SEÑOR DIRECTOR:

La reasignación de recursos desde la educación superior hacia la educación parvularia que propone la Ley de Presupuestos 2027 ha abierto un intenso debate. Quienes se oponen destacan el aporte de las universidades en la formación e investigación, algo innegable, pero que no elimina la necesidad de priorizar cuando la primera infancia lleva años postergada. Las cifras lo confirman: en la última década, el gasto público en educación superior creció un 5,5% real anual promedio, mientras que en parvularia la variación fue prácticamente nula (−0,1%).

Buena parte de este incremento se explica por la gratuidad, que hoy representa un 56,7% del presupuesto de educación superior. Desde las universidades se argumenta que sus aranceles regulados no cubren el costo real de las carreras y que las instituciones deben financiar la diferencia. Solo en la UC, esa brecha rondaría los $20 mil millones anuales. El problema, entonces, va más allá de una reasignación, revela fallas estructurales en el diseño de la gratuidad, y lo razonable sería aprovechar esta discusión para reformarla.

Según la Casen 2024, el 18,4% de los beneficiarios de la gratuidad está fuera de la población objetivo, lo que implica un gasto fiscal cercano a $373 mil millones en estudiantes que no cumplen los requisitos socioeconómicos. Desde Horizontal proponemos un nuevo mecanismo de acceso, con una salida gradual del beneficio según los ingresos, que desincentive el comportamiento estratégico y haga un mejor uso de los recursos fiscales.

Las inquietudes de las universidades son comprensibles, pero deberían abrir una discusión sobre el diseño de la gratuidad que permita atender sus dificultades sin volver a postergar a la primera infancia. Al fin y al cabo, las brechas que separan a quienes llegan a la educación superior de quienes no lo logran se abren en los primeros años de vida, mucho antes de rendir la PAES.

Fernanda Castillo

Investigadora de Horizontal