El acceso oportuno a los medicamentos no es un atributo accesorio del sistema de salud, sino uno de sus pilares fundamentales. Sin continuidad terapéutica, la cobertura sanitaria pierde eficacia y los tratamientos, incluso los más sofisticados, se vuelven insuficientes. Sin embargo, en los últimos años, diversos hospitales y centros de atención primaria han enfrentado reiterados episodios de falta de fármacos esenciales, impactando directamente a pacientes crónicos que dependen de ellos para sostener su calidad de vida.

En este contexto, resulta clave distinguir dos conceptos que suelen utilizarse indistintamente, pero que implican realidades distintas: el quiebre de stock y el desabastecimiento.

El quiebre de stock corresponde a una interrupción puntual y generalmente transitoria en la disponibilidad de un fármaco, ya sea por fallas logísticas, retrasos en la distribución o problemas administrativos.

El desabastecimiento, en cambio, supone una escasez prolongada y estructural, que responde a problemas más profundos en la cadena de suministro o en el financiamiento del sistema. Confundir ambos fenómenos no solo dificulta el diagnóstico, sino que también puede derivar en respuestas inadecuadas desde la política pública.

Esta problemática adquiere una dimensión aún más crítica si se considera la presión que enfrentan los hogares. En la última década, el gasto de bolsillo en fármacos en Chile ha crecido cerca de un 80% en términos reales, reflejando las brechas existentes en el acceso oportuno a terapias. Según la Encuesta Nacional de Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, los insumos farmacológicos representan alrededor del 30% del gasto de bolsillo en salud.

A su vez, el país destina cerca de un 29,7% de su gasto sanitario al financiamiento directo de los hogares, cifra significativamente superior al promedio de la OCDE, que bordea el 18%. Estos antecedentes no solo evidencian una mayor carga económica para las familias, sino también una percepción extendida de inseguridad respecto del acceso a tratamientos, lo que se refleja en que más del 70% de las personas estaría dispuesto a pagar un seguro adicional para mejorar su cobertura.

Si bien las explicaciones más frecuentes para la falta de fármacos apuntan a factores productivos —como discontinuidad en la fabricación, escasez de principios activos o problemas en cadenas logísticas globales—, en el caso del sistema público chileno emerge con fuerza un componente financiero que no puede ser soslayado.

Existen establecimientos de salud que han acumulado deudas con proveedores, lo que se traduce en restricciones comerciales y, en la práctica, en retrasos o suspensión del suministro.

Este punto resulta especialmente relevante considerando el rol de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST), que negocia gran parte de las compras públicas para lograr mejores precios. Sin embargo, la logística de distribución no siempre depende directamente de este organismo, sino de laboratorios o distribuidores adjudicados. Así, cuando existen problemas de pago por parte de los establecimientos, el efecto no es inmediato en la negociación, pero sí en la entrega efectiva de los insumos, generando una brecha entre lo adquirido y lo realmente disponible para los pacientes.

En consecuencia, la discusión no puede limitarse a la dicotomía entre gestión logística y oferta farmacéutica. El abastecimiento también es un problema de gobernanza financiera del sistema de salud. La fragmentación en la gestión presupuestaria, las rigideces administrativas y la acumulación de pasivos pueden terminar teniendo consecuencias clínicas concretas, trasladando el riesgo desde las instituciones hacia los pacientes.

Abordar este desafío requiere una mirada integral. Por un lado, es indispensable fortalecer los sistemas de planificación y monitoreo de stock, incorporando herramientas de gestión más sofisticadas que permitan anticipar quiebres y reducir la incertidumbre. Por otro, se hace necesario avanzar en mecanismos de pago más oportunos y transparentes, que otorguen mayor certeza a los proveedores y eviten interrupciones en el suministro.

Pero, sobre todo, es fundamental no perder de vista el propósito último del sistema: garantizar que ninguna persona vea interrumpido su tratamiento por fallas evitables. En un contexto donde la demanda por acceso a terapias seguirá creciendo —impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas—, asegurar la continuidad terapéutica no es solo un desafío técnico o financiero, sino también un imperativo ético y sanitario.