La conmoción que ocasionó el asesinato con arma blanca de una inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta (Calama) a manos de un estudiante del establecimiento -donde también resultaron heridos otra inspectora y tres alumnos- ha reabierto con especial crudeza el debate sobre el aumento de la violencia en los colegios y la forma en que el Estado y la sociedad deben enfrentar un problema de esta naturaleza.

Este caso adquiere ciertamente especial dramatismo por sus consecuencias fatales, pero lo cierto es que en los últimos años son varios los episodios de violentas riñas con elementos punzantes al interior de los establecimientos, o de estudiantes que han sido sorprendidos con armas de fuego. De hecho, las denuncias por porte ilegal de armas al interior de los colegios aumentaron a nivel nacional en cerca de 400% entre 2014 y 2024, lo que indica que la posibilidad de ser víctima de un ataque ha aumentado significativamente. Solo ayer tuvo lugar un nuevo episodio de este tipo en Curicó, donde un alumno fue sorprendido portando un arma de fuego, afortunadamente sin que se produjeran incidentes. Ello no hace más que ilustrar la facilidad con que se pueden ingresar armas a los colegios y los riesgos a los que potencialmente se puede ver expuesta toda la comunidad escolar.

Desde luego, en la sociedad se percibe un clima de mayor violencia en todos los planos, lo que inevitablemente termina replicándose también en los propios colegios, que por esencia deberían ser espacios protegidos y donde se cultiven valores como el respeto y la tolerancia. El hecho de que no solo se estén multiplicando las agresiones entre los alumnos, sino también vayan en aumento los casos de golpizas e insultos hacia los profesores, como asimismo la proliferación de grescas entre los propios apoderados, dan cuenta de que este cuadro de violencia muchas veces surge desde las propias familias, y es por lo tanto tarea de toda la sociedad tomar conciencia de ello y velar por recuperar aspectos clave como la disciplina y el respeto al otro.

Inevitable resulta asimismo hacerse cargo de los crecientes problemas de salud mental que se observan en niños y adolescentes, aspecto que es reconocido por los propios directores de establecimientos, pero donde las herramientas y recursos con que se cuentan para enfrentar este problema se hacen escasos. Es habitual que en aquellos casos de alumnos con conductas muy violentas exista todo un historial previo que fue dando señales de ello, y que de haber sido pesquisado a tiempo o tratado de manera adecuada su desenlace podría haber sido distinto.

La búsqueda de soluciones de fondo a la violencia no puede en todo caso esgrimirse como excusa para no avanzar en una serie de medidas preventivas que brinden mayor seguridad en los colegios. En ese orden de cosas, es acertado que el gobierno haya tomado la decisión de apoyar a los colegios que decidan contar con detectores de metales, para cuyos efectos se busca agilizar el reglamento de la nueva ley sobre convivencia escolar, que entre otros aspectos autoriza contar con estos dispositivos. Asimismo, también debe evaluarse la propuesta de la autoridad en orden a buscar introducir cambios legales que entreguen la facultad para inspeccionar las mochilas de los estudiantes. Si bien estas no constituyen soluciones de fondo a la violencia, sin duda permitirían atenuarla.