La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que Israel intensificó sus medidas para acelerar la anexión del Territorio Palestino Ocupado, con nuevas órdenes “ilegales” de confiscación de tierras en Cisjordania, incluyendo en el área administrada únicamente por la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

La ONG dio a conocer en un comunicado que el Ejército israelí firmó en julio al menos 15 órdenes de confiscación de tierras que abarcan aproximadamente 200 dunams (20 hectáreas) en las áreas A y C de la gobernación de Yenín, al norte de Cisjordania.

Esto con el objetivo de conectar los asentamientos de Emek Dotan y Noa, cuya creación fue aprobada por el actual Gobierno israelí a principios de este año.

“Estas últimas órdenes de confiscación del Área A muestran cómo Israel ahora está ampliando descaradamente su agenda de anexión a áreas que han estado bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo”, apuntó la directora regional para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía, Heba Morayef.

Además instó a los países que tengan “estrechas relaciones comerciales y políticas” con Jerusalén a tomar “medidas urgentes para presionar a Israel a que rescinda estas órdenes”.

“Cualquier estado que preste asistencia a la expansión de los asentamientos ilegales de Israel u otros crímenes de guerra corre el riesgo de ser cómplice en crímenes internacionales contra los palestinos”, advirtió.

De la misma forma, Morayef apuntó que la construcción de nuevas carreteras para conectar los asentamientos “divide la gobernación de Yenín en zonas “aisladas”, lo que “socava la integridad geográfica y económica” del territorio palestino y daña a las comunidades, “fragmentándolas aún más y restringiendo su libertad de movimiento”.

“Junto con el traslado por la fuerza y la limpieza étnica de los palestinos en el Área C, estas medidas ilustran en la práctica la determinación de las autoridades israelíes de intensificar su anexión formal de tierras palestinas por toda Cisjordania”, argumentó.

Según la ONG Peace Now, es la primera vez desde los Acuerdos de Oslo que se han emitido órdenes en el Área A que benefician a los colonos y no por cuestiones de seguridad.

Amnistía también recordó que, en mayo de 2026, el Ejército israelí confiscó tierras privadas dentro de la ciudad de Yenín con el propósito de establecer una base militar, mientras que siguen en pie los planes de expansión de la zona E1, situada al este de Jerusalén.

Con respecto al proyecto para conectar los asentamientos de Emek Dotan y Noa, la oficina del gobernador de Yenín advertió de la ejecución de dichas órdenes -un plan que separará a la ciudad de otras gobernaciones palestinas, como Tulkarem, Tubas y Nablús- ya comenzó, lo que podría tener “repercusiones económicas negativas para cientos de familias” que dependen de tierras agrícolas y olivares, justo cuando se acerca la temporada de cosecha de aceitunas.

En concreto, los terrenos confiscados son en su mayoría de propiedad privada de los residentes de las aldeas de Qabatiya, Arraba, Mirka, Misilya, Jirba y Al Yamun. La mayoría de ellos se encuentran a lo largo de la carretera 60, que cruza del norte al sur de Cisjordania, detallado AI.

El 29 de julio de 2026, el Consejo Supremo de Planificación de la Administración Civil de Israel aprobó un plan para la expansión de la citada carretera, que facilita el movimiento de colonos a través de Cisjordania y es utilizada para bloquear el acceso a pueblos palestinos mediante puertas metálicas, puestos de control y barreras.

De hecho, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó el pasado abril que registró un total de 925 obstáculos que dificultan la libertad de movimiento de alrededor de 3,4 millones de palestinos en Cisjordania.

Amnistía también reveló que el Ejército de Israel dictó otras órdenes de confiscación de tierras para la expansión de la infraestructura y las carreteras de los colonos en otras partes de Cisjordania, incluyendo en Qusra, en la gobernación de Nablús, y Kufr Ni mé, en la gobernación de Ramala.

“Al confiscar tierras palestinas para expandir sus asentamientos ilegales, las autoridades israelíes están intensificando violaciones de larga duración del Derecho Internacional y afianzando aún más un sistema de desposesión y opresión”, sentenció Morayef.

Para luego reiterar que la “comunidad internacional debe ir más allá de la retórica” y tomar “medidas concretas”, como “suspender la cooperación que contribuye a estas violaciones, condicionar proyectos económicos con Israel al retiro de estas órdenes y asegurar que las empresas no apoyen proyectos vinculados a los asentamientos”.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Ejecutivo israelí hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El Área C es el más grande de los tres sectores administrativos en los que quedó dividida Cisjordania a raíz de los Acuerdos de Oslo, que tenían carácter temporal y que no llegaron a ser aplicados.

Esta zona está administrada por Israel, mientras que el Área B está bajo control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina y control militar israelí. Asimismo, el Área A es administrada en exclusiva por la ANP.