“Guerra contra la delincuencia”: el frustrado arribo del exfiscal a asociación que recibe millonarios aportes de municipios investigados por la justicia

Fiscal Manuel Guerra. Foto: La Tercera/Archivo

Sólo un manual de persecución penal es lo que deberá confeccionar ahora el ex fiscal regional Manuel Guerra, pese a que en un inicio había sido contratado de forma permanente por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la zona Oriente (AMSZO). Su figura provocó ciertas renuencias al interior de los propios municipios que integran esta instancia, debido a la explosión de casos por eventual corrupción en esas comunas que hoy son investigadas por la Fiscalía que era dirigida hasta hace dos meses por el abogado. Un dato que salta a la luz hoy, en este contexto, es la denuncia que hizo la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, por millonarios desvíos de dinero y que fue presentada diez días antes que el persecutor dejara su cargo y sólo hubo una orden de investigar y no se traspasó la causa a Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Local de Las Condes.




El martes, una imagen destacada en el sitio web de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la zona Oriente (AMSZO) informaba el último fichaje del organismo: ni más ni menos que quien fuera hasta hace dos meses el fiscal regional de ese sector capitalino, Manuel Guerra Fuenzalida. “Durante el mes de agosto se incorporó a Amszo el reconocido abogado. Su llegada viene a robustecer aún más el equipo penal de Atención a Víctimas con la que cuenta la institución”, decía el “pop up” acompañado por una fotografía y un título “Guerra contra la delincuencia”.

El banner saltaba de inmediato al visitar la página de la entidad que recibe millonarios aportes de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura (el presupuesto de 2021 es de $5.972 millones para las tres comunas) desde 2015, cuando fue fundada por los entonces alcaldes Francisco de la Maza, Felipe Guevara y Raúl Torrealba. Pero alcanzó a estar 24 horas hasta que fue bajada, y la noticia, eliminada.

Según quienes conocen la trastienda de esta decisión afirman que no fue para ocultar el arribo del exinvestigador, sino que a algunos alcaldes les pareció que el tema se debía tratar con mayor sobriedad teniendo en cuenta las indagatorias que hoy afectan a estas comunas por presuntos hechos de corrupción y que justamente indaga el Ministerio Público.

Sorpresivamente, hoy se anunció que la asesoría permanente que el exinvestigador iba a dar, ahora se acotará sólo hasta el 30 de septiembre, frustrándose así el fichaje.

Una de las situaciones que estuvo sobre la mesa es una duda que ronda en Vitacura. Y es que cuando la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) decidió formalizar una denuncia en contra de su antecesor, Raúl Torrealba (RN), ésta no se habría tramitado con la celeridad que ameritaban los antecedentes que se incorporaron en la acusación. Estos daban cuenta de serios indicios de malversación de caudales públicos, específicamente entrega de subvenciones a los programas “Vita”, sin que existiera registro de en qué se habían gastado los millonarios aportes aprobados por ese municipio.

Quienes conocen de esta historia cuentan que a mediados de junio, el jefe jurídico de esa comuna, Mauricio Irarrázabal, contactó al fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, para que lo orientara. Sin experiencia en el tema municipal, ya que venía de la Superintendencia de Educación, el abogado le comentó al persecutor que había serias dudas con el uso de recursos públicos de la administración anterior. Ante esto, el investigador le habría señalado que el conducto regular era presentar una denuncia para que se abriera investigación y ellos poder intervenir, recordándole además que si no lo hacían podían también incurrir en delitos, ya que los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar hechos que puedan ser constitutivos de un ilícito.

Denuncia contra Vitacura no pasó a Alta Complejidad

Fue así como el miércoles 21 de julio Irarrázabal, en representación de Vitacura, ingresó una denuncia en la Fiscalía Local de Las Condes.

A esa altura, el entonces fiscal regional Manuel Guerra aún ejercía como tal, pero un mes antes ya había anunciado su renuncia. Es más, desde comienzos de año que el persecutor, a quien aún le quedaban tres años en el cargo, había manifestado a través de mensajes de WhatsApp, su intención de buscar nuevos rumbos laborales, situación que tensionó durante meses al Ministerio Público, por no ser una situación normal al interior de la institución el buscar trabajo estando aún ejerciendo como funcionario público. Finalmente, terminó yéndose el 30 de junio. Un día después, el 1 de julio, La Tercera consignaba que su más probable paradero era justamente la Amszo.

La denuncia de Vitacura contra la gestión de Torrealba, entonces, estuvo diez días en la Fiscalía Local de Las Condes mientras Guerra era fiscal regional, sin ser asignada a nadie y no hubo diligencias. La causa sólo se reactivó el 13 de agosto cuando Irarrázabal, preocupado por la supuesta inacción de la Fiscalía, pidió una audiencia al jefe de Alta Complejidad. Conocedores de la cita comentan que ese día la propia alcaldesa Merino concurrió al Ministerio Público para explicar que transcurridos unos días se habían develado más hechos que daban cuenta de eventuales delitos de corrupción y que cooperarían con todo, pero que esperaban celeridad en la indagatoria.

Fue entonces cuando el fiscal Sepúlveda les reiteró que la vía era mediante denuncia, ante lo cual las autoridades municipales se manifestaron sorprendidas, señalándole que ese trámite ya lo habían hecho. Un llamado y el investigador rescató desde la Fiscalía Local de Las Condes la denuncia que yacía entre otros ingresos de causas. Sólo ahí, a mediados de agosto, se activó la indagatoria en la que se lograron órdenes de allanamiento de la justicia no tan sólo a la Municipalidad de Vitacura, sino que también al domicilio particular de quien ocupara el cargo de alcalde de esa comuna durante más de 25 años.

¿Por qué la denuncia no fue asignada de inmediato ante la gravedad de los hechos descritos y que involucraban arcas fiscales? Es una interrogante que se intensifica con el arribo que se acordó con Guerra para asesorar a una instancia que recibe importantes inyecciones de dinero aprobados por exautoridades que hoy están en la mira de la justicia.

A esto se suma que la propia Fiscalía Nacional debió reasignar el caso de Torrealba a la Fiscalía Centro Norte, para evitar inhabilidades futuras debido al “estrecho vínculo profesional” entre la recién nominada fiscal regional Oriente, Lorena Parra, y el exalcalde Torrealba. Vínculos que -dicen en el Ministerio Público- incentivó el propio Guerra durante su administración, instando a sus fiscales jefes a colaborar activamente con los municipios de ese sector.

No hay conflicto de interés

Uno de los principales impulsores de la llegada de Guerra a AMSZO fue el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI). Lo quería ahí porque lo consideraba una de las mejores personas para perseguir bandas criminales. Hoy, integrantes de la entidad reconocen en privado que no fue una buena idea en el escenario actual, ya que podría verse como “inadecuado” el salto de Guerra desde el mundo de la persecución penal a un asesoramiento a una entidad que recibe presupuestos municipales, tal como las corporaciones que hoy están en la mira de la justicia.

Con todo, sostienen esas mismas fuentes, el contrato de “Guerra contra la delincuencia” ahora tiene fecha de expiración. El acuerdo, que surgió a través de un trato directo, consiste en la prestación de servicios por parte del exfiscal quien tiene como misión elaborar un manual de persecución penal que posteriormente será ejecutado por las tres comunas que forman parte de la asociación. Guerra viene a apoyar una de las tres áreas clave de la agrupación, la cual cuenta con prevención, persecución penal y apoyo a las víctimas. El secretario ejecutivo de la agrupación, Pablo Errázuriz, explicó que “la llegada de Manuel Guerra obedece a un trabajo muy puntual y apunta a diseñar un manual de persecución penal para asistir a los vecinos víctimas de delitos de las comunas AMSZO”.

¿Existía entonces algún conflicto de interés en este servicio? El exfiscal regional, Manuel Guerra, consultado por La Tercera PM, se apura en decir que ha renunciado a esta asesoría permanente, aunque descarta haber tenido inhabilidad para ejercerla y asegura no haber conocido la denuncia ingresada por la Municipalidad de Vitacura.

¿Por qué se va?

En aras de evitar cualquier nivel de sospechas de la asociación -que tiene una gran organización para funcionar en seguridad-, por lo que pretendo liberarlos de cualquier problema. Es para evitarle conflicto a ellos, no para mí, porque como te decía no hay ningún conflicto de interés. La idea es no perjudicar los intereses de la asociación, ni de los alcaldes.

¿Había conflicto de interés al asesorar municipalidades que, eventualmente, habrían incurrido en delitos en una zona que fue su jurisdicción?

No había, a mi juicio. Yo iba a prestar servicios a honorarios a la Amszo constituida por 3 municipalidades. Mis servicios eran a temas relativos a seguridad ciudadana y no de otra naturaleza. Las municipalidades no son mis empleadores. Además respecto de delitos que puedan haber ocurrido al interior de ellas corresponde su investigación a la Fiscalía, lugar donde yo dejé de trabajar el 31 de julio. Si yo defendiera al ex alcalde Raúl Torrealba o a otros funcionarios en condición de abogado, si bien no existe impedimento legal, ahí si podría cuestionarse el conflicto de interés.

La denuncia de Vitacura ingresó 10 días antes que usted dejara la Fiscalía Regional Oriente, ¿Cómo se explica que usted no la haya visto o le diera un curso de acción para ser investigada?

Mientras estuve como Fiscal Regional oriente al 31 de julio, jamás me enteré de la existencia de la denuncia ingresada el 21 de julio. Según me informan, dicha denuncia ingresó por un canal vía mail que no lo veía yo sino que funcionarios de la Fiscalía Regional oriente. Dicha denuncia se habría enviado a la fiscalía de Las Condes, la cual había decretado una orden de investigar. Luego recién el 13 de agosto, según he consultado al fiscal Felipe Sepúlveda, toma contacto con él la alcaldesa Merino, quien le habla de la denuncia y él le dice que no la conoce. La alcaldesa le comenta que ingresaron una denuncia genérica de irregularidades. Y ahí él pide que se asigne a Alta Complejidad, todo después de que yo me fuera. De hecho, de ahí se comienza a actuar.

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