Evo Morales denuncia un supuesto plan de EE.UU. y del gobierno boliviano para detenerlo o matarlo
El expresidente de Bolivia señaló que miembros de inteligencia del Ejército y agentes antidroga estadounidenses habrían preparado un operativo para capturarlo entre el viernes y el sábado.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este viernes la existencia de un supuesto operativo impulsado por Estados Unidos y apoyado por el Ejecutivo del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, para arrestarlo o incluso acabar con su vida, en medio de la creciente tensión política y social que atraviesa el país.
“EE.UU. ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme”, afirmó Morales en un mensaje publicado en en redes sociales, donde además acusó a autoridades bolivianas y estadounidenses de promover una campaña de “difamación, insultos y acusaciones sin pruebas” en su contra.
El exmandatario señaló entre los presuntos impulsores de esta operación al exministro de Gobierno Carlos Sánchez y al viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, asegurando, además, que efectivos militares y agentes extranjeros se encuentran desplegados en la región del Trópico de Cochabamba.
De la misma forma, Morales señaló que miembros de Inteligencia del Ejército y agentes antidroga estadounidenses habrían preparado un operativo para capturarlo entre el viernes y el sábado.
“Yo digo que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten”, declarado el exmandatario durante su programa de radio, según consignó la prensa boliviana.
El líder indígena rechazó también las acusaciones del Ejecutivo que lo vinculan con protestas violentas y con presuntos nexos con el narcotráfico, y aseveró que el Gobierno busca justificar una militarización de las zonas donde mantiene respaldo político.
Actualmente, sobre Morales pesa una orden de aprehensión por un caso relacionado con trata de personas con agravante. Por esta causa, la Fiscalía de Bolivia confirmó el martes que solicitará una pena de 20 años de cárcel para el expresidente, en el marco del proceso judicial por la relación que mantuvo con una entonces menor de edad durante el final de su mandato.
El exjefe de Estado sudamericano, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare -en pleno Trópico de Cochabamba-, bien custodiado por sus seguidores, no acudió a ninguna de las citaciones de las autoridades, acusándolas, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado un caso en su contra.
Paz advierte de acciones judiciales contra quienes “destruyan la democracia”
Las declaraciones de Morales se producen después de que el gobierno de Paz endureciera su discurso frente al expresidente y los sectores movilizados en las últimas semanas.
En esta línea, el mandatario actual apuntó este viernes que quienes intenten “destrozar la democracia” deberán responder ante la justicia.
“Esos que intentan desde el pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, expresó durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según informó el diario boliviano El Mundo.
El mandatario aseguró además que Bolivia atraviesa un proceso democrático “irreversible”. “Le guste o no le guste al que quiera desmontar o destruir a la patria democrática”, añadió.
En paralelo, el Ejecutivo intensificó sus acusaciones contra Morales y el denominado “evismo”. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, atribuyó las protestas y bloqueos registrados en el país a “un plan macabro” financiado por el narcotráfico y orientado a desestabilizar las instituciones democráticas, de acuerdo con la Agencia Boliviana de Información (ABI).
“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, insistió Gálvez, quien además responsabilizó además a Morales de las muertes registradas durante las movilizaciones y advirtió que quienes “conspiren contra la democracia” deberán afrontar consecuencias judiciales.
En Bolivia, las protestas y bloqueos continúan afectando a distintas regiones del país en un escenario de creciente polarización política, marcado por la crisis económica, la escasez de combustible y las disputas internas dentro del oficialismo boliviano.
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