Crisis de seguridad se toma la agenda de Boric en Magallanes y estado de excepción intermedio amenaza con generar nueva fisura oficialista

El asesinato de un carabinero en Chillán empañó las primeras horas de la gira regional que el Mandatario inició el miércoles en Punta Arenas. La preocupación del jefe de Estado por la escalada de violencia en el país lo ha mantenido en conversaciones con distintos sectores políticos para explorar un acuerdo nacional para enfrentar la situación. Por su parte, en Santiago, la ministra del Interior, Izkia Siches, busca convencer a un oficialismo dividido ante la idea de un estado constitucional de excepción intermedio para que las Fuerzas Armadas resguarden rutas y caminos en la Macrozona Sur y que requiere altos quórum en el Congreso para su aprobación.


Un largo apretón de manos con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, marcó ayer la primera actividad pública del Presidente Gabriel Boric en su segunda jornada de gira en la región de Magallanes.

En el marco de la conmemoración del Día Del Mar, en el Teatro Municipal de Punta Arenas, ambos se encontraron y abordaron un hito que había empañado las primeras horas del Mandatario en su tierra natal: un carabinero de 23 años había sido asesinado la noche del miércoles en Chillán Viejo en medio de un procedimiento policial, sumándose a la larga lista de hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas tanto en la Macrozona Sur como en la Región Metropolitana y que han mantenido inquieta a La Moneda.

En la conversación, el Mandatario le expresó sus condolencias a Yáñez, quien horas después se trasladaría a Chillán para reunirse con la familia del efectivo policial. Pero no solo el caso del joven carabinero ha marcado los días de Boric en la región austral. Quienes han conversado con él en las últimas horas aseguran que el jefe de Estado está “muy preocupado” por la escalada de violencia que ha remecido los primeros días de su administración.

Es por lo mismo que el día de ayer sostuvo conversaciones permanentes con su ministra del Interior, Izkia Siches, y estuvo monitoreando de cerca el viaje que la secretaria de Estado realizó anoche para entregar apoyo a los familiares del policía asesinado. Pero también sostuvo conversaciones con diversos dirigentes políticos, incluyendo a la oposición, en las que -según quienes conocieron de su tenor- se mostró conflictuado por la situación crítica que enfrenta en materia de seguridad.

Fue en esos intercambios en que surgió la idea de un acuerdo nacional por seguridad -algo similar a lo propuesto por el expresidente Sebastián Piñera-, una alternativa que ha estado proponiendo Chile Vamos hace algunas semanas. El propio Mandatario reveló ayer que con el presidente de la UDI, Javier Macaya, abordaron la necesidad de generar un consenso político transversal para enfrentar la materia.

Este viernes, en su primera entrevista en ciudad de Puerto Natales, el Mandatario volvió sobre esa posibilidad y le dio mayor contenido a lo que está pensando impulsar. “Estamos trabajando en conjunto con la institución y yo ayer hice un llamado, una expresión de voluntad que vamos a traducir prontamente en un acuerdo. He estado conversando con parlamentarios y diferentes integrantes de partidos políticos, con alcaldes, que son muy importantes en esto, para que tengamos un acuerdo en materia de seguridad ciudadana (...). Esto es para que le pongamos urgencia a determinadas leyes, para que destinemos los recursos necesarios en infraestructura deportiva, iluminación, en recuperación de los barrios, para un acuerdo nacional que tenga una perspectiva policial de persecución al delito, y también de reinserción social y recuperación de la vida cívica en los barrios”, detalló en conversación con Radio Soberanía.

Según quienes han conversado con el Mandatario, estaría pensando en convocar una reunión transversal para la próxima semana en La Moneda para abordar los límites de un eventual pacto para enfrentar la crisis.

Tanto en esa entrevista como en las otras tres que ha dado a medios regionales durante su visita a la Región de Magallanes el Mandatario ha sido consultado por el tema. “Acá se da una paradoja, porque por un lado hay muchas críticas hacia la institución de Carabineros, que son legítimas y nosotros estamos abordando mediante una reforma estructural, en particular centrada en el respeto a los DD.HH. Y, por otro lado, hay una exigencia permanente de parte de las comunidades de tener más presencia de Carabineros (...)”, reflexionó esta mañana.

Y agregó: “La violencia que hemos visto en los últimos meses en nuestro país con asesinatos a sangre fría con armas de fuego, con disparos por parte de delincuentes a periodistas, como fue en el caso de Francisca Sandoval, con asaltos tremendamente violentos y de alta connotación, es algo que no podemos seguir permitiendo (...). Yo le quiero decir, en particular a todos quienes estén vinculados al negocio del narcotráfico, que los vamos a perseguir sin pausa. Que sepan que en nuestro país no vamos a permitir que el negocio del narco siga creciendo y que, por lo tanto, yo espero que todos los sectores políticos y la sociedad civil se plieguen a este espíritu”.

Además de la situación crítica en materia de seguridad el Mandatario ha debido ya enfrentar las diferencias ideológicas de sus dos coaliciones respecto de las mejores vías para dar solución al problema. Mientras que sectores de Apruebo Dignidad han advertido que son contrarios a medidas como, por ejemplo, un estado de excepción a secas en la Macrozona Sur, en el Socialismo Democrático afirman no tener complejos con que las Fuerzas Armadas asuman el control de la seguridad en rutas y caminos para prevenir nuevas víctimas fatales.

Es por lo mismo que el gobierno ha tenido que explorar soluciones intermedias, las que -en todo caso- tampoco convencen a todo su sector. A eso se suman las explicaciones que han tenido que dar los propios integrantes de su gobierno, quienes en su labor como diputados fueron críticos de medidas como el fortalecimiento del control de armas, propuesta que ahora la administración frenteamplista deberá impulsar.

¿Desmarque oficialista?

Durante la mañana de este viernes -y luego de que Siches remitiera a los camioneros movilizados una carta con compromisos a algunas de sus demandas-, la jefa de Interior salió a explicar la fórmula por la que optará el Ejecutivo para dar curso al resguardo militar de vías y carreteras en la Macrozona Sur. Esto, justo cuando la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) alerta que en cinco días agotará al abastecimiento de combustible para el sur del país, a propósito de los bloqueos en la refinería y el terminal marítimo del Biobío.

“Estamos preparando un proyecto que sea, eventualmente, sustitutivo a lo que ya está en trámite en la comisión mixta. Tiene características muy distintas al proyecto de infraestructura crítica presentado con anterioridad”, enfatizó.

Desde Interior, en privado, reconocen que convencer a las coaliciones de “revivir” este proyecto mediante una indicación será una tarea compleja y que implicará diálogos con las bancadas durante todo este fin de semana.

Desde Apruebo Dignidad, la jefa de bancada PC, Karol Cariola adelanta que un punto clave para el respaldo de la iniciativa es si las fuerzas militares en esta tarea específica estarán a cargo del control civil.

“Se nos ha anunciado que se va a buscar una alternativa que permita la protección de las carreteras, sabemos que hay que tomar medidas, que la inmovilidad no es una alternativa para el gobierno. Sin embargo, no conocemos el detalle de la propuesta todavía. Es muy importante los límites, los marcos de la acción militar y el poder civil porque el poder civil en esto es fundamental”, analiza.

En el Socialismo Democrático, el subjefe de la bancada PS, Tomás de Rementería advierte que ante el anuncio, ya hay posturas disímiles entre los diputados. “Estamos analizando el proyecto en la bancada y tenemos opiniones ya disímiles. Tenemos que buscar una fórmula que concilie las distintas visiones que hay sobre esta situación, que no signifique criminalizar una zona del país, sino que una reforma al rol de las FF.AA. de manera más permanente”, comenta.

Desde los senadores PS, José Miguel Insulza, es de los partidarios de dar curso a este proyecto lo antes posible. “A mí lo que me importa es que salga pronto, he sido partidario de tomar el proyecto que ya está en comisión mixta de infraestructura crítica (…) Si son tareas específicas que dependen del mando civil, yo estoy de acuerdo. Esto no es el Estado de Excepción con otro nombre”, concluye.

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