El próximo 27 de junio, el mundo conmemora el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, una fecha impulsada por la ONU que reconoce el rol clave de las pymes en la economía global. Pero más allá de la efeméride, vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿Realmente estamos valorando a las pymes como decimos?

Las cifras son claras. A nivel mundial, las mipymes representan cerca del 90% de las empresas, generan entre el 60% y el 70% del empleo y aportan aproximadamente el 50% del PIB. En Chile no es distinto, ya que más del 98% de las empresas son mipymes y generan cerca del 65% del empleo formal. No estamos hablando de un actor secundario, sino más bien del corazón productivo del país. Sin embargo, sigue funcionando con obstáculos que no deberían existir.

Uno de los avances más relevantes en los últimos años fue la Ley de Pago a 30 días. Esta normativa vino a corregir una práctica que por décadas fue normalizada donde las pymes financian a las grandes empresas, esperando meses para recibir pagos por servicios ya entregados. La ley estableció un plazo máximo de 30 días, incorporando intereses por mora y mecanismos de fiscalización.

Fue, sin duda, un paso importante, porque instaló algo que parecía obvio, pero que antes no lo era: el tiempo de las pymes vale. Pero la realidad, como suele pasar, es más compleja que la ley escrita.

Hoy vemos cómo, en muchos casos, se siguen utilizando resquicios para extender los plazos. Acuerdos “entre partes” que en la práctica no son tan voluntarios, condiciones que se imponen desde posiciones de poder, y una fiscalización que todavía no logra ser lo suficientemente disuasiva. El resultado es que las pymes siguen esperando, ajustando caja, endeudándose o postergando decisiones clave para poder sobrevivir.

Aquí hay algo que no podemos seguir ignorando, ya que el problema no es sólo normativo, sino que estructural. La relación entre grandes empresas y pymes sigue marcada por una profunda asimetría y mientras esa brecha no se aborde, cualquier avance legal tendrá un techo. Por eso, cuando hablamos de trato justo, no basta con tener una buena ley, sino que necesitamos que se cumpla. Para eso, hay al menos tres desafíos urgentes:

Primero, fortalecer la fiscalización y la transparencia. Para ello es necesario que las empresas que no cumplen enfrenten consecuencias reales y visibles, para que pagar fuera de plazo deje de ser una práctica tolerada y pase a ser una excepción sancionada.

Segundo, avanzar hacia un cambio cultural, porque pagar a tiempo no es un gesto de buena voluntad, es una obligación ética y una condición mínima para un mercado sano. No puede ser que en pleno 2026 todavía tengamos que recordar algo tan básico.

Y tercero, entender que las pymes no sólo necesitan que les paguen a tiempo, sino condiciones para crecer como acceso a financiamiento, digitalización, menos burocracia y políticas públicas que realmente entiendan su realidad, especialmente en regiones. Porque aquí hay otro punto clave, ya que muchas de estas empresas no están en Santiago, están en comunas donde emprender es aún más difícil, donde cada peso cuenta y donde los retrasos en pagos pueden significar cerrar o seguir.

En este día de las Mipymes, más que discursos, lo que se necesita es coherencia. No podemos seguir diciendo que las pymes son el motor de Chile mientras las dejamos funcionando con el freno de mano puesto. Si queremos un país que crezca de verdad, que se desarrolle con equidad y que genere oportunidades reales, entonces el trato justo a las pymes no puede ser opcional, tiene que ser la regla.