consejo pleno del Consejo de Defensa del Estado, en sesión de 1 de septiembre de 2026, ha tomado conocimiento de los antecedentes y ha resuelto no aprobar la propuesta de transacción formulada”, se lee en el documento al cual tuvo acceso La Tercera.

Junto con ello, se precisó que los motivos de la determinación se fundamentan en dos aspectos: “Los montos pretendidos en su propuesta exceden de manera significativa los baremos utilizados actualmente por el Poder Judicial, así como las indemnizaciones que habitualmente se conceden en causas referidas a falta de servicio”, y porque además mantienen “convencimiento de que el Fisco no es responsable de los hechos ocurridos”.

Reacciones

Ante la respuesta, los familiares se mostraron disconformes, y transmitieron que desplegarán acciones para conseguir indemnizaciones adecuadas.

Consultado al respecto, el abogado Raúl Meza, quien representa a un grupo de ellos, manifestó: “Lamentamos profundamente la decisión que han tomado los consejeros del CDE al rechazar la segunda propuesta de transacción presentado por los representantes de las familias, demostrando una indolencia inexcusable y una desvalorización del daño irreparable que han sufrido los familiares de las víctimas por la pérdida de sus seres queridos en el incendio más letal de la historia de Chile y uno de los más grandes de la historia de la humanidad”.

Junto con ello, afirmó que los dichos del CDE respecto a que el Fisco no tendría responsabilidad en lo ocurrido constituye una “declaración vejatoria, humillante e insultante al dolor que están viviendo los familiares de las víctimas del incendio, especialmente considerando que existen funcionarios públicos acusados penalmente por el delito de incendio con resultado de muerte y dos altos ejecutivos de Conaf formalizados por cuasidelito de homicidio”.

Meza insistió en que seguirán persiguiendo “las responsabilidades penales respecto de autoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric, como de la Senapred, Gobernación Regional, Delegación presidencial y Ministerio del Interior”.

De la misma forma, recalcó que solicitarán la intervención personal del Presidente José Antonio Kast, “para que como jefe de Estado asuma la responsabilidad que tienen el Estado de Chile de reparar el daño provocado a los familiares de las víctimas por dolo y negligencia inexcusable de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones de garantes de la ciudadanía”.

“Le exigimos al Presidente Kast que tenga la misma conducta que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet en el caso Antuco, quien reconoció la responsabilidad de los funcionarios públicos en la tragedia y la obligación de reparación del daño que tenía el Estado Chileno”, subrayó.