El poderoso conservador de Santiago, Luis Maldonado, se resiste a jubilar. Al menos así lo demuestran los hechos. El abogado, que ejerce los oficios notariales y registrales desde antes de la reforma de 1995, forma parte del selecto y privilegiado grupo de auxiliares de la justicia que quedaron inmunes a la regla universal del mundo judicial que fijó los 75 años como edad obligatoria para jubilar.

Maldonado y todo el grupo de “los inmortales” han sido férreos opositores a la norma que se incluyó en la reforma notarial que declara, a partir del 2 de octubre, el cese de funciones de todos los notarios y conservadores que tengan más de 75 años. Para Maldonado, dicha norma, es discriminatoria y edadista ya que impone una regla arbitraria solo por un argumento de edad.

Previamente Maldonado ya había intentado acciones judiciales que habían fracasado, como por ejemplo cuando impulsó un amparo económico que no tuvo éxito.

A solo semanas de que venza el plazo y se vea obligado a poner fin a su larga y ascendente trayectoria como prominente conservador, Maldonado exploró una nueva vía judicial para impugnar la norma que lo quiere sacar del oficio.

Esta vez Maldonado inició una demanda argumentando discriminación. Para eso invocó la Ley Zamudio. La causa se está ventilando en el 28° Juzgado Civil de Santiago y cayó en manos de la jueza Claudia Veloso.

En esa acción civil se argumenta que la reforma notarial lo obliga a cesar en su cargo por el solo hecho de haber cumplido 75 años y sin evaluación alguna de su idoneidad. Parte del reclamo apunta a que la norma no fija un límite hacia el futuro, sino que reformula de manera retroactiva, en perjuicio de quienes ingresaron antes de 1995, el criterio que hasta hoy permitía su continuidad mientras conservara la salud e idoneidad que el cargo exige.

El problema de Maldonado es que la Ley Zamudio tiene una cláusula expresa que plantea que serán inadmisibles las acciones de no discriminación arbitraria que impugnen los contenidos de leyes vigentes.

Si bien dicha cláusula obligaba a que la jueza Veloso declarara inadmisible la acción, la magistrada tomó un camino distinto. El 25 de agosto ingresó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC). En la acción se invocó justamente dicha cláusula alegando que, en este caso concreto, se generan efectos inconstitucionales que deben ser corregidos por el TC. El caso quedó radicado en la Primera Sala del TC. En el expediente digital se consigna que el requerido es el ministro de Justicia Fernando Rabat.

La arremetida de Maldonado no ha sido la única. La notaria de Melipilla Rosemarie Mery también tomó un camino similar. Representada por el exministro del TC, Gonzalo García, también requirió de inaplicabilidad al TC.

En su caso la gestión pendiente invocada también es una acción de no discriminación arbitraria por Ley Zamudio que se está ventilando ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago y en el expediente se consigna que el requerido es el subsecretario de Justicia Luis Silva.

En el requerimiento ante el TC se expone que la regla impuesta por la reforma notarial “toma la edad como único factor de cese, sin justificación alguna, pese a que constituye una categoría prohibida de discriminación en el artículo 2° del Código del Trabajo, en la Ley N°20.609 y en la Ley N°21.822″.

Por eso García expone que “se vulneran los artículos 1°, 19 N°2 y N°16 de la Constitución, y su artículo 5°, inciso segundo en relación con los artículos 5 y 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores".