Después de más de 10 años, Islandia vuelve a preguntarse por un futuro europeo. Este sábado los ciudadanos de la isla nórdica están convocados a un referendo para decidir si quieren reanudar las negociaciones con la Unión Europea, con miras a eventualmente formar parte de ella, o no.

El país tiene un estatus complicado: por un lado, forma parte del Espacio Schengen, pero mantiene su moneda, la corona islandesa, y no participa ni está sujeta a las instituciones del bloque, como el Parlamento Europeo. Ya en 2009, Reykjavík había entrado en negociaciones con Bruselas, pero estas se suspendieron en 2013, en medio de una crisis financiera que afectó al país, y terminaron abandonándose el 2015.

Gran parte de la campaña se ha centrado en cuestiones económicas, en particular la pesca y la agricultura, los mismos puntos conflictivos que paralizaron el proceso de adhesión en 2015. La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, declaró en mayo: “Es bastante evidente que esta votación tiene que ver con obtener un mandato para negociar. No creo que debamos enredarnos con la retórica en este punto. Vamos a concluir un buen acuerdo. El pueblo tendrá la primera palabra sobre esto y también tendrá la última”.

Al menos la primera palabra se pronunciará en las urnas este sábado.

El referendo se encamina hacia un resultado muy ajustado, según indican las últimas encuestas, con una marcada reducción de la diferencia entre el “sí” y el “no” antes de la votación del sábado. Maskína, una empresa de sondeos e investigación de mercado, señala que su encuesta sobre la intención de voto para esta consulta decisiva sitúa al bando del “sí” a la cabeza con un 51,3%, frente al 48,7% del “no”.

Los sondeos anteriores han mostrado sistemáticamente una ventaja para el sector partidario de la adhesión a la UE, pero también un estrechamiento progresivo de la brecha. En encuestas previas encargadas por el medio de comunicación islandés Vísir, Maskína situaba la ventaja del “sí” en 6,2 puntos porcentuales en junio, cifra que se redujo a 4,4 puntos a principios de agosto.

El ex Comisario Europeo de Comercio, Pascal Lamy, explicó a Le Grand Continent: “El apoyo a la adhesión había caído hasta aproximadamente una cuarta parte del electorado cuando se suspendieron las negociaciones. Volvió a aumentar tras la invasión de Ucrania y, según las encuestas realizadas en 2025 y 2026, una estrecha mayoría estaría a favor de reanudar las negociaciones”.

Los partidarios de la integración en la UE basan su campaña en las ventajas económicas que esta conllevaría. La más importante es la futura adopción del euro. Esto eliminaría la volatilidad cambiaria asociada a la corona islandesa y reduciría la inflación, los tipos de interés y los costos del comercio internacional, tal como señala un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De todos modos, este referendo es consecuencia de un cambio de gobierno, más que de un giro radical en la opinión pública islandesa. En 2013 llegó al poder una coalición euroescéptica que suspendió las negociaciones y, posteriormente, retiró por completo la solicitud de adhesión de Islandia sin consultar al electorado. La tendencia cambió en 2024, cuando una coalición de partidos proeuropeos se comprometió a permitir que los islandeses decidieran si debían reanudarse las tratativas.

Con miras a las posibles negociaciones, la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, afirmó que considerando las características de Islandia, podría fácilmente integrar el bloque europeo en 2028: “Al formar ya parte del mercado único, podría concluir las negociaciones de adhesión dentro de uno o dos años”.

El gran tope y argumento del “no”, en este referendo, es la pesca. Aunque la participación de esa actividad económica en el PIB de Islandia está disminuyendo, en 2024 todavía representaba alrededor del 8%, y casi la mitad de sus exportaciones, además del pilar fundamental de muchas comunidades costeras.

Hoy en día, la amenaza que perciben los contrarios a la adhesión proviene de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE, que gestiona los recursos pesqueros entre los Estados miembros. Las “poblaciones de peces compartidas”, aquellas sujetas a la jurisdicción de más de un Estado y que implican un reparto de cuotas de captura, constituyen la mayor preocupación para la industria pesquera islandesa, lo que motiva la exigencia de exenciones o acuerdos especiales en caso de que el país se una a la UE.

De hecho, la industria pesquera de Islandia se articula en torno a uno de los sistemas de cuotas más sofisticados del mundo. Este sistema establece límites de captura basados ​​en criterios científicos y asigna derechos de pesca a cada embarcación, mediante cuotas que también pueden comercializarse.

“El problema de Islandia era sencillo: al adherirse a la Unión, también debía adherirse a la política pesquera común. Esto habría significado que todos los Estados miembros habrían podido pescar en sus aguas y que ella habría podido pescar en las de los demás países. Pero, dada la relación de fuerzas, siempre habría más pescadores en sus aguas que al revés”, explicó Pascal Lamy.

Presión sobre Noruega

Una victoria del “sí” podría dejar al otro vecino nórdico de la UE en una posición incómoda y aumentar la presión sobre Noruega para que reconsidere su relación con Bruselas, destaca Euronews.

“Debemos reconocer que un proceso de adhesión islandés planteará desafíos especiales para Noruega como país del Espacio Económico Europeo (EEE)”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, ante el Parlamento en mayo.

Hasta ahora, el gobierno noruego sostiene que el EEE debe seguir siendo la base de su relación con Bruselas. Pero las consecuencias de un “sí” islandés serían difíciles de ignorar.

El EEE extiende el mercado único de la UE a tres países que no son miembros: Islandia, Liechtenstein y Noruega. Si Islandia entra en la Unión, el EEE se reduciría a dos miembros, uno de ellos Liechtenstein, un país de apenas 40.000 habitantes cuya economía está estrechamente ligada a Suiza.

En la práctica, el EEE se convertiría en un acuerdo bilateral entre la UE y Noruega, lo que dejaría a Noruega como el único gran país del mercado único europeo sin asiento en la mesa donde se toman las decisiones.

Islandia no sería el primer país en pasar de la pertenencia al EEE a la plena adhesión a la UE. Cuando el acuerdo entró en vigor en 1994, incluía también a Austria, Finlandia y Suecia, que más tarde se incorporaron a la Unión tras sendos referendos favorables.

“Si Islandia llegara a ser miembro de la UE, el equilibrio de poder entre las partes del Acuerdo del EEE, que en origen era de 12 países frente a 7, pasará a ser de 28 frente a 2”, afirmó Eide.