Sección: Opinión
Los erráticos predicamentos del Ejecutivo abren inconvenientes dudas respecto de la voluntad para revocar las pensiones de gracia de todos aquellos que cuentan con antecedentes penales, sin distingos discrecionales.
Se trata de una enorme inequidad que exige ser abordada con prontitud, pues el país no puede acostumbrarse a estas cifras.
