La fuerte caída que ha experimentado el Fondo E de las AFP -entre enero y septiembre acumula un retorno negativo de 10,39%, lo que implica una pérdida de valor que supera los US$ 7 mil millones- ha despertado duros cuestionamientos hacia las administradoras, en particular porque la principal causa del desplome se debe al uso excesivo de derivados financieros, lo que en vez de funcionar como una protección para los ahorros de los trabajadores, terminó amplificando excesivamente los niveles de riesgo, sin que hasta aquí se hayan entregado explicaciones satisfactorias de cómo fue posible consentir que se haya llegado hasta este punto, a pesar de las reiteradas advertencias que formuló el propio Banco Central -también el regulador de las AFP- en cuanto a la creciente exposición al riesgo en que se estaba incurriendo.

Parece evidente que, a la luz del comunicado emitido por la Asociación de AFP, así como de las declaraciones de algunos de sus ejecutivos, es claro que las administradoras no han dimensionado el impacto que esto tiene en su propia reputación -dimensión que queda aún más de manifiesto cuando además las AFP aparecen ganando dinero mientras los afiliados pueden enfrentar pérdidas-, a lo que cabe agregar el daño objetivo que se ha causado sobre el ahorro de miles de trabajadores.

El gremio atribuye estos resultados al súbito incremento que han experimentado las tasas de largo plazo a nivel internacional, al tiempo que también han buscado instalar la idea de que en realidad no hay una “pérdida” en los fondos previsionales, porque los activos en que están invertidos mantienen las condiciones fijadas al momento de la inversión, de modo que una vez que comiencen a normalizarse las tasas los precios de dichos activos se revalorizarán y con ello se irán recuperando las pérdidas, tal como ya ha ocurrido en la historia de los fondos previsionales. Además, han señalado que la mayor parte de quienes están en el fondo E son trabajadores de entre 30 y 45 años -solo un 10% tiene más de 60 años-, lo que les da un amplio tiempo para recuperarse de estas caídas.

Si bien es efectivo que el alza de las tasas largas está ocasionando trastornos en la renta fija internacional, es sorprendente que el gremio no se haga cargo de la imprudente exposición al riesgo en que se incurrió a pesar de las advertencias formuladas por el instituto emisor en sus informes de estabilidad financiera, y desde luego resulta también desafortunado que se minimice el impacto sobre los ahorros de los afiliados, en especial de quienes están próximos a pensionarse, para los que difícilmente habrá espacio de recuperación y en su caso será una pérdida efectiva. Sin perjuicio de que el fondo E es de afiliación voluntaria, cabe no perder de vista que este fue creado precisamente para acotar los niveles de riesgo y así cuidar el capital previsional, diseño que en los hechos fue vulnerado al quedar dicho fondo demasiado expuesto a los vaivenes del mercado, cuestionamiento que sigue siendo válido aun si durante un tiempo la apuesta resultó rentable, porque ello se estaba consiguiendo a costa de un riesgo desmedido para un fondo por naturaleza conservador.

También resulta discutible la excusa de que el incremento de las tasas largas, responsable de la pérdida de valor de los fondos, a su vez esté implicando un mejoramiento en las condiciones en que se van a pensionar los afiliados. Algunas estimaciones indican que la tasa de la renta vitalicia ha subido apenas 0,09 puntos porcentuales en el año, mientras que el fondo E se hundió más de 10%, lo que sugiere que el potencial efecto benéfico de las mayores tasas -en la medida que se mantengan- tomará tiempo en traspasarse a las pensiones.

Dentro de las múltiples aristas que el caso ha abierto, desde luego será indispensable conocer el rol que jugaron los respectivos directorios de las administradoras, donde entre otras interrogantes se deberá despejar cómo se evaluó el nivel de riesgo, si hubo intentos por tomar medidas correctivas antes de que el regulador instruyera a partir de abril de este año corregir esta inversión en derivados, y qué decisiones se adoptaron frente a las advertencias que recibieron de distintas instituciones. Resultaría prematuro aventurar que hubo manejos irregulares -en todo caso, parlamentarios de oposición han presentado denuncias para que se indague un posible caso de administración desleal, tomando en cuenta que hubo advertencias previas-, lo que no obsta para exigir el máximo de transparencia y que los ejecutivos de las administradoras asuman la responsabilidad de explicar pormenorizadamente ante los dueños de los ahorros las decisiones que afectaron su rentabilidad.

Por el lado de la regulación del sistema también se han abierto flancos que ameritan ser abordados, porque si bien es valorable que el Banco Central y la Superintendencia de Pensiones hayan levantado alertas -y que en el caso de esta última impulsara una nueva regulación cuando ya fue evidente que las administradoras no estaban voluntariamente haciéndose cargo del problema-, quedan dudas sobre la efectividad de la supervisión del sistema, tomando en cuenta que al parecer no hubo mayor agilidad para detener a tiempo riesgos que la propia autoridad había detectado. En ese orden de cosas, deberá despejarse si ello fue producto de lenidad, facultades regulatorias insuficientes u otras razones.

Tampoco podría pasarse por alto que en esta ocasión ha sido muy nítido el impacto del llamado “efecto manada”, donde bastó que una AFP optara por la estrategia de derivados para que el resto se plegara. Es cierto que la actual regulación incentiva a actuar de esa forma, porque el riesgo de aparecer bajo la rentabilidad mínima expone a una AFP a duras sanciones compensatorias, pero no es posible soslayar las implicancias de que todas sigan estrategias de inversión muy similares. Los fondos generacionales -de próxima implementación- podrían ser una forma de crear incentivos para una mayor diferenciación, pero a la luz de esta negativa experiencia sería pertinente evaluar si con esta reforma será suficiente para lograr dicho objetivo, lo mismo respecto de la correcta evaluación y supervisión de los riesgos.

Las AFP deben ser conscientes de que tropiezos de este tipo dañan profundamente la confianza en el sistema, y por supuesto hacen inevitable que se reabra la discusión de si frente a pérdidas cuantiosas -sobre todo si de algún modo pudieron ser evitadas- corresponde el cobro íntegro de comisiones.