Jueza Acevedo con protección especial: Dos escoltas para salir y un punto fijo ante amenazas por redes sociales

La jueza Andrea Acevedo

La Fiscalía Oriente solicitó la medida, luego de la denuncia por amenazas que presentó la magistrada. La PDI rastrea desde la semana pasada las cuentas desde salieron los amedrentamientos.




Amenazas de muerte, de golpes, amedrentamientos a su familia, amigos y cercanos. Eso es lo que desde el 29 de enero comenzó a escribirse en algunas cuentas de redes sociales contra la jueza de garantía Andrea Acevedo, quien ese día resolvió la firma semanal del carabinero que atropelló a Jorge Mora, hincha de Colo Colo que falleció en las afueras del Estadio Monumental. Toda esta situación hoy está en el radar de la Fiscalia Oriente y la PDI.

En esa jornada la jueza argumentó su resolución señalando que "estamos en presencia de un hecho que ocurre finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa Garra Blanca de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general".

De ahí en más llegaron las amenazas, una crítica de la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, y un leve dardo del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, quien si bien condenó los hostigamientos a la magistrada, sostuvo que "el ideal es que los jueces se limiten al derecho".

Faltaba una más. El domingo 2 de febrero un grupo de ciclistas llegó hasta el domicilio de la jueza para "funarla", lo que motivó una reacción oficial de la vocera del Poder Judicial, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien condenó la situación.

Sin embargo, para la jueza las condenaciones públicas no fueron suficientes. La preocupación de la magistrada se tradujo en una denuncia ante la Fiscalia Oriente por amenazas y el ente persecutor atendió la inquietud y despachó una orden de investigar a la Brigada del Cibercrimen de la PDI.

¿Pasó la preocupación? No. Esta vez las amenazas también encendieron las alarmas de la fiscalía, quienes solicitaron a la policía que se le entregará protección a la magistrada, y así fue: la jueza Acevedo cuenta con dos custodios para cuando salga de su domicilio y se traslade a cualquier lugar, y un efectivo policial de civil de punto fijo, 24/7, en el edificio en que vive.

Consultada la vocera del Poder Judicial, la ministra Chevesich, sobre cómo tomaba la Corte Suprema que haya jueces amenazados por su resoluciones y custodia policial, sostuvo que "es lamentable, en realidad, que se recurra a este tipo de actos de amedrentamientos contra los jueces motivados por resoluciones jurisdiccionales. En cada caso concreto deberá la autoridad policial disponer las medidas adecuadas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectadas".

En tanto, la PDI y el ente persecutor están rastreando las cuentas desde donde salieron las amenazas y el Cibercrimen prepara un informe sobre cuántas son las cuentas involucradas en los amedrentamientos. Desde la Fiscalía Oriente señalaron que "la fiscal Valeria Gómez se hizo cargo de la investigación. Se han instruido varias diligencias, pero por el tipo de delito no se pueden entregar detalles del caso".

Ayer, además, el Ministerio del Interior se querelló por las amenazas, pero el Cuarto Juzgado de Garantía declaró inadmisible la acción judicial. Mismo destino tuvo el recurso de queja presentado por el senador Alejandro Navarro, quien como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta interpuso la acción judicial, la que fue rechazada ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La jueza fichó al abogado Sergio Contreras para representarla en las quejas disciplinarias, una de ellas, la interpuesta por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), que se verá la próxima semana en el pleno de la Corte Suprema. Contactado el jurista declinó referirse al tema.

Comenta