Tres años, tres causales: las fallas de la ley de aborto

Sofía Bolívar (38), abortó por inviabilidad fetal.

03.03.2020 ENTREVISTA A SOFIA BOLIVAR FOTO: JUAN FARIAS/ LA TERCERA

En septiembre se cumplen tres años de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con 1.535 casos constituidos desde 2017, el desconocimiento de los protocolos, la falta de capacitación y la ambigüedad en las evaluaciones médicas siguen siendo las principales falencias, que no han sido corregidas por una fiscalización adecuada.




Fue el 15 de noviembre del año pasado cuando el test de embarazo de Sofía Bolívar (35) dio positivo. De nacionalidad venezolana, al igual que su pareja, llegó a Chile en 2019 y hace tiempo que planeaban tener un hijo juntos. Aunque las cosas iban bien en un principio, en la semana 10 le detectaron a su hija un pequeño higroma quístico nucal -un trastorno al sistema linfático que involucra al corazón-. Con el paso del tiempo, el nódulo fue creciendo, hasta superar el tamaño máximo para un desarrollo normal. La condición del feto entró así en la lista de alteraciones estructurales que justifican la interrupción voluntaria del embarazo según la causal dos: inviabilidad fetal.

Si bien le costó tomar la decisión, Sofía optó por un aborto. Sin embargo, aún debía esperar a la semana 16 para confirmar el diagnóstico.

El 14 de febrero, la mujer fue ingresada al Hospital San Borja. El procedimiento consistía en darle medicamentos para generar un aborto inducido. “Fueron 10 pastillas y 18 larguísimas horas en una sala aparte, con mi esposo durmiendo en el piso”, recuerda Sofía. Era fin de semana cuando llegó y el equipo médico que la había visto las últimas veces no trabajaba esos días, por lo que solo estaban las matronas de turno, que la visitaban cada seis horas. Pese a que recibió acompañamiento antes y después del procedimiento, estuvo sola en el momento del aborto.

“Cuando me dieron las últimas dos pastillas, la matrona me dijo que ya la iba a expulsar, que le avisara cuando empezara a tener sangrado y se fue de la pieza. Empecé con fuertes contracciones que no soportaba y también a liberar líquido transparente. Como estaba toda mojada, me paré al baño y fue ahí, sentada, cuando se salió mi bebé”, relata Sofía sobre aquella experiencia.

“Sentí la cabecita, su cordón, todo. Estábamos solos”.

Improvisación

El caso de Sofía representa una de las grandes falencias de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que entró en vigencia el 23 de septiembre de 2017: la desinformación en los centros de salud e incumplimiento de protocolos. Si bien existen guías técnicas que se deben aplicar en cada una de las tres causales, ya sea antes, durante y después del procedimiento, muchos profesionales del sector público no están al tanto de cómo cumplir con todos los pasos.

“Hay poca información desde el propio Minsal a los proveedores de salud respecto del funcionamiento de la norma. Lo que hemos detectado en el monitoreo que hacemos es que muchos servicios de salud desconocen el protocolo para poder implementar una interrupción del embarazo”, señala Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa, una corporación que apoya al Minsal en los programas de acompañamiento y que ha seguido de cerca la aplicación de la ley.

Una historia similar a la de Sofía, y que llegó hasta el Consejo de Defensa del Estado (CDE), fue la de Paloma (38), quien pidió cambiar su nombre real para este artículo. Con 29 semanas de embarazo, su hija venía con una anomalía cromosómica que la hacía incompatible con la vida, pero la decisión de interrumpir no fue lo que esperaba. Tanto las dosis como las vías de administración del medicamento para inducir el aborto fueron mucho menores a las que correspondían para la causal dos, lo que no solamente hizo que el procedimiento se dilatara por 72 horas, sino que, además, en vez de ser un aborto, terminó siendo un parto prematuro por cesárea.

“Estaba con una angustia tremenda, no sentía que hicieran efecto los remedios y fue una tortura la espera. Yo solo quería que todo pasara rápido y poder despedirla como correspondía”, expresa.

Sus expectativas no se cumplieron. Su hija nació y vivió 25 horas. En ese lapso, por no tener desarrollada la tráquea, Paloma no pudo alimentarla. La limpió ella sola con lo que tenía a mano en la habitación, ya que nadie lo hizo cuando la sacaron del vientre, y murió en los brazos de su hija mayor, de 15 años, que había entrado a verla minutos antes de que falleciera. Con todas las negligencias, el hospital, además, demoró días en entregarle el certificado de defunción. Después de que Paloma presentara una demanda contra el Estado de Chile, el establecimiento reconoció que hubo improvisación y falta de experiencia, pero no ofreció ninguna indemnización.

Protocolos de fiscalización

Hasta ahora se han registrado, en total, 1.535 casos bajo la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE): 513 por la primera causal (riesgo vital de la madre), 760 por causal dos (inviabilidad fetal) y 262 por causal tres (violación). Esta última ha sido la más polémica, no solo porque fue la más discutida al momento de despenalizarla, sino que también porque se ha advertido una posible subnotificación de casos, tanto en hospitales como en clínicas. La cifra que resulta más extraña es que tanto en 2018 como en 2019 se contabilizaron exactamente 124 casos por violación. Específicamente, el año pasado, 123 fueron reportados en hospitales y solo uno en una clínica privada.

“La implementación de esta ley requiere un nivel de fiscalización más alto de lo que hemos tenido hasta ahora”, reconoció hace unas semanas a La Tercera el ministro de Salud, Jaime Mañalich, frente al balance del segundo año de la norma, que fue revelada en la misma nota sobre este tema. Según la información que se dio a conocer, se detectaron distintas irregularidades, como informes de hospitales que debieron repetirse, atrasos en los reportes y sospechas de entrega de información con menos casos de los atendidos de parte de las clínicas. Aunque ni el Ministerio de Salud ni el de la Mujer y Equidad de Género quisieron referirse al tema para este artículo, frente a las circunstancias, el Minsal elaboró un manual de fiscalización que será implementado a mediados de marzo por las distintas Seremis de Salud.

“Las cifras de casos por violación son bastante menores que las esperadas. Hay que hacer algún diagnóstico más cualitativo que intente levantar información sobre qué está ocurriendo con las mujeres del sector privado: si efectivamente hay un subreporte, si no acuden, o utilizan otras vías de la interrupción del embarazo, por un tema meramente burocrático, médico legal”, advierte la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Paradójicamente, algunos médicos aseguran que la ley IVE funciona mucho mejor en el sector público que en el privado. Una de las razones que podría explicar esto es que para las clínicas es más difícil conseguir uno de los medicamentos más importantes para interrumpir un embarazo en cualquiera de las tres causales: la Mifepristona. “El ISP autorizó la Mifepristona solo para el uso público, pero no privado. Esto ha sido un problema severo, ya que las pacientes en clínicas tienen interrupciones mucho más complejas, y en la etapa en la que estamos ya deberíamos tener los medicamentos adecuados”, asegura Gustavo Rencoret, ginecólogo materno-fetal de la Clínica Alemana y también director del Departamento de Ginecología de la Universidad de Chile en el Hospital San Borja.

Pero el dato que resulta más curioso en cuanto a la causal de violación se observa en las niñas menores de 14 años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2017 hubo 472 nacimientos de madres entre los 10 y 14 años de edad, lo que representó un 0,2% del total de nacimientos. Este porcentaje coincide con las cifras provisionales de Estadísticas Vitales 2018, publicadas en febrero de 2020.

Los datos de madres menores de 14 años que dieron a luz en 2017 y 2018 contrastan con los pocos casos registrados que constituyeron causal de violación. En 2018, por ejemplo, solo fueron 18, y de ellas, solo 13 interrumpieron su embarazo por causal tres, según datos solicitados por la Corporación Miles, a través del Portal de Transparencia.

“Según el Código Penal, en menores de 14 años siempre es violación -por definición legal- y también así lo establece la guía técnica, por lo que debería ser una constitución inmediata de esta causal”, argumenta Javiera Canales, abogada y coordinadora del área legal de Miles.

Objetores no declarados

Margarita Oneto (33) se enteró de que iba a ser madre por segunda vez cuando tenía nueve semanas de embarazo. Después de una evolución absolutamente sana los primeros meses, en la semana 25 llegó la primera anomalía: la mitad del cerebro de Violeta -la hija que venía en camino- no se dividió, diagnóstico que se fue agravando a medida que pasaban las semanas, llegando a tener cinco malformaciones más. El primer informe médico lo entregó un hospital de la Región de Valparaíso, en donde se le denegaba la causal de aborto por inviabilidad fetal.

Aunque su hija tenía una expectativa de vida máxima de dos años -con un 50% de probabilidad de sobrevivir al primero-, y pese a que durante todo ese tiempo ella tendría que estar internada en el hospital debido a las constantes intervenciones, a ojos del equipo médico que la evaluó, Violeta era totalmente viable. “Nos dimos cuenta de que no podríamos llevarla a la casa, ni tampoco ahorrarle ningún sufrimiento. Solo íbamos a traerla a sufrir y a vivir internada”, explica Margarita.

Tras consultar con distintos médicos del sector público y privado, muchos de ellos confirmaron que su caso sí constituía casual dos, sin embargo, este ya se había hecho conocido y cualquier informe médico que no calzara con el primero traería problemas y generaría cuestionamientos entre instituciones. “Un doctor me recomendó tener a mi hija en un hospital público y solicitar la restricción de los esfuerzos terapéuticos para no extender su sufrimiento, pero finalmente eso no se podía exigir y quedaba a criterio del equipo médico si tomaban esa medida o no”, recuerda.

Finalmente, y ya con 31 semanas de embarazo, Margarita tuvo que ir a interrumpir su embarazo a Estados Unidos.

En la actualidad, según datos del Minsal, el 89% de los médicos en Chile es objetor de al menos una causal. Un 18% es objetor de la causal 1, un 25% de la causal 2 y un 46% de la causal tres, quedando solo un 10% de médicos no objetores de ninguna de las tres causales. Hasta hace poco, ni en Osorno ni en la comuna de Huasco -en la Región de Atacama- había médicos dispuestos a ejecutar abortos por la causal de violación, pero hoy existen al menos dos médicos que no son objetores de ninguna causal en todas las regiones del país. “Nos falta tener una mayor distribución o mecanismo que nos permita ser capaces de hacer una buena evaluación a distancia de las pacientes de región, que el proceso no sea tan lento y que no tengan que trasladarse de una ciudad a otra para poder resolver su problema”, advierte Carlos Barrera, médico materno-fetal, miembro del equipo IVE del Hospital Barros Luco.

Sin embargo, los especialistas aseguran que situaciones como la que vivió Margarita terminan derivando en dilemas morales y discusiones eternas para los no objetores. “El equipo médico, en general, es el más influyente en términos de constituir causal y el espacio a la subjetividad es enorme. Por inviabilidad fetal, hay equipos que deben tener 100% de certeza de que el feto morirá en las primeras horas para constituir causal, piden exámenes caros y que a veces no están disponibles para muchas realidades del país”, concluye Dominique Truan, ginecoobstetra de alto riesgo de la Universidad de Chile.

Para Margarita, en tanto, el traumático embarazo de Violeta cambió totalmente la opinión que tenía de la norma: “Cuando esta ley se promulgó, yo la celebré, pero cuando me tocó vivirla me di cuenta de que es extremadamente estrecha y que no mide calidad de vida. No importaba que mi hija viviera menos de dos años y que estuviera eternamente internada en el hospital, sufriendo”.

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