Estudio CEP analiza las similitudes del anteproyecto con constituciones anteriores

¿Qué tan innovador es el anteproyecto de nueva Constitución de la Comisión Experta? Esa es una de las preguntas que los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) se hicieron respecto del texto que, durante tres meses, redactaron los 24 comisionados.

Para eso, el equipo interdisciplinario C22 del organismo se propuso analizar las continuidades y quiebres que tienen los principales textos de lo que ellos llaman el “siglo constitucional”. El punto de partida fue tomar los cuatro principales textos de ese periodo: la Constitución de 1925, el texto de 1980 que está vigente, la propuesta redactada por la Convención y el anteproyecto de la Comisión Experta.

Pese a que algunos académicos utilizan el concepto de “tradición constitucional”, el CEP prefiere emplear un concepto llamado “núcleo semántico constitucional”, el cual es definido como un grupo “recurrente de conceptos que tienen relaciones entre ellos” y que van definiendo una “arquitectura común”.

La principal conclusión del estudio realizado por los investigadores Aldo Mascareño y Juan Rozas es que el anteproyecto de los expertos se inserta dentro de este núcleo semántico con continuidades y rupturas. “La propuesta de la Comisión Experta retorna a lo que llamamos núcleo semántico constitucional chileno. Esto es, un conjunto de conceptos y de relaciones entre ellos que expresan expectativas normativas compartidas de la sociedad chilena sobre lo que debe ser el orden social”, afirma Mascareño.

El sociólogo explica que el estudio permite constatar que, a pesar de sus diversas cercanías con la Constitución vigente y de sus “oposiciones con la propuesta de la Convención”, el texto redactado por los comisionados “no es un símil de la primera ni una reacción a la segunda, sino que es un retorno al núcleo semántico constitucional que predomina en Chile desde hace al menos un siglo y desde el cual la Convención Constitucional se desplazó notoriamente”.

Esto, dice el investigador, no significa que el anteproyecto de nueva Constitución solo sea una continuidad y no represente ningún cambio. “La propuesta de la Comisión tiene elementos de continuidad con la Constitución vigente, como en lo referido al orden público económico, pero se diferencia de ella en aspectos sustantivos, como el reconocimiento indígena, la consideración de la biodiversidad y el Estado social y democrático de derecho, entre otros”, añade Mascareño.

Una forma cuantitativa para medir estas cercanías es la “distancia euclidiana”. Este método permite tener una medida de disimilitud entre dos elementos. Mientras más cercanos, significa que los textos se asemejan, y mientras más lejanos, más disímiles son los dos elementos en análisis. En la infografía se puede apreciar que la mayor cercanía del anteproyecto se da con la Constitución vigente.

Uno de los aspectos más destacados del anteproyecto son las normas que se vinculan el Estado social. Ese concepto, que partió como una idea abrazada exclusivamente por la izquierda, terminó siendo valorada también por la derecha. En una de sus conclusiones finales del estudio se aborda este punto: “El concepto de Estado social ya pertenecía al núcleo semántico constitucional a través de la Constitución de 1925. Lo que hace la Comisión Experta al reponerlo en el horizonte constitucional es actualizar una expectativa que existía potencialmente en el núcleo y que la Constitución de 1980 había ocultado”.

En otras palabras, dice Mascareño, “la idea de Estado social no es una innovación completa”, ya que “de alguna manera ya existía en la Constitución de 1925 a través de fórmulas como ‘el derecho a la seguridad social’, los ‘derechos sociales, económicos y culturales’ o la ‘función social de la propiedad’”.

¿Cuál sería la novedad entonces? “A la idea de desplegar derechos sociales, la Comisión agrega ciertos principios de contención, como la responsabilidad fiscal y la progresividad. Si esto va a incorporarse al núcleo semántico es ahora una cuestión del Consejo Constitucional y, finalmente, de la ciudadanía en la votación del 17 de diciembre”, concluye el sociólogo.