Gonzalo Blumel: “La crisis no se ha superado, quizá tome años, pero tenemos un camino y eso es lo importante”

Gonzalo Blumel

El exministro del Interior, Gonzalo Blumel (Foto: Mario Tellez / La Tercera)

A un año de la firma del "Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución", el exministro del Interior reivindica las tratativas que impulsó y que abrieron el camino para renovar la Carta Fundamental. "La única forma de poder enfrentar la amenaza de quiebre (que significó el estallido social) fue poner en discusión nuestro pacto social", sostiene.




Casi cuatro meses demoró el exministro del Interior Gonzalo Blumel en retomar actividades laborales. Lo hizo hace unos días al aceptar sumarse a Horizontal -think tank vinculado a Evópoli-, donde elaborará propuestas de reformas al Estado. Allí lo sorprende el primer aniversario del “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución” que el hoy exministro califica como “un primer paso” para superar la crisis derivada del estallido social de octubre de 2019.

¿Será candidato a la convención constitucional?

No es algo que lo tenga como parte de mi proyecto vital en este momento, pero tampoco me cierro a esa posibilidad. Hoy, mi aporte lo estoy haciendo desde el mundo de las ideas.

Hoy domingo se cumple un año del acuerdo del 15 de noviembre y usted ya no está en La Moneda, se realizó el plebiscito y el país se embarcó en una ruta constituyente. ¿Cuál es su balance?

Es bueno recordar el contexto en que se dio el acuerdo. Me tocó asumir como ministro del Interior el 28 de octubre, en medio del período más álgido de la crisis social, y enfrentábamos un cuadro muy complejo en lo social, con manifestaciones masivas; en lo político, el diálogo estaba estancado y había una grave crisis de orden público, de violencia callejera sin precedentes por lo menos en los últimos 30 años. El mandato que recibí del Presidente fue reconstruir los puentes de diálogo para poder sentar las bases de un acuerdo que pudiese reconducir la crisis desde la calle hacia las instituciones democráticas y, por otra parte, avanzar en la recuperación del orden público, que es una garantía democrática fundamental.

El pacto se resolvió finalmente en el Congreso, con La Moneda en un lugar secundario. ¿Cuál fue en particular el rol que le correspondió desempeñar?

El acuerdo que se selló el 15 de noviembre se empezó a trabajar mucho antes. Apenas asumí como ministro del Interior establecí una secuencia de diálogos con Chile Vamos y la oposición. Había tres elementos que cruzaban la discusión: la necesidad de trazar una hoja de ruta social para mejorar pensiones, salud, sueldos de los trabajadores, etc; cómo recuperar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos y, el tercer ámbito, fue el debate constitucional que estaba presente de antes, quizás no en la ciudadanía, pero en los actores políticos y sociales ya estaba presente. El acuerdo surge de una discusión donde habían posiciones bastantes divergentes y la tarea fundamental del gobierno y mía como ministro del Interior fue tender puentes para lograr los acercamientos que finalmente fueron facilitando la construcción del acuerdo.

Frente al plebiscito, la derecha se dividió entre el Apruebo y el Rechazo, lo que supone que hubo dificultades para lograr que Chile Vamos se allanara a un acuerdo político como el que resultó. ¿Cómo recuerda esas horas? ¿Cuán difícil fue convencer al oficialismo de pactar con la oposición?

En esos días tuvimos varias reuniones con los jefes de bancadas, con el comité político de Chile Vamos, donde se empezó a generar una mirada de que había que abrirse a este debate. Por supuesto que estas discusiones fueron intensas, a ratos bastante tensas. Todo el país, la sociedad estaba tensa y Chile Vamos no iba a ser la excepción. Pero hay que reconocer que el liderazgo del Presidente permitió que la coalición lo acompañara en este esfuerzo. Sin la unidad de Chile Vamos no hubiera habido acuerdo constitucional, el que mirándolo a un año de distancia permitió encauzar la crisis, bajar la tensión y, lo más importante, reconducir el conflicto de octubre desde la calle a las instituciones democráticas en forma pacífica.

Sin la unidad de Chile Vamos no hubiera habido acuerdo constitucional, el que mirándolo a un año de distancia permitió encauzar la crisis, bajar la tensión y, lo más importante, reconducir el conflicto de octubre desde la calle a las instituciones democráticas en forma pacífica".

No es un misterio que la UDI tenía reparos a abrir un debate constitucional. ¿Qué cree que pesó en su decisión de plegarse? ¿Fue la amenaza de que el gobierno podía caer?

Más que la amenaza de que el gobierno podía caer lo que enfrentamos en octubre y noviembre fue una prueba al sistema democrático en su conjunto, no solo al gobierno, sino a todas las instituciones democráticas. Siento que tanto en la UDI como en el resto de los actores políticos, salvo la izquierda más extrema, pesó una mirada genuina de país y lo que vi fue un sentimiento de lograr un acuerdo político para poder encauzar la crisis. Lo valioso del acuerdo de noviembre del año pasado es que permitió que diésemos una salida democrática y pacífica dentro del marco institucional, en el sentido de que predominó el uso de los mecanismos de la democracia representativa por sobre el uso de la coacción, de los mecanismos de fuerza, que es lo que de extremos de lado y lado pretendían.

¿No pensó en la posibilidad de que el gobierno cayera?

Eso es política ficción. No sé si alguien tiene una bola de cristal para saber qué hubiera pasado. El contrafactual no lo vamos a conocer nunca, pero lo que sí sabemos es que enfrentamos las horas más críticas de la democracia al menos desde el 90 a la fecha y, posiblemente, en medio siglo. Y creo que Chile logró sortearlas razonablemente bien. Por supuesto, todavía hay riesgos presentes, hay muchísimas dificultades, la crisis no se ha superado, quizás tome años, pero tenemos un camino y eso es lo importante. Hace unos días participé en un seminario donde un analista decía que lo de Chile es interesante, porque los países de la región han enfrentado crisis muy profundas en los últimos meses, el caso de Perú que ha tenido tres presidentes, Bolivia, Ecuador, Colombia, ni hablar de Venezuela, y el caso chileno, se señalaba en el seminario, es posiblemente el único caso donde se definió un mecanismo institucional para abordar una crisis de gran envergadura. Eso tiene un valor en sí mismo que hay que recoger.

¿Qué pasó con los militares en esos días? Se ha afirmado que pusieron condiciones en caso de que se decretara un nuevo estado de excepción…

Más allá de los trascendidos, los mitos e historias que se tejen con el tiempo, lo primero es que el Presidente de la República planteó un compromiso de buscar mecanismos institucionales para superar la crisis y hacer lo posible por evitar un nuevo estado de excepción constitucional. Dicho eso, no tengo ninguna duda de que las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad son absolutamente respetuosas de la institucionalidad, de la autoridad presidencial no deliberante y, en consecuencia, hubiesen cumplido y lo harán siempre, su mandato de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional y jurídico.

También estuvo sobre la mesa que usted y el comité político, en ese entonces, amenazaron con renunciar si el Presidente convocaba a un nuevo estado de excepción…

No, eso es falso. El comité político y los ministros siempre cumplimos nuestras obligaciones y trabajamos con el máximo sentido de equipo bajo la autoridad presidencial.

El Presidente siempre recuerda que se encerró solo unos minutos en su oficina para tomar la decisión. ¿Cómo recuerda al Presidente en esas horas?

Llevábamos un par de semanas muy difíciles. Ese día, en particular, también fue muy difícil, porque había un llamado a huelga general de la Mesa de Unidad Social y eso produjo hechos en todo el territorio nacional muy complejos, alteraciones gravísimas del orden público. Fue uno de los peores días después del 18 de octubre y había razones fundadas para evaluar un estado de excepción constitucional. El Presidente tenía, en esencia, dos alternativas: la primera era convocar un estado de excepción constitucional que ponía en severos riesgos la posibilidad de un entendimiento político, y la otra alternativa era perseverar en esta ruta que se había trazado y que se había, además, concordado con Chile Vamos, de buscar un entendimiento constitucional. También, en esos días ya habíamos logrado marcos de entendimiento muy importantes, liderados por el ministro de Hacienda en cuanto a la Reforma Tributaria y a la Ley de Presupuesto, que permitió impulsar un conjunto de medidas sociales demandadas por la ciudadanía. Habíamos generado marcos de entendimientos sociales y económicos y estaba pendiente la concreción de un marco de entendimiento constitucional, por lo tanto, el Presidente, a mi juicio, tomó la decisión correcta y difícil, optó por el camino institucional y democrático para resolver la crisis.

¿Cómo veía usted a la oposición?

Diría que en la oposición, como se ha visto durante todo este mandato presidencial, predominaban dos almas: una mayoritaria que abogaba por la búsqueda de un entendimiento que uno podría reflejarla en la actitud del presidente del Senado, Jaime Quintana; en el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe; en parlamentarios de la DC, algunos del PS, incluso en algunos actores del FA, que hicieron genuinos esfuerzos para buscar un entendimiento, pero hay que reconocerlo, había sectores de la izquierda no socialdemócrata, con muy bajas convicciones democráticas, particularmente del PC y del FA, que posiblemente no renunciaban a la tentación de ver caer al gobierno y que calificaron el acuerdo del 15 de noviembre como una cocina o traición a la ciudadanía. Hoy resulta bastante paradójico que esos mismos intentan apropiarse del acuerdo y el proceso constitucional, siendo que en ese momento lo rechazaron. La historia, me imagino, sabrá juzgar a quienes optaron por la vía institucional y a quienes buscaban atajos o caminos que escapaban de la vía institucional y democrática.

La historia, me imagino, sabrá juzgar a quienes optaron por la vía institucional y a quienes buscaban atajos o caminos que escapaban de la vía institucional y democrática".

El acuerdo del 15 de noviembre es criticado por sectores del oficialismo donde se sostiene que el Presidente terminó entregando la Constitución cuando pudo haber un camino alternativo, que se pagó un sobreprecio a la oposición, que antes del estallido social el cambio constitucional no formaba parte de las demandas ciudadanas. ¿Cómo usted se fue convenciendo de que ese era el camino?

Entiendo los temores y las preocupaciones que existen en los partidarios del gobierno y en quienes adhieren a la centroderecha. Este es un camino que no está exento de riesgo y es correcto que no estaba en la hoja de ruta inicial, pero hasta ahora no se ha inventado nada distinto ni mejor a la búsqueda de acuerdos políticos para poder resolver las crisis políticas y desde ese punto de vista se hacía evidente la necesidad de un acuerdo que permitiese recomponer nuestro pacto social. Este enfrentó una fractura profunda y amenazó con quebrarse y la única forma de poder recomponerlo era a través de un acuerdo político que nos permitiese poder discutir las bases de nuestro pacto social, y eso, en esencia, es la Constitución. Si uno lo mira a un año de distancia, lo que tenemos es una nueva hoja de ruta que fue validada y respaldada por la ciudadanía, una reducción de la violencia y una deslegitimación de los actores que promueven la violencia, claro que no con toda la fuerza que a uno le gustaría. El plebiscito da cuenta de una ciudadanía que respalda este proceso y no reniega de estos 30 años, pero entiende que de forma participativa tenemos que abrir una conversación para sentar las bases de los próximos 30 años.

¿No había otra alternativa para superar la crisis que el acuerdo constitucional?

Desde un primer momento el gobierno y el Presidente buscaron múltiples alternativas. Al día siguiente del estallido, el gobierno puso marcha atrás en el alza del precio del transporte público. A los cuatro días el Presidente pidió perdón en cadena nacional por la falta de visión política como Jefe de Estado y anunció una agenda social para abordar las principales demandas de la ciudadanía. Asimismo, hubo un esfuerzo por avanzar lo más rápido posible para recuperar el orden público, pero lo que predominó en los distintos actores fue que había que tener este debate constitucional y generar los puntos de acuerdo respecto de las distintas posiciones. Si había otras opciones hoy ya no tiene sentido discutirlo, porque estamos embarcados en un proceso respaldado por la ciudadanía.

Hoy se cumple un año del acuerdo por la paz y por una nueva Constitución.

El proceso constituyente aparece impuesto al Presidente, una suerte de derrota finalmente…

Hay sectores de izquierda que le gustaría dejar de lado al Presidente Piñera de la construcción de este acuerdo, pero no tengo ninguna duda de que cuando se escriba esta historia, en un tiempo más, de forma más objetiva y desapasionada, va a quedar siempre el 12 de noviembre (cuando el Presidente llamó a un acuerdo) como el hito fundamental para poder materializar este acuerdo tan solo 48 horas después.

Algunos señalan que, en términos concretos, el gobierno del Presidente Piñera terminó cuando se firmó el acuerdo constitucional y se instaló una suerte de parlamentarismo de facto. ¿Qué le parece a usted esa afirmación?

No la comparto para nada. A partir del acuerdo de noviembre, las tareas del gobierno se volvieron más complejas. Por supuesto que cambiaron las circunstancias, las prioridades, pero los gobiernos tienen que asumir las circunstancias en las que se encuentran. Es cierto que la crisis del 18 de octubre no estaba en el programa de gobierno, ni la pandemia ni la recesión económica que estamos enfrentando, que es la mayor en 30 o 40 años menos, pero el gobierno tiene una tarea fundamental que es enfrentar el itinerario constitucional y también el escenario sanitario y recuperar la economía. El gobierno tiene una tarea gigantesca de una envergadura inconmensurable, como ningún gobierno anterior, por lo tanto, bajo ningún punto de vista ha terminado su tarea. Hay obligaciones importantísimas que no obstan de que, efectivamente, hay un Parlamento que no está funcionando de la mejor forma y está yendo más allá de lo que son sus atribuciones constitucionales y legales en bastantes materias.

Es evidente que la voz del gobierno es cada vez más irrelevante. Hoy mismo plantea una postura frente a un tema y ni su propia coalición lo acompaña en ese tema…

Sí, hay dificultades, pero eso no significa que el gobierno haya terminado sus labores.

¿Le parece que hay garantías suficientes para llevar adelante el proceso constitucional? Hay polarización, en el Congreso no se respetan las reglas …

Hay desafíos y complejidades sobre la mesa y creo que hay al menos dos que son de gran preocupación: lo primero, algo que denominaría la mala fe constitucional, que el acuerdo de noviembre se materialice alejado del principio de buena fe, que -por ejemplo- no haya lealtad con las reglas del juego para que el proceso tenga legitimidad. No podemos permitir que surjan propuestas como acortar el periodo presidencial, disolver el Congreso o declarar por muerta la actual Constitución. Eso quedó explícitamente establecido en el acuerdo del 15 de noviembre y, por lo tanto, esas voces que surgen de algunos actores de la izquierda debiesen ser aisladas y rechazadas con convicción, porque traicionan algo fundamental en democracia que es el estricto cumplimiento de las reglas del juego. Lo mismo con la deslegitimación moral que algunos pretenden sobre algunos actores en el proceso constituyente. Todos tienen derecho a participar, todos deben participar, todas las voces deben ser escuchadas. No es aceptable que, por ejemplo, a los partidarios del Rechazo se les está denegando la participación en el proceso constituyente o no es admisible que algunos pretendan que los partidos políticos y los actores políticos estén fuera del proceso constituyente, porque la democracia es con partidos y estos más allá de la mala salud que hoy tienen, son fundamentales. Este no puede ser de ángeles y demonios, con funas y coacción para impedir que las opiniones se expresen libremente. Tiene que haber genuina voluntad de deliberación y buscar acuerdos. El segundo riesgo que veo es lo que se podría denominar buenismo constitucional. La Constitución, lo que hace es cómo se organiza y distribuye el poder, cómo se protegen los derechos de las personas, cómo se establecen las bases fundamentales de la convivencia democrática. Por lo tanto, no es la Constitución el lugar donde se van a resolver todos los problemas, donde se van a establecer todas las ilusiones y sueños, porque esa no es la función. Hay que cuidar las expectativas, no crear falsas ilusiones y evitar las tentaciones populistas.

Eso de tentaciones populistas no está sólo en la centroizquierda…

La tentación de saltarse las reglas del juego o deslegitimar moralmente a los actores del debate democrático no es algo propio de Chile, es un fenómeno global que la literatura ha estudiado, de hecho hay autores que señalan que hoy las democracias fracasan no por golpes de fuerza o agentes externos, sino por un deterioro interno basado en estas dos fuerzas fundamentales: hacer trampa y la deslegitimidad que algunos actores les entregan a otros actores. El populismo obviamente no es patrimonio de un sector, hay una izquierda populista y también lamentablemente se aprecia en sectores de centroderecha. El populismo es hoy el principal enemigo de la democracia.

En términos gruesos, uno podría pensar que la mitad de los adherentes de la centroderecha estuvieron por el Apruebo".

Se lo comentaba por lo que pasó nuevamente con el retiro del 10% de los fondos previsionales…

Sin entrar a comentar la contingencia específica, una coalición de derecha como Chile Vamos lo primero que debiese siempre resguardar es el buen funcionamiento de las reglas institucionales y el estricto respeto a nuestra Constitución y las leyes que nos rigen. En consecuencia, las iniciativas que, en definitiva, buscan atajo a la institucionalidad debieran ser rechazadas, en particular por los parlamentarios y adherentes de Chile Vamos. Nunca hay que confundir los fines con los medios. Los fines pueden ser muy loables y la gente necesita ayuda y hay que brindarla. Discutamos dentro de las reglas del juego cómo les llevamos la ayuda y les damos más tranquilidad , certidumbre y facilidades a las familias que lo están pasando mal.

El Rechazo ganó en tres comunas emblemáticas donde es evidente el voto de la centroderecha. ¿Cómo lo interpreta usted?

No es tan mecánicamente asimilable las votaciones históricas de los conglomerados con lo del plebiscito, porque si de hecho, uno hace la cuenta, el 80% estuvo a favor del Apruebo y el 20% del Rechazo, y la votación histórica de la centroderecha es 40%. En términos gruesos, uno podría pensar que la mitad de los adherentes de la centroderecha estuvieron por el Apruebo. Es cierto que hubo tres comunas donde predominó el Rechazo, pero también hubo lugares donde históricamente la votación de la centroderecha ha sido fuerte y triunfó mayoritariamente la opción del Apruebo, como el caso de La Araucanía. Creo que hay que ser cuidadoso en las interpretaciones que se hacen y las razones que se esgrimen para las decisiones que toman los electores y, en cualquier caso, hay que respetar las opciones que tomaron los del Apruebo y los del Rechazo. Si el plebiscito es legítimo, ambas opciones también son legítimas.

Fue bueno lo que ocurrió en el plebiscito, porque mostró un país que no está polarizado y a una ciudadanía que quiere participar democráticamente, y que con ello aísla a los violentistas. El tiempo ha ido dando la razón en el sentido de que el acuerdo del 15 de noviembre fue la decisión correcta en circunstancias difíciles. El Presidente optó por el camino correcto, institucional, democrático. Fue, insisto, generosamente acogido por la mayor parte de los sectores políticos, quizás no todos, pero la mayor parte de la centroizquierda y derecha y hoy tenemos una hoja de ruta para avanzar. Ahora, creo que el acuerdo de noviembre fue solo un momento y no una tendencia. Hubo algunos momentos posteriores, como cuando logramos en junio alcanzar un acuerdo para afrontar la pandemia, el acuerdo Covid, donde los mismos sectores lograron acordar una hoja de ruta económica y social para enfrentar la crisis que estaba produciendo la pandemia. Pero lo que uno ha visto es que ese espíritu se ha deteriorado y volvió la polarización y uno echa de menos el rol de la centroizquierda, el rol moderador de las banderas socialdemócratas, pero lo que hoy vemos es que la centroizquierda no solo se ha transformado en un caso de estudio de aniquilación de su historia política, sino también de abdicación de sus banderas más tradicionales. En el acuerdo del 15 de noviembre, hasta cierto punto hubo un revival de esa centroizquierda socialdemócrata de convicciones democráticas, pero posteriormente eso se debilitó y lo que uno ve es que muchas veces van al ritmo de la izquierda más radicalizada, del PC y algunos sectores del FA.

El acuerdo constitucional generó un desgarro en parte de la centroderecha que le enrostra haber entregado la Constitución. ¿Ello agotó su capital político en el sector?

Comprendo las posiciones divergentes en cuanto al tema constitucional, pero lo que es justo decir, es que quizás el debate estuvo en torno de convocar o no una convención constitucional, porque donde no había diferencia en Chile Vamos fue en la necesidad de discutir los temas constitucionales. Se planteó en un primer momento hacerlo a través de un congreso constituyente, la izquierda quería una asamblea constituyente y, finalmente, terminamos en el esquema de una convención constitucional. Hubo posiciones distintas, con razones fundadas, creo que finalmente el país ha iniciado un proceso constitucional que es importante y valioso y, creo yo, va a darnos una oportunidad de superar democrática y pacíficamente la crisis. Chile Vamos tiene que asumir el desafío con la conciencia histórica de lo que significa y teniendo a la vista las consecuencias que ello representa, porque finalmente vamos a discutir sobre las bases fundamentales de la institucionalidad, cómo se organiza el poder, cómo se distribuye el poder y cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de la comunidad política, y eso es de una profundidad tal que requiere que la coalición esté a la altura del desafío.

Blumel luego de dejar de ser ministro del Interior, cuando asumió el ahora también exministro Víctor Pérez.

¿Esa desafección con parte del oficialismo fue la que le costó la salida del gabinete meses después? A usted que le gustan las alusiones deportivas, habría que decirle que contaba con la confianza del entrenador…

No voy a hacer alusiones futbolísticas que puedan ser objeto de crítica, pero las razones se las planteé personalmente al Presidente de la República. Lo que pasa es que posiblemente las tensiones propias de lo que significó octubre fueron generando un desgaste que hicieron compleja la relación entre el oficialismo y el gobierno. Y el gobierno puede tener muchas dificultades con la oposición, pero lo que no puede tener es dificultades de gobernabilidad por conflictos con la propia coalición. Por eso el Presidente estimó necesario -y yo compartía ese diagnóstico- reforzar la presencia de los partidos estructurantes de la coalición dentro del gabinete con aquellas figuras de mayor trayectoria, y yo espero que en algún momento eso dé resultados. Que, en definitiva, la coalición cobre conciencia de que está presente en el gobierno y que el buen éxito del gobierno también va a ser el buen éxito de la coalición. Si al fin y al cabo la gran mayoría de los ministros y subsecretarios son distinguidos militantes de los partidos del gobierno, y por lo tanto, el destino del gobierno y la coalición, el éxito y el fracaso están íntimamente ligados.

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