Un juez de Lima dictó un auto de enjuiciamiento contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por un delito de falsedad documental y ocultamiento de aportaciones financieras de su partido, Juntos Por el Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La orden del inicio de un juicio oral, emitida por el magistrado Adolfo Farfán, se concretó poco antes de que Sánchez se enfrente este domingo a la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en una estrecha segunda vuelta electoral por la presidencia peruana.

“Esta judicatura ha decidido proseguir, declarar infundadas las observaciones de las defensas técnicas y declarar la validez formal de la siguiente acusación”, afirmó el juez antes de dar a conocer su requerimiento luego de una audiencia virtual de dos días.

La Fiscalía solicita cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez por la presunta presentación de documentos falsos con respecto al estado financiero y movimientos de caja de su partido por los informes entregados a la ONPE en los meses de enero y julio de 2019, en los que no se recogen aportaciones económicas externas.

La investigación judicial busca esclarecer si los montos recibidos por la organización política fueron omitidos deliberadamente ante las autoridades de supervisión electoral.

El requerimiento penal fue planteado formalmente en enero de 2026 por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

El documento acusatorio del Ministerio Público demanda además una inhabilitación definitiva para que el acusado no pueda ejercer el cargo de presidente de su partido político.

La acusación penal sostiene que el investigado suscribió documentación que alteraba la realidad de los ingresos percibidos para la campaña de su organización.

Las sanciones requeridas por los representantes de la procuraduría incluyen restricciones civiles y políticas aplicables al ejercicio de funciones dentro de entidades de carácter público.

El monto total que no fue notificado ante la jefatura de la ONPE asciende a un aproximado de 204.000 soles (más de 53 millones de pesos chilenos). Según la Fiscalía, estos recursos financieros de procedencia privada ingresaron a la estructura del partido durante el periodo anual de 2019, pero se omitieron en las rendiciones de cuentas obligatorias del partido.

Aunque Sánchez hasta ahora no se ha pronunciado sobre la decisión judicial, en abril pasado se refirió al proceso en la red social X, argumentando que “durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente”.

De acuerdo a France 24, el político de izquierda alega que el caso en su contra había sido archivado en 2025 por un tribunal, ante la falta de pruebas en la acusación del presunto delito de fraude.