Los nudos que ha tenido que desatar el gobierno para ratificar la promesa de condonación del CAE

Fue en un intercambio durante el verano entre el Presidente Gabriel Boric, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que la definición gubernamental sobre qué hacer con la condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) tomó un rumbo más claro. Ahí se ratificaron dos elementos: un diseño que implica una gradualidad en la medida que favorezca a los sectores de menores ingresos -lo que ha impulsado el economista para que no haya perjuicios económicos- y también el deadline que se había autoimpuesto el Ejecutivo en 2023, cuando varios ministros aseguraron que la propuesta sería presentada antes de la próxima discusión presupuestaria.

En esas conversaciones Marcel convenció de que se podía avanzar en una propuesta sin necesariamente aprobar el nuevo pacto fiscal, ya que desde 2022 Boric había condicionado avanzar en la condonación a la aprobación de la reforma tributaria.

“Presentaremos el próximo año 2023, una vez aprobada la Reforma Tributaria, un Plan de Condonación de la Deuda Educativa de manera gradual y justa”, dijo en sus palabras en junio de 2022.

En las últimas semanas el Presidente ha concentrado su trabajo en el próximo discurso del 1 de junio, para la que ya circulan los primeros borradores. Quienes conocen de los ajustes a la tercera cuenta pública de Boric aseguran que ha puesto especial concentración en el apartado de educación, y en específico el que tiene relación con la condonación del CAE.

Y es que internamente, tanto en el Ejecutivo como en el Frente Amplio, se tiene más que asumido que la condonación del CAE es una de las promesas -incumplida hasta aquí- más emblemáticas del programa de gobierno. Por eso urge tanto dar luces concretas. Y porque al mismo tiempo avanzar simbólicamente es quizás si la bandera que más abraza un sector del oficialismo, en el entendido de que buena parte de esta administración -la más joven- salió de las movilizaciones estudiantiles, es visto como un deber.

Pero, además, puertas adentro la lectura es que La Moneda no se puede permitir otra postergación sobre este tema, que ya fue prometido para 2022, pero que luego se ha ido aplazando sistemáticamente.

Ahora, dicen en el gobierno, las cosas son distintas. O al menos se está en un mejor pie que años anteriores para plantarse con algo concreto. Hacerlo ahora, según comentan entendidos en la materia, dio el tiempo necesario para terminar de armar bien el proyecto de ley, pero, sobre todo, coincide con que hay “más condiciones políticas”, justifican las mismas fuentes, las que aseguran que se ha ido pulseando la disposición de la oposición. Es que antes la atención se la llevaban la ley corta de isapres, la reforma tributaria o incluso otra materia de educación relevante, como lo era la desmunicipalización escolar y la crisis de Atacama. “No daba para meterse con tanto tema grueso porque nos iba a botar la ola”, resumen en Palacio, donde reseñan que dados los emplazamientos y la frontera de tiempo autoimpuesta, el no dar claridad pública sobre el CAE “no aguanta otra discusión presupuestaria”.

Sin embargo, el gallito interno ha sido un tema no menor. Resumidamente, los planes de quienes quieren condonar fueron chocando una y otra vez, según comentan conocedores de las tratativas, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien fue explicando en más de una oportunidad que no hay recursos suficientes para condonar el CAE. O que al menos no era lo prioritario. Pese a esto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ha seguido adelante en la misión de afinar junto a sus equipos una propuesta, traducida en un proyecto de ley, para modernizar el financiamiento de la educación superior y aparejado a esto la condonación del crédito. Hay quienes dicen, de hecho, que el trabajo de Orellana ha sido “bien recibido” por el ministro Marcel.

Pero conocedores de ese trabajo advierten, en todo caso, que aun cuando hay temas listos y detallados, todavía quedan otros complicados por resolver, los que precisamente hay que trabajar con Hacienda, dado que son más de su incumbencia debido al volumen del dinero involucrado y que justamente tienen relación con lo financiero y contable como, por ejemplo, cómo se va a proceder con los bancos que han otorgado los créditos.

En el intertanto han existido diversas citas para intentar avanzar en lo central que se quiere: dar un anuncio concreto, al menos en cuanto a la fecha de presentación de la propuesta, la que según conocedores se haría como tope en cuatro meses más, algo que este miércoles reforzó el propio ministro Marcel en Radio Duna: “Hay un compromiso de hacer una propuesta en septiembre”, dijo escuetamente.

Más tarde, este miércoles, en una pauta junto a la ministra Camila Vallejo (PC), el ministro de Educación aseveró que “esta es una propuesta que no se ha abandonado”, y reforzó la idea de Marcel: “Vamos a presentar el proyecto antes del mes de septiembre y estamos trabajando técnicamente en el abordaje de la solución. Tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Hacienda hemos estado trabajando en el desarrollo de una propuesta. Tiene bastantes avances desde el punto de vista técnico y hay un horizonte temporal que ya fue establecido, que es el mes de septiembre como el horizonte máximo en el que vamos a presentar esta propuesta para el debate”, añadió, mientras que la titular Segegob también aseveró que “el tema del CAE se va a concretar antes de septiembre, en la presentación en detalle del proyecto”.

Diversas fuentes agregan que lo central en la cuenta pública será relevar la “necesaria” modernización del financiamiento de la educación superior, abordando el componente de condonación y los ejes del proyecto: autocontenido, progresivo y justo. En ese sentido, Cataldo señaló esta mañana que estos tres son los “principios con los cuales estamos construyendo la propuesta”. En las discusiones sobre la misma, además, se ha conversado que no sea universal, por ejemplo no incluyendo a quienes están al día y sí a quienes tienen problemas económicos.

Y aunque el deadline es septiembre, distintas voces del Ejecutivo plantean que se trabaja para intentar tener el proyecto al menos en agosto.

Para llegar a esto, eso sí, aun cuando la decisión final es del Mandatario, el propio Marcel ha tenido que ceder en su postura rígida inicial, más enfocada en el uso de los recursos. Y, así las cosas, una vez asumió Cataldo como ministro se dieron algunos intercambios menores con Hacienda y de mayor intensidad con la Dirección de Presupuestos (Dipres), pero que llegado el último trimestre de 2023 eso se pausó por la discusión del erario de la nación. Y que en ese camino se tuvo a un Marcel especialmente cuidadoso con cómo resolver los temas más gruesos y cuál era el mejor momento. “Nunca se ha puesto en duda si vamos a cumplir la promesa”, aseguran algunos, aun cuando el titular de Hacienda haya advertido en el pasado de lo complejo que es condonar y que hacerlo totalmente supera la capacidad presupuestaria, por lo que había que tener presente la realidad del país.

Ahora puertas adentro se ha reforzado que una posible condonación es uno de los pocos temas comprometidos que el gobierno no puede abandonar, ya que es parte del ADN de su proyecto político. Esa mirada es compartida por parlamentarios -algunos oficialistas-, quienes también presionan por prontas novedades.

“Es muy importante cumplir este compromiso de gobierno, que ha sido ratificado por el ministro Marcel en diversas ocasiones. Hay millones de familias esperando. Los créditos por estudiar son una política fracasada que ha generado abusos a las personas, un despilfarro de recursos del Estado y ha perjudicado a las instituciones de educación. Con el CAE solo ganan los bancos”, dice la diputada Emilia Schneider (Convergencia Social). Y agrega: “Espero que pronto tengamos novedades y el proyecto se ingrese cuanto antes para darles una buena noticia a las familias chilenas. Sin duda esperamos noticias de esto en la cuenta pública. Urge terminar con las deudas educativas y darle a la educación superior un nuevo mecanismo de financiamiento”.

En una línea similar, el diputado Juan Santana (PS) asegura que “a medida que las principales urgencias del periodo empiezan a mejorar, como son seguridad y economía, también es importante que algunas urgencias sociales que recogen sensibilidades postergadas empiecen a ser consideradas. El CAE, la deuda histórica de los profesores, la reforma previsional, el pacto tributario y la mejora de Fonasa deben concretarse. Se debe avanzar con un pie en el presente y otro en el futuro, y el anuncio del ministro Marcel va en esa línea”.

Mientras, la senadora Yasna Provoste (DC) señaló esta mañana que valoraba que Marcel haya reiterado que septiembre será el mes tope para enviar el proyecto, pero que le parece una fecha lejana. “Quienes están en el gobierno nacieron a la vida política con estas demandas en la calle y que dentro de su programa de gobierno fue parte de los compromisos que hicieron con la ciudadanía”, aseguró.

En el intertanto, los actores de este nudo intensifican las reuniones y tratativas. Y si es que, por ejemplo, hace un par de semanas el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), tuvo una cita con Presidencia por este tema, también ha habido instancias técnicas y políticas entre quienes están armando el proyecto de ley y sus posibles futuros interlocutores, mantiendo siempre, acorde a conocedores de las conversaciones, septiembre como horizonte, cosa de presentar e ingresar para su discusión la propuesta antes del inicio del próximo ejercicio presupuestario.

Como sea, lo cierto es que desde hace algunos días el tema ya lo tomó La Moneda, coordinando con las otras dos carteras involucradas, aunque también siendo una discusión en que el comité político y el Presidente se involucran directamente, incluso con citas y llamados personales con los ministros.