“Estado de protección y resguardo constitucional”: El proyecto con que el gobierno busca disponer de las FF.AA. en las rutas de la Macrozona Sur

El Presidente Gabriel Boric lo planteó como una idea de un “estado intermedio”, la ministra del Interior, Izkia Siches, habló de un proyecto de ley distinto al de infraestructura crítica que está en el Congreso y, finalmente, el subsecretario Manuel Monsalve, advirtió en la necesidad de resguardar las vías bajo un control civil. Conceptos más, conceptos menos, en el gobierno la decisión está tomada: se requiere de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar las carreteras de la Macrozona Sur que día tras día son escenario de graves episodios de violencia.

Por lo mismo, el Ejecutivo activó una etapa de “socialización” con parlamentarios del oficialismo y la oposición para detallar cuáles son las propuestas para contener los eventos de violencia en las carreteras que unen La Araucanía y el Biobío. Hoy, durante la tarde, por ejemplo, se realizará una reunión en La Moneda con los integrantes de la comisión mixta que revisa el proyecto de infraestructura crítica en el Senado.

La idea del Ejecutivo es el envió de un proyecto de ley que crea el “estado de protección y resguardo constitucional”. Así se desprende de dos documentos elaborados por el gobierno: un borrador de la iniciativa legal y una detallada minuta que envió a algunos parlamentarios del oficialistas donde explica los alcances de esta medida y bajo qué figura los militares podrán apostarse en las carreteras de la Macrozona Sur.

“En el último tiempo hemos experimentado en nuestro país diversas situaciones de inseguridad en rutas, caminos y carreteras, que ponen en peligro a las y los trabajadores que transitan desde y hacia sus lugares de trabajo, y que perjudican a las y los habitantes de los territorios que se ven afectados producto del desabastecimiento e imposibilidad de desplazarse”, parte diciendo el documento interno.

En esa misma línea se agrega que “en este contexto, ha surgido la necesidad para el Estado de contar con herramientas para la protección y aseguramiento de las vías esenciales, que permitan disponer del apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, garantizando al mismo tiempo, la plena vigencia y protección de los derechos fundamentales de todas las personas”.

En cuanto al proyecto, y según el borrador vigente hasta fines de la semana pasada, allí se propone una “reforma constitucional que establece un nuevo estado de protección y resguardo de vías esenciales para el abastecimiento de la población y transporte de personas”. Por ejemplo, allí se detalla que el Presidente podrá declarar el estado de protección en caso de “grave alteración de la seguridad o libre circulación en vías que sean consideradas esenciales”.

Para estos efectos, serán consideradas rutas esenciales aquellas “cuya perturbación pueda implicar una alteración grave para el normal abastecimiento y conectividad de los territorios, de forma tal que pueda perjudicarse el bienestar y seguridad de las personas”, resguardando los derechos y garantías constitucionales.

Este “estado de protección”, según el borrador del Ejecutivo, será declarado por decreto firmado por el Presidente y los ministros de Interior y Defensa, debiendo establecerse qué tramos específicos de las vías esenciales deben ser protegidos o resguardados. La medida tendría una duración de 15 días y, al igual que el estado de excepción constitucional, para buscar una prolongación deberá votarse en el Congreso.

El Decreto Supremo, además, según este borrador, “designará a quien o quienes ejercerán la autoridad civil que tendrá a su cargo la coordinación de la protección y resguardo del tramo de las vías esenciales (...). Esta autoridad tendrá la facultad de dictar las medidas e instrucciones necesarias para la protección y resguardo de los tramos ya indicados. Asimismo, el Presidente de la República designará un mando operativo sujeto a la autoridad civil al que podrán expresamente delegarse facultades relativas a los aspectos operativos”.

Así, quedaría establecido que los efectivos de las FF.AA. operarían bajo el control de un civil, pero también de un Jefe de la Defensa Nacional. En la minuta del gobierno enviada a los parlamentarios se les explica que el funcionario civil tendrá a su cargo las tareas de dirección y coordinación.

En tanto, el Jefe de la Defensa Nacional estará sujeto a este funcionario civil y tendrá “la facultad de asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se destinen a la protección y resguardo”.

En el mundo militar aún no hay certeza de cómo operará este “estado de protección” y que es algo que se está analizando con el Ministerio de Defensa. En Carabineros, en tanto, quienes deberán coordinarse con las FF.AA. para estos efectos, tampoco hay un plan diseñado para llevarlo a cabo, pero, al menos, dicen, la experiencia durante el “estado de excepción” fue bien recibido por la policía uniformada.

Entre los recientes exministros de Defensa, la idea del gobierno encontró respuesta. Baldo Prokurica (RN), sostuvo que “hay gente que está siendo asesinada. No hay espacio para seguir demorando una situación. Se imagina todo lo que se va a demorar cambiar la ley. ¿Cuántos asesinatos y situaciones de dolor van a vivir las familias esperando que se tome una decisión?”.

En tanto, Mario Desbordes (RN) sostuvo que “el gobierno se está dando cuenta que no basta con lo que hoy día disponemos. Carabineros no está en condiciones de enfrentar solo el problema por ahora”.