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Contesse contraataca: Pide reapertura del caso SQM y apunta al SII y a las otras empresas que rectificaron platas políticas

Autor: Ivonne Toro

El exgerente de SQM, Patricio Contesse, llegando ayer a la audiencia de reformalización en su contra.

A través de una serie de diligencia, que incluye la solicitud al SII de antecedentes de empresas como Copec, Ripley, Cencosud y OAS, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, busca demostrar que según el criterio aplicado por el organismo fiscalizador "la conducta atribuida a mi representado no es imputable objetivamente, por cuanto fue desarrollada –como lo demuestran estos casos y el actuar del mismo Servicio de Impuestos Internos- dentro del riesgo permitido, configurando una conducta socialmente adecuada, y no una conducta que revista caracteres de delito ni perseguible por el Ministerio Público".


Tras la decisión del fiscal regional del Valparaíso, Pablo Gómez, de cerrar la investigación del caso SQM y acusar al ex ministro Pablo Longueira por el delito de cohecho, y al ex gerente general de SQM Patricio Contesse por soborno, además de presentar las acusaciones contra 16 imputados de la causa, entre ellos, el senador Jorge Pizarro y el ex senador Fulvio Rossi, además del ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, Contesse solicitó esta jornada la reapertura de la causa con el argumento de que existen diligencias pendientes que fueron solicitadas oportunamente al Ministerio Público y que son de “gran relevancia para el debido ejercicio del derecho a defensa”.

A través de los abogados Samuel Donoso y Andrea Rivera, se pidió que se cite a declarar a los funcionarios fiscalizadores del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos, en lo específico a quienes formaban parte del Comité encargado de la evaluación del caso que terminó con la presentación de la acción penal ejercida por el SII en contra de funcionarios de SQM.

Según los representantes de Contesse la idea es “conocer los criterios usados por el SII en la interposición de denuncias y querellas en contra de mi representado, y no así en contra de otras grandes empresas que rectificaron impuestos, bajo el contexto de un llamado que hizo el mismo SII durante marzo del año 2015. Asimismo, para la defensa esta diligencia es relevante toda vez que nos permitirá preparar más adecuadamente el interrogatorio o contrainterrogatorio de estos funcionarios del SII, los cuales serán testigos en el juicio oral”.

Lo anterior coincide con lo declarado por Contesse ante Gómez cuando, como publicó La Tercera, sostuvo que buscó financiar, a través de aportes irregulares, la actividad política y que “no solo SQM aportó a la política de esta forma, muchas otras empresas también lo hicieron”.

En el escrito, al que accedió La Tercera PM, se solicita además que se cite a declarar a una serie de testigos, entre ellas Pauline de Vidts Sabelle, quien fue Vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de SQM, y que refirió que existía una relación de amistad entre Contesse y Longueira e inclusive al actual fiscal nacional Jorge Abbott y el ministro Hernán Larraín para que aborden las características del actual delito de cohecho y la exposición que realizó al respecto en las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que buscan modificar este ilícito.

Empresas

Junto con requerir que se revise un peritaje de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que en su informe Pericial Tributario de fecha 18 de enero de 2017 (incorporado a la carpeta de investigación un año después), “establece que la modificación introducida por la Ley Nº 20.469 del año 2010, a la normativa vinculada al impuesto específico a la actividad minera, no produjo ningún beneficio económico para SQM y sus filiales (sino que todo lo contrario, ello importó un mayor gravamen)”, se piden una serie de diligencias al Laboratorio de Criminalística de la PDI, para que se corrobore si la nueva ley presentó un ahorro, o un mayor gravamen, en la carga impositiva para la empresa SQM Salar S.A., en el período 2010-2016, teniendo en especial consideración, el pago del impuesto específico a la actividad minera (IEAM), efectuado por SQM Salar S.A. el año 2010.

Pero no sólo eso. El requerimiento incluye que se oficie al SII, a fin de que remita la información puesta a disposición de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) de las Actas de Denuncia e Informes de Recopilación de Antecedentes de una serie de empresas:  Forestal Arauco S.A, Asesorías IMBC Limitada, la empresa Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. y Empresas Copec S.A., la Constructora OAS S.A  Agencia en Chile, Inversiones Siemel S.A., Abastible S.A., Banco de Crédito e Inversiones, Ripley Corp S.A., Itaú Corpbanca S.A., Watt’s S.A., CAP S.A.,y  Cencosud Retail S.A. La lista podría ampliarse a Inversiones Caburgua, y otras.

Según el documento elaborado por Donoso “la importancia de contar con estos documentos en la presente investigación, radica en que dichos Informes de Recopilación de Antecedentes y Actas de Denuncia corresponden a casos similares, e incluso idénticos, a los de mí representado, de aquello que se ha denominado el ‘financiamiento ilegal de la política’, pero en ellos, a diferencia del caso de mi defendido, de manera arbitraria y contrario al principio de igualdad ante la ley, el Servicio de Impuestos Internos decidió no ejercer la acción penal, sino que se satisfizo con el cobro de los impuestos, intereses y multas, lo que puede ser indiciario de que las conductas imputadas a mi representado, no obstante, ser extremadamente similares, hoy en día, no configurarían delito para el SII”.

Agrega que “lo anterior es de suma importancia para demostrar que la conducta atribuida a mi representado no es imputable objetivamente, por cuanto fue desarrollada –como lo demuestran estos casos y el actuar del mismo Servicio de Impuestos Internos- dentro del riesgo permitido, configurando una conducta socialmente adecuada, y no una conducta que revista caracteres de delito ni perseguible por el Ministerio Público“.

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