Un abogado externo y ocho integrantes del Ministerio Público medirán fuerzas para liderar la codiciada Fiscalía Oriente

Este jueves, a las 15 horas, los plenos de las cortes de Santiago y San Miguel se reunirán para escuchar a los nueve candidatos a ocupar el cargo que intempestivamente dejó hace unas semanas el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Los miembros del Poder Judicial elegirán una terna y de ahí el fiscal nacional, Jorge Abbott, deberá nominar a quien instruirá las investigaciones penales de esa zona por los próximos ocho años. Los últimos nombramientos han sido mujeres, en busca de un consejo paritario. ¿Se repetirá la fórmula?




Es la zona metropolitana donde se concentran los denominados delitos de cuello y corbata. Las investigaciones penales en este sector generan impacto y también el interés por tratarse del grupo de comunas en que se concentran los epicentros económicos del país y en el que viven las familias más acaudaladas de la capital. Por eso, la Fiscalía Oriente es considerada una de las reparticiones del Ministerio Público más “codiciadas”, y es por eso que la intempestiva renuncia de quien hasta el 31 de julio la lideró, el abogado Manuel Guerra, generó de inmediato un especial interés no sólo por fiscales y directivos del ente perseguidor penal, sino también -como pocas veces en los últimos años- de un foráneo a la institución.

Este jueves los plenos de las cortes de San Miguel y Santiago escucharán, vía telemática, a los aspirantes para luego conformar una terna. La última palabra la tendrá el fiscal nacional, Jorge Abbott, en una de sus últimas nominaciones, ya que a fines del próximo año expira su mandato. Algunos apuestan que de quedar una mujer esta será nombrada, ya que la máxima autoridad del Ministerio Público ha buscado en sus últimos nombramientos la paridad, teniendo en cuenta que en su actual consejo sólo hay cuatro mujeres, de los 21 fiscales regionales de todo el país. ¿Seguirá la tendencia?

La primera aspirante en inscribirse en el concurso, según quedó registrado en el acta del Poder Judicial, fue la directora ejecutiva de la Fiscalía Occidente, Rocío Berríos. Es considerada la mano derecha del actual jefe regional de esa zona, José Luis Pérez Calaf, y en el mundo judicial es considerada una buena abogada litigante en sede penal. No pocos ministros en los tribunales de alzada de Santiago y San Miguel ven con buenos ojos su postulación, principalmente por tratarse de una mujer joven que ha estado al otro lado, como defensora, siendo contradictora del Ministerio Público, y desde hace unos años está realizando carrera en esa institución.

El segundo en la papeleta fue una sorpresa. Se trata del penalista Francisco Cox, quien decidió dar el salto desde el mundo privado al público manifestando entonces su deseo por dirigir la Fiscalía Oriente. En el pasado integró la defensa del fallecido exsenador UDI Jovino Novoa en el denominado caso Penta. Es socio del expresidente del CDE Juan Ignacio Piña, y del abogado Matías Balmaceda. En el último tiempo cobró notoriedad por su rol internacional cuando fue nombrado por la CIDH, de la OEA, como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Luego de eso integró también la misión especial de investigación sobre Venezuela y es el único abogado que ha litigado ante la Corte Penal Internacional.

Quien aparece como sucesora natural y continuidad de lo obrado por Manuel Guerra es su más estrecha colaboradora, la fiscal jefa de Las Condes, Lorena Parra. De larga trayectoria en el Ministerio Público, es considerada una buena investigadora y también litigante. Fue quien llevó a juicio oral al sacerdote John O’Reilly, obteniendo una condena de cuatro años en su contra, y se ha especializado en perseguir delitos de índole sexual. En ese ámbito sufrió un revés judicial cuando el acusado del caso por el jardín Hijitus fue absuelto. Actualmente prepara el juicio oral por violación y abusos en contra del cineasta Nicolás López.

El jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quien investigó a Manuel José Ossandón y lleva las principales causas económicas de ese sector, también aspira a ser fiscal regional Oriente. En sus manos está la causa en que están en la mira del Ministerio Público los gastos por asignaciones parlamentarias de todo el Congreso y recientemente fue nombrado para liderar la investigación que afecta a Alejandro Gil, presidente del directorio de la Clínica Las Condes tras la denuncia por apropiación indebida de una tercera dosis contra el Covid-19. Fue quien reemplazó al fiscal Carlos Gajardo cuando éste renunció al Ministerio Público.

Quién también aparece en el listado es el actual fiscal jefe de Ñuñoa, Álvaro Pérez, quien ha liderado importantes casos en esa zona. Hace poco logró una condena de cinco años de presidio en contra del autor del incendio de la Universidad Pedro de Valdivia, hechos ocurridos en el marco del estallido social. Se ha especializado en el análisis criminal y también fue quien llevó ante la justicia a Sebastián Izquierdo, por los ataques en medio de manifestaciones por el Rechazo en Providencia.

También aparecen en la nómina el actual gerente de la División Estudios del Ministerio Publico, Rolando Melo, quien en el pasado fue director del Sename. El abogado cuenta con una vasta trayectoria y hace algunas semanas integró la terna desde donde se elegiría al próximo defensor nacional, sin embargo, el concurso luego fue declarado desierto y el profesional decidió entonces emprender la carrera por la Fiscalía Oriente. Es considerado uno de los hombres del círculo de confianza del actual fiscal nacional, Jorge Abbott.

Otra de las abogadas, también cercana al mandamás del Ministerio Público, es la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz. La profesional también se inscribió en el concurso con el propósito de suceder al fiscal Guerra. En los últimos años ha jugado un rol vital en la articulación de las causas que se tramitan por violaciones a los DD.HH. tras el estallido social. De hecho, la unidad que dirige asesora a los fiscales que actualmente indagan presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por los mandos de Carabineros y las autoridades políticas de la época, entre ellos, el Presidente Sebastián Piñera, quien se encuentra querellado.

Desde la Unidad de Recursos Procesales de la Fiscalía Nacional, destacado por litigar ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC), también aumenta la lista de postulación el abogado Hernán Ferrada Leiva.

Finalmente, el fiscal Patricio Pérez, de la Zona Metropolitana Sur, quien ha postulado otras veces a jefe regional, buscará una nueva oportunidad. El investigador, quien en el pasado fue carabinero, ha dedicado sus años en el Ministerio Público a especializarse en la investigación de homicidios, en un sector donde ese tipo de delitos se cometen a diario. En procesos anteriores ha contado con varios votos de los ministros de la corte.

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