Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Tennessee este viernes conmutar la pena de muerte de Christa Pike, la mujer condenada a muerte en 1996 por asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1995 -cuando tenía 18 años-, tras ser hospitalizada por recibir dos inyecciones letales, asegurando que es una “muestra de extrema crueldad” y “castigo cruel e inhumano” y exigiendo la “abolición de la pena de muerte en Estados Unidos y el resto del mundo”.

El subdirector de investigación de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Justin Mazzola, ha afirmado en un comunicado de prensa que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, “no ha querido” parar la ejecución y ha criticado la actuación de las autoridades que se apresuraron a llevarla a cabo, después de que el Tribunal Supremo anulara la suspensión temporal para revisar los abusos que habría sufrido Pike en la infancia.

Según recoge el comunicado de la organización no gubernamental, esta es la segunda vez en menos de cinco meses que Tennessee ha llevado a cabo una ejecución de manera fallida, Tony Carruthers vivió una situación similar en mayo, cuando el personal médico no logró establecer un acceso intravenoso durante más de una hora.

Así, Tennessee lleva un “largo historial de ejecuciones malogradas” que ejemplifica por qué la pena de muerte debe “abolirse de inmediato”, ha denunciado la ONG. El sistema de la pena de muerte está “irremediablemente roto” y ningún gobierno debería tener la “facultad de aplicarla”, ha asegurado Amnistía.

El comunicado concluye exigiendo una “moratoria indefinida para todas las ejecuciones”, alegando que no es “suficiente” la decisión del gobernador Lee de suspender las ejecuciones “durante unos meses”. El propio Lee ha ordenado una revisión exhaustiva por parte de terceros para determinar que sucedió y ha anunciado que el paro de la otra ejecución de este año, mientras se realizan las pesquisas en torno a estos procedimientos.

El abogado defensor federal Luke Ihnen, integrante del equipo legal de Pike, declaró este jueves a la cadena local de Nashville (Tennessee) WSMV que la condenada sigue con vida tras habérsele administrado dos inyecciones letales, agregando que la defensa ha decidido presentar una moción de urgencia para suspender la ejecución, en una nueva fase del complejo proceso legal que la ha envuelto.

“El estado de Tennessee ha vuelto a fracasar en la ejecución de una pena capital legal”, ha criticado en un comunicado el equipo legal de Pike, que ha señalado que “las preocupaciones expresadas” por su clienta “han resultado ser ciertas”, enumerando una “dificultad para acceder a las venas, venas que han colapsado o se han roto, pentobarbital degradado y ausencia de atención médica de emergencia cuando las cosas inevitablemente salen mal; todo ello bajo un protocolo que permanece envuelto en el secreto”.