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Cheque o transferencia: Cuánto, cómo y quién puede usar los gastos reservados

Foto: AGENCIA UNO.

Tras las declaraciones del fiscal Sergio Moya, del caso Caval, la interrogante volvió a esta caja rodeada de misterio. Poco y nada puede saber el chileno “de a pie” sobre cómo se utilizan estas platas, que cada año se consagran a través de la Ley de Presupuestos, en montos en pesos y dólares.


“(Natalia) Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidencia”.

La declaración del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, que publica hoy La Tercera –y que preguntó en persona a la nuera de Michelle Bachelet en la audiencia en que esta semana se le declaró culpable de delitos tributarios- abrió una incógnita no sólo respecto de la posibilidad de que la abogada Jessica Norambuena, socia del ex ministro Isidro Solís, hubiera recibido el pago desde La Moneda. También ponen, nuevamente, en el ojo público el monto y uso de estos misteriosos dineros.

Poco y nada puede saber el chileno “de a pie” de cómo se utilizan estas platas, que cada año se consagran a través de la Ley de Presupuestos, en montos en pesos y dólares. La ley 19.863 sobre Remuneraciones de Autoridades y Normas sobre Gastos Reservados (2003) los define como los egresos que se faculta a realizar a determinadas entidades “para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”.

Las entidades civiles que reciben estos recursos son la Presidencia; Ministerio del Interior; Ministerio de RR.EE.; Dirección de Fronteras y Límites del Estado; Ministerio de Defensa; Subsecretaría de Fuerzas Armadas; y la Agencia Nacional de Inteligencia. Las instituciones uniformadas también reciben: las tres ramas de las Fuerzas Armadas; Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

El uso de estas platas –por ley se rinde cuenta anual, en forma genérica y secreta directamente al Contralor, quien realiza un examen de las cuentas y le expresa su opinión “de manera secreta” al Presidente de la República- no tiene mayores límites. La ley sólo menciona que con ellos no se podrán realizar pagos a funcionarios públicos ni financiar campañas políticas, partidos políticos u organizaciones gremiales.

La utilización discrecional ha sido objeto de polémica en muchas ocasiones. Una de las más relevantes se dio en 2002 durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el entonces ministro de OO.PP., Carlos Cruz, reconoció en una entrevista que recibía un sobresueldo en efectivo, que provenía de fondos reservados “de alguna repartición”. Tras el estallido del caso MOP-Gate, el acuerdo que firmó Lagos con el entonces timonel UDI Pablo Longueira, determinó el aumento de sueldos a ministros y subsecretarios, la reducción del monto de estos recursos y su regulación a través de la ley citada anteriormente.

Actualmente, la fiscalía de Delitos de Alta Complejidad investiga el supuesto mal uso de este bolsón de dinero en Carabineros. Ayer, La Segunda publicó que ex asesores de Javiera Blanco declararon que, siendo subsecretaria de Carabineros, recibió sobres con plata proveniente de ellos.

Los montos

¿Cómo se solicitan estos dineros? A diferencia de la mayoría de los gastos de un ministerio, para usar estos recursos reservados las secretarías de Estado no deben solicitarlos a la Dirección de Presupuestos (Dipres). Se trata simplemente de una “caja chica”. Según explican desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), los ministerios tienen ese monto para disponer de él cuando lo necesitan, y generalmente se trata de una cuenta corriente.

El investigador del Observatorio del Gasto Fiscal Manuel Henríquez señala que, por resolución del servicio correspondiente, hay determinados funcionarios que están autorizados para acceder a esta cuenta corriente. Y dependiendo del servicio público, estos se pueden girar a través de cheques o transferencias electrónicas, que pasan por una revisión interna.

En el presupuesto de 2018 se estableció un total -tanto para entidades civiles y uniformadas- de $5.980.161.000 en pesos y de US$ 4.195.000. De estos, la cifra mayor se la lleva Presidencia, que recibió este año $1.675.883.000 (un 28% del total), lo que implica una reducción de $ 43.500.000 respecto del presupuesto 2017.

Gastos reservados Ley de Presupuesto 2018, sólo monto en pesos (en miles). Fuente: Dipres.

Sumando pesos y dólares (según el dólar promedio de mayo 2018), el total asciende a $ 8.606.734.400, algo que se ha mantenido más o menos constante en el tiempo, según se ve en las cifras del Observatorio del Gasto Fiscal.

Evolución de gastos reservados (total anual real). Fuente: Observatorio de Gasto Fiscal.

Según el análisis del organismo, hasta abril de 2018 se habían ejecutado $ 3.396.000.000 en cuanto a gastos reservados.

¿A qué responde la variabilidad existente año a año? “Ella no responde a criterios técnicos objetivos, sino que a criterios políticos y volátiles, que dependen de la autoridad de turno”, explica Henríquez.

Su definición y el control: los dos problemas

Un informe del Observatorio del Gasto Fiscal plantea que hay dos problemas relevantes con los gastos reservados: “La definición de su nivel y el control sobre su ejecución”.

“Respecto del nivel de estos gastos –excluyendo los asignados a las FF.AA. que están definidos por ley–, su determinación es fuertemente inercial y las variaciones que puedan existir son decididas en el Ejecutivo sin ningún cuestionamiento relevante en la etapa de discusión del Presupuesto en el Congreso”, afirma el documento. El proceso debería pasar el filtro de la Dipres y de las subcomisiones y comisión mixta de Presupuesto del Congreso al decidirse su aprobación, cuestión que “no existe en la práctica actual”.

Respecto del control sobre su ejecución, la publicación asegura que hoy “es en extremo superficial”. “Se rinden en forma genérica y, en realidad, es imposible saber en qué actividades se utilizaron. Quizás el rol principal en esta fase, además, por supuesto, del control directo que tienen las reparticiones involucradas en el uso de estos recursos, recae en la Contraloría y luego la comisión mixta de Presupuestos del Congreso”.

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