SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno del Presidente Kast ha iniciado la excavación de una zanja en la frontera entre Chile y Perú, una medida de alto costo fiscal en un contexto que el propio Ejecutivo ha calificado como de estrechez económica y emergencia nacional. Si bien el objetivo de avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular es plenamente compartido, cabe preguntarse si la herramienta escogida es la adecuada, pues, más allá de la satisfacción que sectores de la población sentirán al ver que el gobierno actúa concretamente, tememos estar ante un actuar más impulsivo que efectivo.

La evidencia comparada y la propia experiencia chilena han mostrado que, en contextos de migración forzada, el aumento de barreras físicas y restricciones regulatorias no detiene los flujos, sino que los desplaza hacia rutas más peligrosas y clandestinas. Ello no solo incrementa la vulnerabilidad de las personas migrantes, sino que además fortalece las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con efectos directos en la seguridad pública al potenciarse el uso de otras vías irregulares aún más recónditas y peligrosas, por las cuales se trafican personas, armas y drogas.

Más allá de su impacto simbólico, medidas como esta difícilmente abordan el problema de fondo. Por el contrario, arriesgan profundizarlo.

Con respeto, cabe invitar al Ejecutivo a orientar sus esfuerzos hacia políticas y marcos normativos que incentiven efectivamente el ingreso regular, la adecuada gestión migratoria y la regularización de quienes ya se encuentran en el país, resguardando así —de manera real y no meramente declarativa— tanto la seguridad nacional como el respeto al Estado de Derecho.

Francisca Vargas

Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP