El Estrecho de Magallanes volvió a la agenda bilateral con Argentina. Declaraciones trasandinas sobre un régimen compartido y peticiones de restricciones previas a naves de ciertas banderas en Punta Arenas tensionan el régimen fijado por los tratados de 1881 y 1984. A comienzos de septiembre, Kast y Milei reafirmaron su plena vigencia, pero subsisten declaraciones que cuestionan su estatuto.

Un paso marítimo se vuelve instrumento de poder geopolítico cuando un Estado ribereño impone condiciones o interpretaciones unilaterales a su tránsito. Ese es el riesgo que el Tratado de 1881 busca prevenir. En 1873, Chile optó por declarar unilateralmente la neutralización y la libre navegación del Estrecho de Magallanes, para afianzar su soberanía en una zona disputada por Argentina, sin convertirlo en instrumento de coerción. Esa decisión no fue gratuita: implicó cesiones territoriales que nuestros negociadores juzgaron necesarias para conservar el Estrecho dentro del territorio nacional.

Con el tiempo, el canal de Panamá redujo su importancia geoestratégica, pero el cambio climático, el mayor comercio marítimo, los buques de mayor tamaño y la presión de EE.UU. pueden devolverle relevancia como corredor.

La seguridad de un estrecho no se defiende cuando alguien intenta gestionarlo, sino antes, evitando que se consoliden interpretaciones que restrinjan su funcionamiento.

El régimen del Estrecho no descansa solo en la Convención del Mar, sino en tratados bilaterales con Argentina que fijaron su neutralización perpetua y libre navegación para todas las banderas. Chile tiene una posición jurídica sólida, pero tener razón no garantiza el resultado estratégico. Las controversias marítimas derivan de lo técnico a disputas de jurisdicción, y las interpretaciones repetidas buscan instalarse como norma. La respuesta chilena no debería ser episódica ni reactiva: ceder terreno en este frente para sostener nuestra posición sobre las islas Malvinas y la libre navegación sería el comienzo de la relativización jurídica y del gobierno efectivo del Estrecho. El resguardo de la soberanía no requiere solo notas diplomáticas, sino presencia, continuidad y prospectiva del Estado.

Chile debe tratar el Estrecho como una infraestructura crítica, con monitoreo permanente de la navegación, vigilancia marítima, coordinación diplomática y jurídica, presencia naval y una política exterior capaz de explicar el régimen aplicable antes de la crisis. Magallanes no es solo una región extrema, sino una pieza de la arquitectura estratégica del país.

La tarea es ejercer la posesión efectiva, no solo en sus aguas sino en toda su geografía asociada, ribera norte, Tierra del Fuego, Islas Australes y Mar Austral chileno. Finalmente, los problemas actuales responden, en parte, a descuidos propios: baja inversión en infraestructura, presupuesto regional insuficiente y presencia naval discontinua.

Por Teodoro Ribera, Rector Universidad Autónoma de Chile y ex ministro de Relaciones Exteriores