El Estado de bienestar británico se encuentra en un momento crítico: los altos costos, sumados a las fallas del sistema, los abusos de algunas personas, tienen al país contra las cuerdas, debido a su financiamiento.

Su gasto se ha disparado debido al envejecimiento de la población, las mayores necesidades de defensa, la costosa transición a las energías renovables y el creciente gasto en asistencia social e intereses de la deuda. Sin embargo, sus ingresos se mantienen prácticamente estancados, con un débil crecimiento económico.

En toda la Unión Europea, el gasto público en bienestar social ha crecido de forma constante, pasando de apenas el 10% de la producción económica a principios de la década de 1960 a un promedio del 27% en la actualidad, en comparación con aproximadamente el 21% en Estados Unidos.

“El Estado de bienestar fue diseñado por William Beveridge, un liberal cuyo informe fue encargado bajo un primer ministro conservador e implementado por el Partido Laborista. Este tema siempre ha sido recurrente en la política de Westminster. El Estado de bienestar es, ante todo, un pacto entre el gobierno y la nación, y ese pacto necesita urgentemente renovarse”, escribió el columnista de The Times, Fraser Nelson.

El gobierno británico gastó 329.100 millones de libras esterlinas en prestaciones sociales durante el ejercicio fiscal 2025-26, lo que equivale al 10,7% del PIB y a unas 4.700 libras esterlinas por persona en Gran Bretaña. Esta cifra representa aproximadamente una cuarta parte del gasto público total y supera con creces los totales destinados al Servicio Nacional de Salud (unos 257.000 millones de libras esterlinas), a educación (unos 126.000 millones de libras esterlinas) y defensa (unos 62.000 millones de libras esterlinas).

El gasto en asistencia social aumentó en aproximadamente 18.800 millones de libras esterlinas durante el último ejercicio fiscal y se prevé que para 2030-31 alcance los 408.600 millones de libras esterlinas. Este aumento proyectado está impulsando las peticiones de todo el espectro político para que se controle el gasto en asistencia social, en particular en prestaciones por discapacidad e incapacidad; muchos también argumentan que el aumento del gasto en pensiones es insostenible.

El portal The Week sostuvo que a menudo se habla de un aumento descontrolado del gasto total, pero este se ha mantenido bastante estable como proporción de la renta nacional de Reino Unido. El gasto en asistencia social ascendió a poco menos del 11% del PIB en el último ejercicio fiscal, un aumento con respecto al 10,4% de 1996-97, pero inferior al máximo del 12,4% alcanzado en 2009-10. De hecho, las prestaciones totales para personas que no son pensionistas se han mantenido entre el 4% y el 5% durante más de 40 años.

The Week indicó que una de las razones de estos altos costos es por las pensiones. Desde que el gobierno de coalición introdujo la “triple garantía” en 2011, las pensiones tienen garantizado un aumento según el mayor de los siguientes indicadores: la inflación, el crecimiento salarial promedio o el 2,5%. Esto ha provocado fuertes alzas en las pensiones estatales en los últimos años, cuando la inflación y el crecimiento salarial han sido elevados (las pensiones aumentaron un 10,1% en 2023, un 8,5% en 2024, un 4,1% en 2025 y un 4,8% en 2026).

Más de 24 millones de personas solicitaron algún tipo de prestación del Departamento de Trabajo y Pensiones en agosto del año pasado. De ellas, 13,4 millones eran pensionistas. Aproximadamente el 55% del presupuesto total de asistencia social se destina a los pensionistas.

A ello se suma que las prestaciones también están aumentando porque cada vez más personas solicitan subsidios por discapacidad e incapacidad. En 2010, Gran Bretaña gastó unos 45.000 millones de libras en dichas prestaciones y para 2025, esta cifra había ascendido a 77.000 millones de libras.

Unos siete millones de personas -más del 10 % de la población- reciben actualmente al menos una prestación por enfermedad o discapacidad. El aumento es más rápido entre la población en edad laboral, que debería ser el motor de la economía del país, con un incremento superior al 60% en los últimos seis años, pasando de 2,9 millones en 2019 a 4,7 millones, sostuvo The Wall Street Journal.

Sin incluir la salud, el país gastará este año más de 100.000 millones de libras en todo tipo de prestaciones sociales para enfermos y discapacitados, aproximadamente un tercio más que el gasto en defensa. El gasto se ha disparado un 25% en tan solo cuatro años y, según las previsiones fiscales del gobierno, alcanzará los 130.000 millones de libras en los próximos cuatro.

Abusos al sistema

Esta situación también ha generado abusos al sistema. Es el caso de Catherine Wieland, citada por el diario The Wall Street Journal, quien ingresó en las listas de beneficiarios de la asistencia social británica en 2021. “Con un historial de traumas emocionales, sentía demasiada ansiedad como para salir a la calle o realizar tareas sencillas como asearse”, declaró la mujer al gobierno.

Pronto empezó a recibir unas 700 libras esterlinas, o 1.000 dólares, al mes en concepto de prestaciones por discapacidad.

Gracias a un programa subvencionado por los contribuyentes para personas con discapacidad, Wieland pagó un pequeño depósito para usar gratis un BMW, que utilizaba para ir con frecuencia a la peluquería, cenar en restaurantes, asistir a un desfile del orgullo gay en Brighton y visitar un parque de atracciones. Según los informes judiciales de su condena por fraude, también viajó a Cancún, México, donde publicó fotos suyas haciendo tirolesa y conduciendo una cuatrimoto, indicó el periódico.

El Journal indicó que muchas de las solicitudes de prestaciones por discapacidad más recientes se deben a problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), que pueden ser más difíciles de verificar para el gobierno que una discapacidad física. Entre 2017 y 2025, las solicitudes de prestaciones por discapacidad relacionadas con el cáncer se duplicaron. Sin embargo, las solicitudes de prestaciones por cualquier problema psiquiátrico se cuadruplicaron.

Una de las prestaciones, creada para ayudar a las personas con discapacidad a tener mayor movilidad, permite renunciar a parte de la ayuda económica que reciben a cambio de un contrato de arriendo de un auto nuevo cada tres años. Actualmente, representa aproximadamente una de cada siete ventas de los vehículos nuevos en Reino Unido. Entre quienes recibieron autos nuevos el año pasado se encontraban 40 personas con epicondilitis (codo de tenista), 50 con intolerancia al trigo y 320 con dislexia, según cifras del gobierno, citadas por el diario.

Triple garantía

En un intento de contrarrestar el auge del populismo de derecha, a fines de septiembre durante la conferencia del Partido Laborista en Liverpool, el primer ministro británico, Andy Burnham, apostó a una expansión masiva del Estado de bienestar británico para proporcionar atención gratuita a las personas mayores.

Recurriendo a su experiencia personal como abuelo y padre que sufrieron las consecuencias de los servicios de atención a la tercera edad saturados, prometió establecer un “Servicio Nacional de Atención” universal y gratuito, similar al Servicio Nacional de Salud británico (NHS).

Para financiar sus ambiciones en materia de residencias para la tercera edad, Burnham anunció planes para reformar la “triple garantía” de aumentos de las pensiones estatales de Reino Unido, un asunto que se ha vuelto demasiado delicado políticamente como para modificarlo.

Burnham quiere limitar las alzas vinculando los aumentos futuros a una “doble garantía” de al menos la tasa de inflación o el 2,5% a partir de 2030. Actualmente, los pensionistas reciben un máximo de 240 libras esterlinas (930 dólares) por semana.

Sin embargo, los expertos estiman que la atención universal a las personas mayores costaría alrededor de 18.000 millones de libras al año y que los ahorros futuros derivados de la contención de las alzas de las pensiones no cubrirán el costo total.

The Wall Street Journal indicó que el gobierno ha subido los impuestos y se ha endeudado desmesuradamente, pidiendo prestado un billón de libras esterlinas adicionales desde la pandemia, para poder costear el Estado de bienestar.

El aumento del gasto en asistencia social “claramente no es sostenible en ningún sentido”, dijo al diario David Coombs, director de inversiones multiactivos de la gestora de fondos británica Rathbones. “Es, sin duda, el gran problema del momento, y los mercados de bonos lo reflejan”.

Los costos de endeudamiento de los bonos británicos a 10 años han subido del 4,5% al 5,5% a principios de año, lo que supone un gasto adicional de varios miles de millones de libras para el país. Reino Unido está pagando más por su deuda que Francia o países históricamente en crisis como Grecia.