El aplastante veredicto del Tribunal Constitucional (TC), de nueve votos en contra y uno a favor, dejó en un escenario incómodo al gobierno.

Si bien los fundamentos de los ministros del TC se conocerán en los próximos días, el categórico rechazo al requerimiento del Ejecutivo, que buscaba eliminar la norma de servicios básicos, redujo drásticamente la capacidad de reacción.

Se trataba de una disposición, que la oposición había logrado incrustar en el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, y que obligaba a las empresas de agua potable, de electricidad y de gas a reponer gratuitamente el suministro interrumpido -incluso por no pago- antes y durante la vigencia de la declaración de una zona de “catástrofe”.

La medida -surgida de una indicación de la legisladora Sofía González (PC), que modifica la Ley 16.282 (sobre “disposiciones para casos de sismos y catástrofes”)-, fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado, gracias a votos descolgados del oficialismo.

Frenazo

Aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, públicamente se opuso a la medida por razones de forma e, incluso, hizo reserva de constitucionalidad, en el gobierno estaban divididos de si era conveniente echar abajo el artículo en cuestión. No solo por las razones sociales y por el posible costo de popularidad, sino también porque no afectaba a los objetivos de la megarreforma.

Ahora, con el veredicto del TC ya conocido, el Ejecutivo declaró que los fallos se acatan.

Sin embargo, el ministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), fue más allá y salió a frenar la primera versión de que podría haber una ley corta para corregir ciertos aspectos sensibles de la norma.

“El gobierno como tal presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional respecto a una norma de la Ley de la Reconstrucción. Ese requerimiento fue rechazado y, por lo tanto, es un fallo que no se comenta y que el Ejecutivo respeta y acata”, dijo.

“Respecto a una ley corta, yo creo que hoy día el Tribunal Constitucional zanjó una discusión y no son los tiempos para iniciar un nuevo debate”, añadió el biministro, dejando en suspenso la redacción de una nueva propuesta legislativa.

En todo caso, la idea de una ley corta fue deslizada inicialmente por el mismo ministro Quiroz en la reunión que sostuvo el 12 de agosto con los senadores del PC, que le hicieron ver sus reparos por el requerimiento presentado contra el artículo sobre servicios básicos.

En esa conversación, según lo que transmitieron públicamente los legisladores comunistas, Quiroz no tenía reparos de fondo, sino técnicos y de forma con la mencionada norma que obligaba a reconectar los servicios básicos.

Por lo tanto, si fracasaba la presentación ante el TC, igualmente La Moneda pretendía corregir algunos aspectos, entre ellos, los plazos obligatorios de hasta 48 horas que establecía la disposición. Ese punto fue alertado por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), en la sala del Senado, el mismo 12 de agosto.

No obstante, tras el fallo, Quiroz no se ha referido al tema, que al culminar su fase legislativa dejó de ser un asunto de Hacienda y hoy estaría radicado en las carteras sectoriales de la ministra de Energía, Ximena Rincón (por el efecto en las eléctricas y en los servicios de gas), y de su par de Obras Públicas, Louis de Grange (por las sanitarias). Por lo tanto, estas reparticiones debieran ser las encargadas de resolver cuándo se promoverá una corrección a la normativa.

Este miércoles, Rincón no dio luces al respecto. “Los fallos de los tribunales se respetan y es lo único que puedo decir”, dijo.

En tanto, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), añadió que “dado que el TC lo rechazó, yo veo poca viabilidad para que se consigan los votos para una ley corta”.

Tensiones

El problema es que el fallo del TC reabrió las heridas en el Ejecutivo.

Originalmente, el ministro Quiroz había hecho reserva de constitucionalidad de cuatro temas que la oposición logró introducir en la megarreforma y que no fueron del gusto de La Moneda: el derecho al olvido financiero por deudas, la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los ajustes destinados a garantizar el pago a 30 días para las pymes, además de la norma de servicios básicos.

No obstante, frente a los tres primeros puntos, el gobierno optó por un camino distinto y presentó vetos para suprimir esos artículos, los que finalmente fueron aprobados por las dos ramas del Congreso.

En el caso de la norma sobre servicios básicos, había dudas y Alvarado se opuso tenazmente a que se vetara, camino que tal vez hubiera sido más certero para corregirla.

Luego de ello, el ministro Quiroz admitió que optaron por el requerimiento, porque no se oponían al fondo de la medida. Sin embargo, justificó el requerimiento al TC por razones de forma.

Descoordinación previa

El problema de ello es que la presentación al Tribunal Constitucional no fue debidamente coordinada entre los miembros del comité político, al punto que no se le informó del ingreso del requerimiento al biministro Alvarado.

Este escrito ingresó soterradamente el sábado 8 de agosto, cerca de las 20 horas, con las firmas de Kast y de los ministros Quiroz, García, Rincón y De Grange.

En su momento, el ingreso no fue informado públicamente. Incluso, en la respectiva vocería que hizo Alvarado el lunes 10 de agosto, aún no estaba al tanto de la presentación, que solo salió a la luz pública una vez que el TC publicara el antecedente.

El martes 11, Alvarado fue consultado en la Cámara por qué razón no transparentó la situación el lunes y él admitió que cuando hizo un punto de prensa no estaba enterado que el escrito había ingresado el sábado anterior. “Era una información con la cual yo no contaba en ese momento (el lunes)”, dijo.

El incidente generó una nueva tensión en el gabinete y tanto Quiroz como García se desentendieron de la descoordinación.

Ese capítulo fue cerrado días después con las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien asumió personalmente el error de no haberle avisado a su jefe de gabinete.